US$ 5000 millones se han invertido desde 2018 para hacer crecer la red.
En 2017, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, se unificaron los antiguos sistemas eléctricos del norte grande (SING) y del centro sur (SIC) del país, dando forma al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), hoy la columna vertebral de todo el engranaje que permite entregar energía a lo largo de los 3.100 kms. entre Arica y Chiloé.
Junto con ello, la Ley de Transmisión instruyó la creación del Coordinador Eléctrico Nacional, organismo técnico y sin fines de lucro que tiene como misión preservar la seguridad del sistema y velar por sus operaciones. A enero de 2025, el Coordinador registra que el SEN está conformado por 39.340 km. de líneas de transmisión -cifra que ha ido en aumento, en 2018 eran 34.361 km.- y cubre al 98,5% de la población nacional.
Este martes, una falla en las instalaciones de ISA Interchile en la línea Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar provocó un efecto en cadena y, de golpe, todo el sistema se fue a negro.
Dominio extranjero
De acuerdo a la Asociación de Transmisoras de Energía, en la cuenta mensual de un consumidor promedio, el 15% se explica por el segmento de transmisión.
La empresa que domina este mercado, de manera indiscutida, es Transelec, la heredera de la infraestructura de transmisión de Endesa.
207 obras de transmisión están en ejecución.
Según la última memoria publicada por el Coordinador (2023), si se mide por la cantidad de kms. de líneas en su propiedad, Transelec cuenta con un 28,8% de participación. Con el tiempo, la firma ha tenido cambios en su propiedad, que desde 2018 está dividida entre cuatro inversionistas internacionales: los fondos de pensiones canadienses British Columbia Investment, PSP Investment y Canada Pension Plan Invesment; sumadas a la asiática China Southern Power Grid (CSGI). En 2023, trascendió que los fondos canadienses buscaban su salida de Transelec, y , por lo que se comenta en el sector, la líder de las transmisoras podría volver a cambiar de manos. De concretarse, sería una megaoperación que, estiman en el mercado, podría rondar los US$ 4.000 millones.
Al igual que Transelec, las otras compañías que dominan esta industria, también son extranjeras. La segunda en la lista es CGE Transmisión, con un 9,3% del SEN, empresa controlada por la china State Grid y una de las líderes en el mercado de la distribución en Chile.
Más atrás viene la firma de capitales franceses Engie, que de manera directa detenta el 7,8% de las líneas. No obstante, a través de su filial Transmisora Eléctrica del Norte (TEN), tiene otro 3,2%.
A continuación le siguen Celeo Redes (6,3%), ligada al holding español Elecnor; luego la protagonista del apagón de esta semana, ISA Interchile (5,3%), que tiene como controlador final a la estatal colombiana Ecopetrol, y Sistema de Transmisión del Sur (5%), del Grupo Saesa, que también es propiedad de fondos de pensiones canadienses: Ontario Teachers’ Pension Plan y Alberta Investment Management Corporation.
Mercado en movimiento
De acuerdo a una fuente del sector, la inversión extranjera -y particularmente de los fondos de Canadá- se explica porque, a pesar de ser una industria competitiva, en la que las líneas de uso público se licitan, los proyectos ofrecen una rentabilidad asegurada, que se determina en procesos de planificación. Por ende, los activos son considerados de bajo riesgo.
De hecho, algunas de las principales generadoras de Chile, en los últimos años, han decidido abandonar esta área del negocio y sus compradores han sido nuevamente firmas extranjeras. En marzo de 2021, Colbún acordó vender su filial de transmisión en US$ 1.295 millones a un consorcio compuesto por el fondo de pensiones holandés APG y la ya mencionada Celeo Redes.
Posteriormente, en diciembre de 2022, Enel hizo lo propió y vendió su negocio de transmisión al Grupo Saesa en US$ 1.399 millones.
Un negocio regulado (y por crecer)
De acuerdo a los datos del Coordinador, actualmente hay 207 obras de transmisión en ejecución, de las cuales 9 son obras nuevas nacionales y 50 nuevas zonales. El resto, en su mayoría, son distintas ampliaciones de líneas. El Coordinador también registra que, desde 2018, los montos de inversión impulsados para hacer crecer la red ascienden a los US$ 5.000 millones.
Dentro de las obras nuevas nacionales, la más destacada es la bullada línea Kimal-Lo Aguirre, que conectará a Antofagasta con Santiago. Contempla una inversión de US$ 1.500 millones y fue adjudicada a un consorcio formado por Transelec, CSGI y la misma ISA.
De acuerdo a una guía elaborada por Carey Abogados acerca de la Ley de Transmisión, una vez que los organismos a cargo deciden expandir el sistema a través de una nueva línea, la compañía que se adjudica el proyecto debe definir el trazado, obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y presentar la solicitud de concesión definitiva.
Se trata de un negocio regulado: estos procesos incluyen etapas de planificación y valorización, en los que se contemplan todos los costos asociados, incluida la rentabilidad de una determinada empresa. En su memoria, Transelec lo explica de la siguiente manera: “Las tarifas nos permiten obtener ingresos en base a nuestra capacidad instalada (take or pay) y garantizan 20 años de ingresos fijos desde la entrada en operación de nuevas obras de expansión del sistema. Posterior a este período de 20 años, los ingresos provienen de una tarifa que se fija cada cuatro años”.
Tras el apagón, se abrió un debate sobre los desafíos de esta industria. Se habló de falta de inversión, de permisología, de que Kimal-Lo Aguirre pudo haber evitado la caída.
Claudio Espinoza, socio director de Aclai Consultores y exconsejero del Coordinador, plantea que la situación podría ser algo más compleja.
Sostiene que efectivamente hay zonas con atraso en infraestructura y de demoras multifactoriales en la construcción de proyectos, pero en cuanto al apagón, prefiere esperar antes de entregar su veredicto: “El tema es ver efectivamente qué pasó y ser mucho más inquisitivo en cómo cumplen las condiciones de seguridad las empresas, los planes de recuperación, que los Scada (plataformas de monitoreo) no puedan fallar. Y eso no tiene que ver con más o menos transmisión (...) Podemos tener cuatro o cinco líneas más, pero si falla la protección, falla la lógica.”
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Martín Baeza
