La operación del Aeropuerto Diego Aracena, de Iquique, quedó bajo la lupa del Ministerio Público, luego de que la Fiscalía iniciara una investigación por un presunto fraude de seguros que involucra a la Sociedad Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena (Scada), a cargo del terminal. La indagatoria, radicada en la Fiscalía Local de Las Condes, se originó a partir de una querella presentada por Orsan Seguros de Crédito y Garantía, que acusa a la concesionaria de intentar cobrar de forma irregular dos pólizas asociadas al contrato de ampliación del aeropuerto.
La acción, declarada admisible en septiembre de 2024, se dirige contra ejecutivos de la concesionaria y contra todos quienes resulten responsables, por los intentos de cobro improcedente de pólizas de garantía asociadas al contrato de Ingeniería, Abastecimiento y Construcción (EPC, sigla en inglés) suscrito con la empresa Claro Vicuña Valenzuela (CVV).
En total, el conflicto involucra dos pólizas por un total de UF 234.393,8 (cerca de $ 9.338 millones) emitidas para caucionar obligaciones del contrato. Según la querella, en octubre de 2022 se intentó cobrar ambos documentos, pese a que a juicio de la aseguradora, no se cumplían las condiciones necesarias para su ejecución.
El punto en disputa
El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando la concesionaria firmó un contrato con la constructora CVV para ejecutar las obras de ampliación del aeropuerto. Como parte de ese acuerdo, la empresa debía responder por eventuales fallas, con respaldo de seguros emitidos por Orsan.
De acuerdo con la presentación de la aseguradora, una de las pólizas por UF 177.691 (unos $ 7.080 millones) operaba bajo una lógica “modo espejo” respecto de la garantía que la concesionaria debía mantener ante el Ministerio de Obras Públicas. Bajo ese esquema, su ejecución estaba supeditada a que el propio MOP hiciera efectiva dicha garantía.
Según sostiene la aseguradora en su querella, ese requsito no se cumplió, por lo que el cobro de la póliza no habría sido procedente.
En paralelo, la segunda póliza por UF 56.702,8 ($ 2.258 millones) estaba vinculada al canje de retenciones del contrato y también fue cobrada en su totalidad, lo que forma parte de los antecedentes cuestionados en la causa.
Orsan alega además que, al momento de activar los seguros, se habrían incorporado conceptos excluidos de cobertura como multas y se habría sobreestimado el perjuicio económico declarado.
Si bien las pólizas no fueron pagadas, la concesionaria intentó en reiteradas oportunidades su liquidación.
Montos y antecedentes bajo revisión
En su presentación, la aseguradora sostiene que la concesionaria informó un daño del orden de UF 201.100, pero solicitó el pago íntegro de las pólizas por un monto superior, lo que, según plantea, constituiría un abultamiento del perjuicio.
La querella también cuestiona la inclusión de ciertos ítems, como pagos a proveedores, trabajadores y supuestas contingencias laborales, señalando que en algunos casos corresponderían a obligaciones asumidas en acuerdos previos o a montos inferiores a los declarados.
Estos antecedentes forman parte de la investigación en curso, que busca determinar si la activación de las pólizas se ajustó a las condiciones contractuales o si existió una presentación distorsionada del siniestro.
Un documento que suma antecedentes
Entre los documentos incorporados al caso figura una propuesta de bases de acuerdo fechada en julio de 2023, en el contexto de las disputas entre la concesionaria y la constructora CVV, entonces en proceso de liquidación.
En ese documento, se plantea la posibilidad de distribuir parte de los montos que eventualmente se obtuvieran tanto del MOP como de las pólizas de seguro, en función de los resultados de las reclamaciones.
Para Orsan, este antecedente se enmarca dentro de la controversia sobre el cobro de las garantías. Su alcance y significado forman parte de los elementos que están siendo revisados en las distintas instancias donde se desarrolla el conflicto.
Arista penal y disputas paralelas
El caso se investiga como un eventual fraude de seguros, figura contemplada en el artículo 470 N° 10 del Código Penal. En paralelo, la acción también apunta a la posible responsabilidad penal de la persona jurídica, en el marco de la Ley 20.393.
En la ampliación de la querella, la compañía de seguros incorporó a Scada como persona jurídica bajo el marco de la nueva Ley de Delitos Económicos. De acreditarse las infracciones, la firma arriesga sanciones que van desde la prohibición de contratar con el Estado hasta, en el escenario más extremo, su eventual disolución.
Consultada la concesionaria, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
