La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) oficializó la nómina definitiva de las instalaciones industriales que deberán pagar el impuesto verde, correspondiente a las operaciones de 2025.
A nivel nacional, 105 establecimientos quedaron sujetos a este gravamen, contemplado en la Ley 20.780 y que se aplica luego de comprobarse que superaron los umbrales de emisiones de 100 toneladas anuales de Material Particulado (MP), o 25 mil toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2).
Esta cifra final representa 43,03% del universo de 244 entidades que el Ministerio del Medio Ambiente había identificado preliminarmente como potenciales contribuyentes, en septiembre de 2024. El impuesto también grava las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2).
La superintendenta del Medio Ambiente (s), Claudia Pastore, enfatizó que este instrumento "busca incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes". El monitoreo y cuantificación de estas emisiones se realizó mediante el Sistema de Seguimiento Atmosférico (Sisat) de la SMA.
20,95% de las fuentes gravadas corresponden al Biobío.
Manufactura del Biobío
Territorialmente, las instalaciones afectas al pago del impuesto se concentran en regiones con alto desarrollo industrial. Así, la Región del Biobío encabeza el listado nacional, reportando 20,95% de los establecimientos gravados, una cifra que reafirma la vocación manufacturera de la zona. El listado publicado por la autoridad medioambiental considera 22 empresas de la zona bajo este pago.
De acuerdo con los datos de la Seremi de Medio Ambiente del Biobío, el material particulado de la región se compone principalmente de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono; es decir, los mismos componentes que registra la SMA para aplicar el impuesto verde.
Más atrás en la lista se ubican las regiones de Valparaíso, que concentra 14,29% de las fuentes emisoras afectas y Antofagasta, con 13,33%.
El seremi de Medio Ambiente de la Región del Biobío, Mario Delannays, destacó el impacto positivo en la calidad del aire que han tenido los planes de descontaminación en la zona. "Cuando entró en vigencia el Plan de Descontaminación Ambiental en 2019, el sector industrial aportaba 30% del total del material particulado presente en el aire. Hoy representa cerca de 10%. Es decir, como política de Estado, ha caído sobre 20%".
Delannays explicó que el rol de la autoridad regional es técnico y preventivo. "Lo que nos preocupa a nosotros es que la calidad del aire no empeore y que, en paralelo, no existan puntos fijos contaminantes. Corregimos, actualizamos y determinamos cuál es la tasa de emisión para que se apliquen los impuestos correspondientes".
Sectores más expuestos
La planilla publicada por la SMA evidencia que el volumen de emisiones sujetas a gravamen está más asociado a sectores productivos como el de la generación eléctrica, que registra una presencia transversal en el listado, la industria forestal y empresas ligadas a la producción de celulosa, además de empresas del sector de la energía y minería.
En el Biobío, además de estos sectores, también forman parte de este listado las empresas pesqueras. "Todas estas empresas pasaron por su respectiva evaluación ambiental, monitoreos y fiscalizaciones que son obligatorias. Muchas están dentro del polígono donde se aplica el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) del Gran Concepción", señaló el Seremi.
Los sectores agroindustrial y de alimentos, y de la construcción también figuran en el catastro, aunque con una menor representatividad. El siguiente paso normativo estipula que la SMA deberá remitir estos antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) dentro de los plazos legales. Y será esta última institución la encargada de hacer efectivo el cobro del gravamen de acuerdo a los resultados de la fiscalización.
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Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
