Ya lista para su pronta promulgación, la Ley Fintech -que, en realidad, tiene un sentido más amplio pues promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros- apunta a cumplir con el compromiso por más competencia, inclusión e innovación en el sector financiero.
Como Asociación de Empresas de Servicios Financieros A.G. (EFA), no podemos estar más a favor de ello. De hecho, es algo por lo que venimos trabajando desde nuestros inicios en 2003: generar las condiciones para que las PYME accedan a financiamiento para partir, mantenerse y crecer. Respaldamos, por lo tanto, toda iniciativa que promueva la inclusión financiera y que facilite la competitividad en igualdad de condiciones para que la PYME escoja su mejor opción. Sin embargo, mantenemos nuestras preocupaciones en torno a tres áreas que rodean la pronta promulgación de esta Ley.
En primer lugar, si bien ésta apunta a normar la forma en que las empresas de la industria financiera compartirán información a través de la innovación y tecnología (de ahí la reducción a fintech), nos preocupa que esto se haga sin avanzar sobre dos pilares fundamentales y que siguen pendientes: el manejo de privacidad de datos y un marco e institucionalidad en materias de ciberseguridad.
En segundo lugar, esta Ley contempla que se avance mediante normativas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las que entrarán en vigencia en un plazo de 18 meses. Para crear este cuerpo normativo, la CMF cuenta con un presupuesto de US$ 200.000 / año y con cerca de 20-23 profesionales adicionales a incorporar. Tanto los timings como los recursos son extremadamente bajos, tomando en consideración la experiencia comparada (ej. Australia, UK, India y Brasil), en donde éstos se han debido extender, estableciendo mesas de trabajo público-privadas que apunten a establecer un governance más acorde con la realidad de cada nación.
Por último, en tercer lugar, existe una gran cantidad de empresas de servicios financieros tradicionales, que han innovado e incorporado avanzada tecnología en sus procesos internos y de cara a los clientes, y que han debido cumplir con diferentes normativas para establecerse. Creemos que, para que realmente la inclusión financiera sea posible en igualdad de condiciones, todos los actores del sector financiero -independientemente de su nivel de tecnologización- deben estar sometidos a un compliance básico que contemple protección, resguardo y tratamiento de datos, junto con el cumplimiento de los estándares de lavados de activos y financiamiento al terrorismo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Es imperativo que los avances que se logren en materia de perfeccionamiento de la industria financiera busquen proteger la transparencia, confianza y correcto funcionamiento del ecosistema financiero nacional por el que muchos actores hemos venido trabajando desde hace décadas.
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