Un nuevo conflicto socio ambiental escala en la Región del Maule. Cinco organizaciones sociales del sector norte de la comuna presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Talca en contra de la empresa F4F (Food for Future) solicitando la paralización de sus faenas debido a la emisión de olores molestos derivado de su proceso productivo.
La compañía, conocida por aplicar un modelo de economía circular que procesa residuos orgánicos para el cultivo de larvas de moscas (soldado negro) enfrenta acusaciones de vulnerar el artículo 19 N°8 de la Constitución, que asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
La arista legal y regulatoria
El recurso patrocinado por el abogado Víctor Morales Núñez sostiene que las instalaciones ubicadas en la Ruta 5 Sur (km 257, Chacra Venecia) estarían operando en contradicción con sus Resoluciones de Calificación Ambienta (RCA), generado externalidades negativas, descritas como “hedor a basura en descomposición”, que afectan la salud y calidad de vida de las villas aledañas.
La Corte de Apelaciones de Talca ya acogió a trámite la acción judicial y ofició a la Municipalidad de Maule, otorgándole un plazo de ocho días para remitir todos los antecedentes disponibles sobre la operación de la planta y las fiscalizaciones realizadas.
El conflicto cobra relevancia en el mundo empresarial dado el alto perfil de los inversionistas detrás de la compañía. F4F, presidida por Diego Bacigalupo, ha logrado levantar capital de riesgo (Venture Capital) atrayendo a representantes de los grupos económicos más influyentes del país.
En su directorio y estructura de propiedad figuran capitales vinculados a los grupos Luksic, Angelini, Moncuri y Kayyak Ventures, quienes han apostado por la tecnología de F4F como una solución innovadora para la gestión de residuos y la producción de proteína sustentable.
La postura de la comunidad
Pese a la acción judicial, los dirigentes vecinales han aclarado que el objetivo no es el cierre definitivo de la empresa ni la obtención de compensación económicas, sino forzar una mayor inversión en mitigación.
“Nosotros no estamos pidiendo indemnización de dinero, ni tampoco queremos que la fábrica cierre. Solo queremos que su dueño haga mejoras en su empresa (…) que invierta más recursos para que podamos vivir tranquilos”, señaló Ana Vilches, dirigente de la Villa La Campiña y vocera del movimiento.
Los recurrentes, que incluyen a las Juntas de Vecinos de Villa Brisas del Maule, Jardín Del Norte y Villa Francia, advirtieron que tras dos años de mesas de diálogo fallidas con la gerencia, no descartan iniciar movilizaciones ciudadanas si no se concretan soluciones técnicas inmediatas para frenar los vectores y olores.
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