La forma en que el Servicio de Salud Antofagasta (SSA) pactó contratos de mantenimiento, seguridad y arriendo de ambulancias quedó bajo la lupa de la Contraloría Regional, luego de una investigación que revisó compras públicas realizadas entre enero de 2023 y diciembre de 2025.
El Informe Final de Investigación Especial N° 139 examinó 14 licitaciones públicas, 27 tratos directos y 57 órdenes de compra. En total, el universo fiscalizado alcanzó los $ 7.397 millones e incluyó prestaciones odontológicas, arriendo de ambulancias, trabajos de mantenimiento y servicios de seguridad.
Uno de los principales hallazgos apunta a contrataciones efectuadas mediante trato directo por servicios de mantenimiento. Según la Contraloría, durante 2023 y 2024 se realizaron 24 operaciones bajo esta modalidad con 16 proveedores, por un monto total de $ 949.094.431.
El organismo cuestionó 11 de esas contrataciones, debido a que no encontró antecedentes suficientes que demostraran por qué era indispensable escoger directamente a determinados proveedores, en lugar de realizar procesos competitivos. La Contraloría sostuvo que en esos casos “no consta el respaldo que acredite la concurrencia efectiva de las causales invocadas”.
En sus descargos, el Servicio de Salud señaló que las justificaciones estaban incorporadas en los términos de referencia y que para escoger a las empresas se habían considerado factores como su desempeño anterior, experiencia específica y la existencia de prestaciones difíciles de replicar por otros proveedores.
La institución agregó que actualmente ya no necesitaría recurrir a tratos directos para estos trabajos, tras adjudicar una licitación pública destinada a los servicios de mantenimiento.
Contraloría mantuvo la observación. A su juicio, aunque los documentos entregados describían de manera general las razones de las contrataciones, no explicaban suficientemente por qué se eligió a cada proveedor. También ordenó incorporar esta materia al procedimiento disciplinario que deberá instruir el servicio.
Operación sin autorización
La fiscalización también se concentró en los contratos suscritos con Segmun SpA, empresa que prestó servicios de vigilancia en dependencias y obras paralizadas del Servicio de Salud Antofagasta.
Durante 2023, el organismo contrató directamente a la firma para resguardar obras paralizadas por $ 134.217.759. La decisión se fundamentó en la experiencia previa y la conformidad con el proveedor, pero Contraloría concluyó que no se acreditaron razones suficientes para recurrir a esa modalidad excepcional ni que no existieran otras empresas disponibles.
La revisión detectó, además, que Segmun comenzó a prestar servicios para el SSA en junio de 2022, pese a que obtuvo la autorización de Carabineros para desarrollar actividades de seguridad privada recién en mayo de 2024. La empresa operó durante 692 días sin contar con ese permiso.
El Servicio de Salud respondió que la firma estaba habilitada para desarrollar servicios de recursos humanos y seguridad. También presentó solicitudes ingresadas por la empresa ante Carabineros en noviembre de 2023 y enero de 2024. Los antecedentes no permitieron levantar la observación, ya que la presentación de las solicitudes no demostraba que la autorización estuviera vigente durante el periodo cuestionado.
Multas no cobradas
Otro de los principales resultados se relaciona con los trabajadores asignados a los contratos de seguridad. Contraloría constató que 31 personas prestaron servicios sin contar con la certificación O.S.10 vigente de Carabineros. Pese a que los contratos establecían sanciones por mantener personal sin esa acreditación, el Servicio de Salud no aplicó las multas correspondientes durante 2023 y 2024.
El organismo calculó que las sanciones no cursadas sumaron 504 UTM, equivalentes a $ 35.224.056 a marzo de 2026.
La Contraloría anunció que formulará un reparo por ese monto, procedimiento que busca determinar la responsabilidad por el perjuicio causado al patrimonio público y obtener la restitución de los recursos.
La investigación encontró además dos casos en que trabajadores presentaron certificados O.S.10, pero no figuraban en el sistema institucional de Carabineros como personas que hubieran realizado el curso correspondiente.
Los antecedentes fueron remitidos a la Segunda Zona de Carabineros de Antofagasta para que sean revisados dentro de sus competencias.
Contratos de ambulancias
La fiscalización también examinó dos licitaciones públicas adjudicadas a Ambulancias Monumental SpA, las que originaron ocho órdenes de compra por un total de $ 1.270.123.890.
Contraloría aclaró que las operaciones con esta empresa no fueron realizadas mediante trato directo, como sostenía la denuncia original, sino a través de procesos licitatorios.
Sin embargo, el organismo observó renovaciones, ampliaciones y aumentos de monto que, en algunos casos, alcanzaron el límite de 30% permitido en las bases. También se autorizaron extensiones por periodos significativos.
El SSA justificó esas modificaciones apelando a las necesidades operativas y a la disponibilidad presupuestaria. Para Contraloría, esos argumentos fueron planteados de manera general y sin antecedentes objetivos que demostraran por qué era necesario ampliar los contratos.
La misma situación fue detectada en modificaciones efectuadas a contratos de seguridad con Segmun SpA. Por estos hechos, el SSA deberá iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
La revisión también detectó que Ambulancias Monumental fue contratada para el arriendo de vehículos de emergencia antes de incorporar ante el Servicio de Impuestos Internos el giro específico relacionado con esa actividad.
La empresa añadió el rubro de alquiler de vehículos automotores sin chofer el 4 de agosto de 2023, 42 días después de la primera contratación del servicio de ambulancias.
El Servicio de Salud argumentó que la firma ya contaba con una actividad vinculada al transporte terrestre de pasajeros. Contraloría mantuvo la observación y ordenó que, en futuros procesos, se verifique que los proveedores tengan una actividad económica pertinente al servicio contratado.
Fallas presupuestarias y de control
El informe también identificó procesos que no contaban con certificados formales de disponibilidad presupuestaria.
El SSA utilizaba una solicitud interna de compra para acreditar la existencia de recursos. Contraloría determinó que ese documento no reemplazaba al certificado presupuestario, debido a que no identificaba claramente al responsable de asegurar que los fondos estuvieran disponibles.
La institución informó que desde marzo de 2026 implementó un nuevo formato para cumplir con esta exigencia. La medida tendrá efecto en futuras compras, por lo que las observaciones sobre los procesos ya ejecutados fueron mantenidas.
En una licitación de prestaciones odontológicas, el servicio tampoco exigió una garantía de fiel cumplimiento para la segunda extensión de un contrato, pese a que las bases obligaban al proveedor a mantenerla vigente durante las prórrogas.
El servicio reconoció que hubo una confusión en la tramitación e informó que aprobó un procedimiento para reforzar el control de las boletas de garantía. Contraloría señaló que la nueva medida no corregía el incumplimiento ya ocurrido.
El organismo descartó otras acusaciones incluidas en la denuncia, entre ellas supuestas bases elaboradas para favorecer a proveedores odontológicos, eventuales conflictos de interés y cuestionamientos a la adjudicación de una licitación de mantenimiento.
La entidad de salud ahora deberá remitir una copia del acto que ordene el procedimiento disciplinario y, una vez finalizado, enviar la resolución correspondiente a la Contraloría Regional para su control previo de legalidad. También tendrá que reportar el avance de las medidas comprometidas mediante el sistema de seguimiento del organismo fiscalizador.
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