El lunes 15 de junio el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) dictó el laudo que la startup Merama esperaba para echar atrás la compra de la chilena Urbano. Pero el resultado fue un revés: el árbitro Ramón Cifuentes rechazó la demanda.
Para entender esto hay que volver atrás. Todo arranca en junio de 2022, cuando el unicornio que tiene a dos chilenos entre sus fundadores pagó US$ 8,4 millones por el 55% de Congming Limited -la sociedad de Hong Kong cuya marca en Chile es Urbano- a Víctor Vargas y a Santorini Capital, la sociedad de Pablo Gutiérrez. Pagó US$ 7,2 millones al contado y dejó pendiente un saldo de US$ 797 mil. Un año después, Merama acusó haber sido engañada: sostuvo que los vendedores inflaron las ventas de Urbano con facturas a Smart Trade, una sociedad que -según la startup- controlaban en secreto y escondieron tras otra empresa, Montreal SpA. Y pidió anular el contrato para recuperar su plata.
El árbitro rechazó la demanda por dos razones. La primera es técnica: para anular un contrato existen distintas “puertas” legales, y Merama entró por la más grave, la de la “causa ilícita”, reservada para contratos con un fin ilegal. El árbitro le dijo que esa no era la puerta que correspondía. Si el reclamo es que la engañaron para que firmara, la ley obliga a reclamar por otra vía, la del “dolo”. La segunda razón es de fondo. Incluso entrando al supuesto engaño, el árbitro concluyó que no quedó probado.
Merama no ocultó su molestia. Su abogado, Salvador Gallo, anticipó que impugnará el laudo: “La impugnaremos por nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago”. Y apuntó al árbitro: “Cifuentes (es) un árbitro con un criterio personalmente comprometido a raíz del caso Australis, dado el reproche ético formulado por el Comité de Ética del CAM. Para poder absolver a los demandados, tuvo que negarse a admitir el testimonio y gigabytes de documentación (...) que corroboran incontrovertiblemente el fraude”.
Pero el caso se está jugando en tres canchas: además de la arbitral mantiene un juicio penal y otro civil.
En el penal, Merama tuvo buenas noticias: el 8 de junio, Vargas -que estaba en Miami- viajó a Chile y se presentó en persona ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, lo que dejó sin objeto su extradición y permitió formalizarlo en el acto. La fiscal Daniela Fregonara lo formalizó por estafa calificada y administración desleal, por un perjuicio cifrado en torno a US$ 13 millones, que incluyen la estafa en la venta y un negocio falso de scooters por US$ 3,66 millones. El tribunal le impuso arraigo nacional y firma mensual, que fueron confirmados por la Corte de Apelaciones el 15 de junio. Gutiérrez, en tanto, ya había sido formalizado en abril; ambos mantienen la presunción de inocencia.
Y hay un tercer frente: una corte de Nueva York condenó en febrero a Vargas y Santorini a pagar US$ 7,33 millones a Merama, por el aval de un pagaré de Urbano. El fallo está en ejecución.
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