Tras el triunfo en la segunda vuelta presidencial, el comando republicano se volcó al diseño de La Moneda para marzo. En ese esquema, Catalina Ugarte Millán asumió como jefa de gabinete del Presidente electo, en reemplazo de Carolina Araya, quien se encuentra con prenatal.
Ugarte, actual concejala por Las Condes y fundadora del Partido Republicano, combina política con una carrera en el sector privado. En su página web se define como “100% de derecha” y asegura que busca representar a quienes aspiran a “vivir en un mundo tranquilo, sin miedos”.
Casada y madre de cinco hijos, egresó del Colegio Cumbres (generación 2002). De acuerdo al currículum que presentó ante el municipio, antes de entrar a Derecho en la UC vivió un año en Río de Janeiro como voluntaria de los Legionarios de Cristo. En la universidad mantuvo ese perfil activo: fue voluntaria en Un Techo para Chile y lideró la pastoral de su facultad.
Su trayectoria laboral mezcla dos mundos. En el sector público, operó como jefa de gabinete del CPEIP (Mineduc) durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. En el mundo privado, desde 2012 se ha especializado como abogada en M&A y fondos de inversión. Hoy es asociada senior en Egaña Abogados.
Quienes han compartido con ella en el concejo municipal describen su estilo como disciplinado y “multitasking”: durante la campaña de José Antonio Kast dividió su tiempo entre las giras con el candidato y el municipio, asistiendo a la oficina incluso con coche de guagua. Al ser su segundo periodo, dicen entendidos, ejerce un liderazgo “natural” sobre los otros tres concejales republicanos, a quienes ordena en las votaciones clave.
De acuerdo a fuentes del municipio, Ugarte tiene una buena relación con la actual alcaldesa Catalina San Martín, con quien fue par en el ciclo anterior. Ambas han actuado en tándem en labores de fiscalización, como en la denuncia por el caso Cesfam, investigación que ya suma sus primeros formalizados.
Pero no todo es sintonía. Algunos afirman que Ugarte tiene un marcado sello ideológico, lo que a veces genera fricciones administrativas. Un ejemplo reciente fue la discusión del presupuesto municipal: la abogada lideró la negativa de su bloque ante el aumento de la planta funcionaria bajo la premisa de “no engordar el Estado”. La maniobra tensionó la mesa, dado que el aumento de cupos no era opcional, sino un mandato legal inevitable.
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