El gremio minero Sonami se sumó a Andes Iron -que fichó Jorge Correa Sutil en su defensa- y solicitó al Tribunal Constitucional una audiencia pública, en medio de la disputa entre el Gobierno y el Primer Tribunal Ambiental por las atribuciones para resolver el futuro del proyecto minero-portuario Dominga de US$2.500 millones.
El presidente de la organización empresarial, Jorge Riesco, pidió que "que se decrete audiencia pública en la presente causa y se permita a mi representada participar en ella".
El dirigente explicó que "la presente contienda de competencia posee un indudable interés público en el que está en juego la confianza en el Estado de Chile para invertir en minería". Hizo ver que "Sonami es la asociación gremial que representa al sector privado minero, por lo que tiene legítimo interés en el modo como se resuelva este asunto, lo que justifica su petición de audiencia y de poder comparecer en ella".
En el escrito, Riesco señala que la industria minera se encuentra observando con atención tanto "la inexplicable demora de este proyecto" como la forma en que se resuelva la contienda de competencia, señalando que de concretarse sin duda "desincentivará nuevos emprendimientos mineros".