Las empresas pesqueras del Grupo Friosur, demandaron al Fisco por US$ 46.600 millones, por los perjuicios ocasionados tras la implementación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero. La acción judicial, interpuesta y admitida a trámite por el 11° Juzgado Civil de Santiago, acusa un severo daño patrimonial producto de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.752, que modificó anticipadamente las cuotas de captura pesquera.
La demanda representa a Pesquera Friosur SpA, Pesquera Grimar S.A., Pesquera Sur Austral S.A. y Friosur Alimentos del Mar S.A, todas integrantes del holding de la Región de Aysén.
El acción legal detalla que el grupo estructuró su modelo de negocios, financiamiento y operación a largo plazo confiando en la estabilidad que garantizaba la Ley N° 20.657. Sin embargo, la nueva legislación (Ley de Fraccionamiento) redefinió la participación industrial y artesanal de forma anticipada.
El abogado patrocinante de las empresas, Francisco Zúñiga, del estudio Zúñiga Angulo Abogados, explicó que la modificación legal produjo un impacto económico directo y cuantificable en un grupo determinado de actores. "La presente demanda se funda precisamente en esta circunstancia: la modificación anticipada -y que lesiona derechos legítimos- del fraccionamiento pesquero, ha impuesto a las actoras (sic) un sacrificio patrimonial específico, intenso y desproporcionado, sin que el legislador haya establecido mecanismos de compensación que permitan restablecer la igualdad ante las cargas públicas, razón por la cual el Fisco de Chile debe responder patrimonialmente por los perjuicios causados", señaló.
El caso más crítico para el holding es el que afecta a la pesquería de la reineta. Históricamente, el grupo capturaba en promedio unas 4.290 toneladas anuales en la zona sur austral, equivalentes a casi 15% del desembarque nacional. Con la nueva ley, se impuso un fraccionamiento nacional de 90% para el sector artesanal y solo 10% para el industrial, afectando directamente los derechos de extracción de las compañías del grupo.
Montos por compañía
El impacto económico de la nueva legislación golpea de manera diferenciada a cada uno de las empresas integrantes del grupo y que representan a los eslabones de la cadena productiva del holding, lo que se refleja en los montos específicos que exige cada filial ante la justicia.
La mayor compensación es solicitada por Friosur Alimentos del Mar S.A., que demanda el pago de $ 19.055 millones. Esta cifra se explica por el duro golpe a su área de comercialización, consecuencia de la escasez de materia prima interna para abastecer la venta nacional de reineta.
Por su parte, Pesquera Sur Austral S.A. exige un total de $ 9.261 millones, monto que se compone de $ 1.088 millones correspondientes a las especies sujetas al régimen de licencias transables de pesca y de poco más de $ 8.100 millones asociados directamente a la reducción en sus cuotas de captura de reineta.
En la misma línea, Pesquera Grimar S.A. requiere una indemnización superior a los $ 6.400 millones, desglosados en $ 580 millones por la afectación en el régimen general y alrededor de $ 6 mil millones por el daño específico sufrido en la pesquería de la reineta.
Finalmente, Pesquera Friosur SpA, demanda al Estado por $ 7.214 millones. Este perjuicio financiero responde directamente a la pérdida de margen variable que dejará de obtener por el menor volumen de procesamiento proyectado en sus plantas industriales, una consecuencia inevitable de los recortes aplicados a su flota.
Sólo durante 2025, el grupo pesquero registró capturas por 17.776 toneladas y ventas consolidadas por sobre los $ 45 mil millones, destinadas tanto al mercado chileno como a mercados de alta exigencia en España, Polonia, Portugal y Estados Unidos.
Inversiones paralizadas
La demanda también pone de manifiesto el efecto en los activos físicos de la empresa. En los últimos cinco años, el holding desembolsó más de US$ 12 millones amparados en las reglas que regían hasta 2032. Esto incluyó más de $ 6 mil millones para la adquisición de un nuevo buque hielero de alta mar ("Friosur XI") y otros $ 4.500 millones para la modernización tecnológica de la planta de Puerto Chacabuco, en Aysén, con líneas de procesamiento de origen islandés y alemán orientadas precisamente al alto valor agregado de la reineta.
El gerente general de Friosur, Pablo Sufán, fue categórico y planteó que "presentamos esta demanda porque se produjo un daño significativo y focalizado, que afectó gravemente a Friosur y a toda la comunidad de Aysén, donde somos uno de los principales generadores de empleo y desarrollo productivo regional. Se cambiaron las reglas del juego a mitad de camino y dejaron comprometidas inversiones diseñadas, ejecutadas y proyectadas hasta 2032".
Desde esa perspectiva, el escenario económico de la compañía impacta también al mercado laboral de la Región de Aysén. En 2020, Pesquera Friosur incorporó al 20% de su propiedad a una cooperativa integrada por sus trabajadores. La planta de Puerto Chacabuco promedia 625 empleados y es uno de los principales empleadores de la zona.
Mariano Villa, presidente de la Cooperativa de Trabajadores de Friosur, declaró que "si consideramos los empleos indirectos, el número total de personas que dependen de Friosur en la Región de Aysén asciende a cerca de 2 mil, con una fuerte participación femenina”. En esa línea, indicó que “es importante que se reconozca y respete la forma en que vivimos, trabajamos y hacemos patria en Aysén, evitando tomar decisiones importantes desde el centralismo que perjudiquen a nuestras comunidades. En Friosur realizamos una pesca sustentable y selectiva".
La demanda del Grupo Friosur se suma a las que otras compañías, como Camanchaca y Blumar ya han presentado este tipo de recursos, siendo el de esta última, rechazado a fines de abril por el Consejo de Defensa del Estado. El monto de esa indemnización fue estimado por Blumar por un monto superior a los $ 194 millones.
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