El cambio climático nos presenta hoy en día un desafío como humanidad que requiere de cambios extremadamente drásticos para poder mitigar los devastadores efectos que se aprecian de manera progresiva en nuestro planeta. Resulta imposible, mediante el paradigma actual, ser capaces de proveer una buena calidad de vida a la creciente población mundial sin requerir cada vez más recursos naturales. Por un lado, los materiales comienzan a escasear, mientras que por otro se comienzan a acumular desechos con los cuales no sabemos qué hacer.
La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes, todas las veces que sea posible, para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. La economía circular se presenta como una solución viable para poder aprovechar mejor los recursos existentes, junto con disminuir las necesidades energéticas actuales.
En esta línea, es fundamental terminar con la cultura de lo desechable, y a través de un esquema de economía circular poder reaprovechar los materiales y la estructura de las cosas para convertirlas en objetos o transportes sustentables.
Un ejemplo de esto son las empresas que han decidido aplicar la economía circular para acelerar la transición hacia el transporte eléctrico. Un ejemplo es el caso francés, donde la empresa Renault lo está haciendo en su refabrica en Flins, en la que le dan una segunda vida a sus automóviles.
Para estos efectos, el gobierno de Francia desarrolló una normativa específica que entrega los lineamientos para que la calidad y la seguridad de dichos vehículos sean equivalentes a las de un automóvil eléctrico nuevo. Lo propio ha realizado la Cepal, mediante la publicación de una propuesta de marco regulatorio para acelerar la inversión en electromovilidad por medio de la reconversión de vehículos que usan combustibles fósiles.
Por otra parte, a pesar de los avances que se han conseguido en nuestro país en materia de re fabricación y fabricación de vehículos eléctricos, Chile sigue estando al debe. Para poder extender estos beneficios a un número mayor de personas y generar un real impacto es necesario el desarrollo de una normativa por parte de la autoridad chilena que permita operar dichos vehículos en la vía pública.
Todavía existe una esperanza, dado que hace menos de un año se publicó la Estrategia Nacional de Electromovilidad, en la cual Chile se compromete a desarrollar la regulación que permita la transformación de vehículos de combustión a eléctricos.
Esperemos que la velocidad con la que estos compromisos se conviertan en realidades converse con la urgencia del cambio de paradigma que nuestro planeta necesita.
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