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REGÍSTRATE AQUÍEl proyecto crea el Fondo Nacional de Pensión Alimenticia para que estos accedan de manera rápida y oportuna a estos recursos.
Por: Claudia Rivas A.
Publicado: Lunes 25 de abril de 2022 a las 17:13 hrs.
Cuando el gobierno intenta aplacar las críticas que comienzan a surgir, a raíz de su manejo de la crisis económica, con nuevos anuncios de ayudas a las familias vulnerables, que habrían quedado desprotegidas con el rechazo de los proyectos de quinto retiro desde las AFP, la bancada de senadores de la Democracia Cristiana ingresó este lunes una reforma constitucional que busca asegurar el pago de pensiones alimenticias.
El “proyecto de reforma constitucional para incorporar el derecho fundamental de protección integral de la niñez y su garantía”, consagra un nuevo derecho fundamental como es la protección de la niñez, que permite al Estado crear un Fondo Nacional de Pensión Alimenticia, que permitiría a los niños y adolescentes acceder de manera rápida y oportuna a su mantención mensual.
Además le entrega herramientas al Estado perseguir a los deudores, a través de los tribunales de justicia.
La propuesta intercala un nuevo numeral 9°al artículo 19 de la Constitución que establece “el derecho a la protección garantizada de la niñez e infancia”, que en su inciso segundo sostiene que “el Estado es responsable de asegurar el respeto irrestricto del interés superior de la infancia, de velar por el resguardo, promoción y ejercicio progresivo de los derechos de la niñez en cada etapa de su desarrollo”.
Mientras que el inciso cuarto establece que “el Estado establecerá un Fondo Nacional de Pensiones de Alimentos, para asegurar un sustento continuo a niños, niñas y adolescentes para su desarrollo integral, en la forma que prescriba la ley, sin perjuicio del derecho a repetir contra los deudores”.
La reforma fue suscrita por la jefa y subjefe de los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker y por los demás integrantes de la bancada, Yasna Provoste, Iván Flores y Francisco Huenchumilla.
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
En la Cuenta Pública de la entidad, Nicolás Rojas criticó que las restricciones "se han mantenido en el tiempo ya por tres gobiernos de distintos signos, poniendo en riesgo la fortaleza de la institucionalidad de defensa de la libre competencia".
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
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