Tanto la refinería Aconcagua de ENAP como Casa Matriz han tenido días convulsos desde que se conoció la presunta manipulación de datos del Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental (PPDA), en abril pasado. Los hechos han sido calificados como graves a nivel transversal y, como era de esperar, se han pedido todas las indagatorias necesarias, tanto al interior de la empresa como en la parte penal.
Esta última se inició con los antecedentes que puso a disposición del Ministerio Público la propia ENAP y que están siendo investigados por el fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, quien ya inició la ronda de declaraciones con altos ejecutivos de la compañía. Los primeros en ser citados fueron el gerente corporativo de refinerías, Álvaro Hillerns, y el gerente de la refinería Aconcagua, Jorge Alméstar. Pero vendrán más.
“Se ha citado y citará a declarar a toda persona que pudo haber tomado conocimiento de los hechos denunciados, cualquiera sea su cargo, ya sea en calidad de testigo, perito e imputado, si es que los antecedentes recabados ameriten considerar esa condición”, indicó Bravo a Señal DF al ser consultado.
Cabe recordar que fue Álvaro Hillerns quien detectó las inconsistencias al asumir el cargo en octubre pasado, y con ello se inició el proceso interno que derivó en dos investigaciones que totalizan 16 despedidos.
Las diligencias están a cargo de la Brigada de Delitos contra el Medioambiente (Bidema) de la PDI y buscan recabar los antecedentes necesarios para configurar la existencia de delitos ambientales y/o económicos. Este medio consultó tanto a la empresa como a la Fiscalía qué tipo de actuaciones se han realizado, pero ambos declinaron dar detalles.
El fiscal Bravo también confirmó a Señal DF que la investigación no buscará solo determinar responsabilidades de personas naturales, sino que también abordará a la persona jurídica. Este punto es altamente sensible al interior de la compañía, dado que la ley de delitos económicos sanciona a aquel que, contando con una autorización ambiental, haya excedido la norma y fija como criterio para la configuración del delito la existencia de al menos dos procesos sancionatorios previos en un plazo de diez años, con los que la firma ya cuenta (2019 y 2022). Sin embargo, como en este caso no existe jurisprudencia, la decisión de los tribunales es incierta.
Y si bien ENAP al ser una empresa estatal no puede ver cancelada su personalidad jurídica, sí está expuesta a multas que dependen de la gravedad de la afectación al medioambiente y/o la salud de las personas, además de otros procesos de supervigilancia y los impactos reputacionales asociados, que, en todo caso, aplicarían para ENAP y también para la filial a cargo de las refinerías, ERSA. De ahí que la estatal, ya fichó al abogado Alex Van Weezel, socio del Estudio Claro y Cía., para la representación penal de la empresa. Van Weezel, es un reconocido abogado de la plaza especializado en Litigios y Arbitrajes, Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador.
En una entrevista realizada por DF, previo a ser promulgada la nueva ley de delitos económicos, fue enfático en explicar, por ejemplo, que “con las reformas de la Ley N° 21.121 y de esta nueva ley, la participación en un directorio está claramente asociada a riesgos penales”.
Cristián Muga, presidente de ENAP
Metodología no oficial y despidos sin atribuir responsabilidad
Pero el tema no ha estado activo sólo en lo penal. El martes de esta semana el presidente del directorio de ENAP, Cristián Muga, compareció ante la comisión de medioambiente del Senado, donde estuvo acompañado por el gerente general, Julio Friedmann. En la instancia explicaron nuevamente la cronología de los hechos, cómo el directorio se enteró de lo sucedido y las medidas adoptadas, en línea con lo informado a la ministra de Energía, Ximena Rincón, en la quincena de mayo.
En lo que a emisiones se refiere, Muga precisó que la investigación detectó dos hallazgos: el primero, que la recaptación de azufre estaba sobreestimada y el segundo, que la información que se le entregó a la Superintendencia de Medio Ambiente no siguió la metodología oficial.
El PPDA obliga a ENAP a informar sus indicadores de emisión de dióxido de azufre y recuperación de azufre surgidos en el proceso de refinación del crudo. En ese contexto, Muga detalló en cuanto a emisiones que las líneas de base elaboradas entre 2015 y 2017 no habían considerado un mecanismo llamado “flaring” -antorchas de emergencia activadas cuando se necesita para mantener la presión para la refinación y que emiten azufre-, por lo que se subestimó el total de emisiones de la refinería Aconcagua.
De igual forma, el Plan establece que ENAP debe recapturar el 98% del azufre emitido, meta que no se cumplió entre los años 2022 y 2025, pues los datos entregados al fiscalizador no siguieron la metodología oficial, sino una fórmula “robustecida” creada al interior de la compañía que, en definitiva, sobreestimaba la recuperación de azufre “cuando en realidad nuestra recuperación efectiva no superaba en promedio el 90%”, reconoció Muga ante los legisladores.
Al cierre de esta edición ENAP no respondió a Señal DF respecto a quién fue la idea de reportar con una metodología distinta, quién supervisó, quién dio el visto bueno final para ello, ni por qué los controles internos no detectaron que no se estaba reportando con la metodología oficial. Esto cobra especial relevancia pues la información que se entrega a la autoridad ambiental se basa en la confianza sobre los datos elaborados por el departamento de operaciones en la refinería Aconcagua y las revisiones finales son más bien de forma, no de fondo.
Consultada por este medio, la Superintendencia del Medio Ambiente explicó que “en el reporte anual ingresado en enero de 2025 – que da cuenta de las emisiones del 2024 –, el titular reportó sus datos mediante la metodología oficial e incluyó información asociada a un ajuste en la metodología que la denominó “robustecida”. Al respecto, la SMA no ha considerado dicha metodología en la evaluación anual del período reportado por no estar aprobada, situación que fue representada al titular a través del Oficio N°690 del 31 de marzo de 2025”.
Pero además, el presidente del directorio reconoció otro punto: de los 16 ejecutivos que han salido por las investigaciones asociadas, a ninguno se le atribuyó una responsabilidad clara para desvincularlo. “No nos corresponde a nosotros establecer cuál es la responsabilidad de estos 16 ejecutivos, que entre enero y junio fueron desvinculados de la compañía. Esa es una cuestión que tendrán que resolver los tribunales de justicia, eventualmente el Ministerio Público. Nos pareció que sí era responsable, desde el punto de vista corporativo y de la administración, tomar decisiones aun cuando no pudiéramos establecer la responsabilidad específica”.
En tanto, del total de personas desvinculadas, ocho salieron de la compañía en enero tras una investigación interna. Conocedores del proceso señalan que llamó la atención al interior de la empresa, que en algunas de esas cartas de despido la causal invocada era necesidades de la empresa. En ese momento salieron “mandos medios”, es decir, jefes de departamento como operaciones y medioambiente, además de ingenieros y el gerente de Medioambiente.
Los restantes ocho salieron en junio y la empresa lo informó como parte del proceso de evaluación interna en la que decidió modificar y fortalecer la estructura, especialmente en el área de cumplimiento ambiental. De acuerdo al testimonio de algunos de los despedidos, sus salidas tampoco fueron notificadas como un incumplimiento de las labores estipuladas en el contrato, sino que respondieron a desahucios o necesidades de la empresa. En esta instancia también salieron mandos medios, entre los que hay ingenieros, jefes de departamento, abogados, pero esta vez se desvinculó a un ejecutivo de relevancia, Edmundo Piraino, exgerente de la refinería Aconcagua y que en los últimos años ejerció el cargo de gerente de excelencia operacional.
Julio Friedmann, gerente general de ENAP. Foto: Julio Castro
El intertanto entre investigaciones
Algunos conocedores de cómo se vivió el proceso internamente plantean que las decisiones tomadas por la empresa han respondido a un afán efectista. Cuentan también que entre que se supo de las inconsistencias y ocurrió el directorio extraordinario -el 23 de enero- hubo una serie de reuniones con las áreas involucradas y la gerencia general, donde el mensaje siempre fue el mismo: investigar con celeridad y rigurosidad, y recalcan que la investigación de compliance lleva más de cuatro meses.
De igual manera, sostienen que las indagatorias internas no habrían respondido a la búsqueda de responsabilidades, sino a determinar qué pasó y cómo. Al menos eso fue lo que se le dijo a los entonces funcionarios, quienes declararon en el marco de la investigación que pidió el directorio y que quedó a cargo de la gerencia de compliance de la compañía. Tanto así que la ronda de testimonios partió con preguntas amplias para saber qué rol tenía cada persona en esta cadena y se fue acotando cada vez más a preguntas específicas y contrastación de datos. Lo llamativo para los extrabajadores es que todos los que declararon fueron desvinculados y a ninguno se le especificó la razón de su salida, sino que solo se hizo una referencia general a la investigación.
ENAP también fue consultada por este medio respecto de los despidos y por qué se decidió desvincularlos solo en base a antecedentes preliminares, pero también declinaron responder. 
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