"Hoy el contrato es inexplotable en las condiciones en que está". Así describe el gerente general de Perera y Contreras, la empresa a cargo de la operación de los parquímetros en Coyhaique, la crisis que atraviesa la concesión. La operadora interpuso una demanda contra el municipio por $ 800 millones en indemnizaciones, acusando que la licitación empuja a los privados a un fracaso seguro debido a la nula fiscalización y la alta evasión de los automovilistas en la capital de Aysén.
El conflicto estalló luego de que el concejal Sebastián Vera solicitara en el Concejo Municipal el término anticipado del contrato. El representante acusó a la concesionaria de incumplimientos graves y sistemáticos, argumentando que la Dirección de Tránsito ha cursado cuatro multas que suman 85 UTM (cerca de $ 6 millones).
Además, Vera denunció que la empresa opera con solo 48 trabajadores frente a los 65 exigidos por contrato, y cuestionó duramente las condiciones de higiene y seguridad del personal.
Desde la empresa rechazan las acusaciones. En conversación con DF Regiones, el gerente, Santiago Perera, defiende su gestión, respaldándose en el éxito de sus operaciones en comunas como Punta Arenas, donde atienden a 140 mil usuarios mensuales sin observaciones. "Nuestra empresa no tiene deudas ni de sueldos ni de cotizaciones", recalca el ejecutivo, quien además desmiente los problemas de infraestructura asegurando que mantienen más de 23 convenios de baños con locales comerciales del centro para sus operarios.
Para la concesionaria, el municipio busca trasladar la responsabilidad de una crisis histórica. El ejecutivo argumenta que en Coyhaique tradicionalmente "paga el que quiere", y que la inviabilidad del modelo es un hecho empírico puesto que empresas como Consorcio Valparaíso desistió antes de firmar, Ayma Ltda. abandonó a mitad de camino y, ahora, Perera y Contreras recurre a los tribunales.
La crisis en la calle
Más allá de los oficios y las multas, el conflicto tiene otro rostro en la calle. Son 25 los operarios que hoy viven con la preocupación de perder su principal fuente de sustento si se caduca el contrato.
Lejos de secundar las críticas del concejal Vera sobre presuntos abusos laborales, los propios trabajadores han salido en defensa de la empresa. Los operarios fueron categóricos al afirmar ante las autoridades municipales que la compañía les ha facilitado todos los implementos necesarios para su labor.
Por su parte, Angélica Ñancul, presidenta del comité paritario, apuntó que el verdadero flagelo que enfrentan a diario en las calles son los conductores morosos. "Nosotros como parquímetros no podemos andar corriendo detrás de los autos para cobrarles", advirtió la dirigenta, graficando la impotencia del personal frente a automovilistas que acumulan deudas millonarias y simplemente se niegan a pagar.
Multas históricas
Ante la presión pública, la administración del alcalde Carlos Gatica ha debido tomar un rol más proactivo frente a la evasión. Si bien el director de Tránsito, Nicolás Opazo, confirmó que seguirán fiscalizando a la empresa, la cual solo habría pagado la primera de las cuatro multas cursadas, el municipio inició un plan de acción conjunto con los trabajadores para perseguir a los morosos.
Los efectos de esta estrategia ya se hicieron notar en las calles de la ciudad austral. Personal de Seguridad Comunitaria cursó la primera citación al Juzgado de Policía Local a un conductor que acumulaba una deuda de $ 1.500.000 por concepto de parquímetros impagos. Actualmente, el municipio está cruzando los datos entregados por el comité paritario para sancionar a todos los vehículos que registren deudas superiores a $100 mil.
Mientras las infracciones a los conductores intentan poner orden en las calles, el futuro administrativo de la concesión pende de un hilo. "Para avanzar, el municipio debe reconocer que su modelo de parquímetros fracasó", sentencia Perera, advirtiendo que llegarán hasta las últimas instancias legales.
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