José Antonio Kast se instaló en La Moneda con un libreto claro: transmitir seguridad, convicción y control. Quienes han estado con él estos días dicen que se le ve de buen ánimo, confiado, sin reconocer errores y convencido de que el país atraviesa un momento crítico que requiere decisiones rápidas. Pero también, dicen en su entorno, consciente de que el primer gobierno de su sector tendrá cada gesto bajo la lupa.
Incluso en lo más cotidiano.
La primera noche en Palacio cuentan que el Presidente durmió poco. Demasiadas emociones, y acomodarse a un hogar bastante fuera de lo común.
Kast llegó con una agenda intensa y un despliegue casi vertiginoso: decretos firmados el primer día, anuncios de reconstrucción, planes para acelerar inversiones por más de US$ 16 mil millones detenidos en permisos, auditoría total del Estado y un plan de control fronterizo con participación militar en el norte. El mensaje era mostrar un gobierno en movimiento.
Pero la política tiene tiempos propios. Y el nuevo equipo empieza a ajustar la velocidad. En los días previos al cambio de mando la instrucción era mostrar el contraste con el gobierno de Gabriel Boric, y detectar todas las irregularidades en los distintos estamentos del Estado. Incluso, su primer discurso comenzó con una mirada ultra crítica al Gobierno anterior. Pero en las entrevistas televisivas el tono ha cambiado: menos confrontación directa y más prudencia.
Irregularidades y transparencia
La famosa auditoría, prometida antes de asumir, sigue en pie, y en el entorno presidencial reconocen que existen sospechas de que algunas cosas no se hicieron como se debía. Por eso el tema fue uno de los protagonistas del primer consejo de gabinete ampliado que encabezó Kast este viernes en La Moneda.
En esa reunión, a la que asistieron buena parte de los ministros, el Gobierno presentó el diseño del proceso de auditoría que quiere desplegar sobre el funcionamiento del aparato público. La exposición estuvo a cargo del ministro del Interior, Claudio Alvarado, y del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quienes explicaron el objetivo de realizar una revisión exhaustiva del Estado, que abarque contratos, ejecución presupuestaria, transferencias, programas y eventuales anomalías administrativas.
La meta que se fijó el Ejecutivo es ambiciosa: tener un diagnóstico completo en seis meses. La idea, dicen en Palacio, es avanzar rápido, pero también con un proceso que sea transparente frente a la ciudadanía. Por eso el Gobierno está diseñando una plataforma pública donde se puedan ir mostrando los resultados de estas revisiones, de modo que las personas puedan conocer si existieron irregularidades en distintos organismos del Estado.
Pero al mismo tiempo, el Ejecutivo quiere administrar políticamente ese proceso. La razón es evidente: el Gobierno sabe que deberá convivir con la oposición en el Congreso durante todo su mandato.
Ese mismo consejo de gabinete dejó otra señal sobre cómo quiere funcionar esta administración. La reunión no será algo esporádico.
En Palacio están diseñando repetirla cada 15 días, con una lógica muy concreta: que cada ministerio llegue a esa instancia con avances reales. No con diagnósticos. No con promesas. Con resultados.
En el entorno presidencial repiten que el país se acostumbró demasiado a los gerundios: “estamos evaluando”, “estamos trabajando”, “estamos analizando”, algo que para este Gobierno es una forma elegante de explicar por qué las decisiones no avanzan. La instrucción ahora es otra: mostrar avances medibles.
Para eso también se ha instalado un mecanismo interno que en La Moneda llaman “lo que dice el Presidente”. La lógica es más o menos así: cuando Kast fija una prioridad o instala un mensaje, los ministerios y las autoridades territoriales deben replicarlo y ejecutarlo rápidamente. Y ese desempeño, recalcan en el entorno presidencial, será medido.
A ese esquema se suma también un método que el equipo presidencial repite como una especie de mantra interno: Preparar, Asumir, Trabajar y Cumplir. Preparar fue la etapa que comenzó tras ganar la elección, con la instalación de la llamada Oficina del Presidente Electo. Asumir fue el momento simbólico del cambio de mando. Ahora viene la tercera fase: trabajar, donde el Gobierno se ha impuesto un plazo de 90 días para mostrar resultados concretos.
El verdadero examen, admiten en el propio oficialismo, vendrá después. El 1 de junio, en la primera Cuenta Pública de Kast, cuando el Presidente tenga que demostrar si logró llegar a la última palabra de ese método: cumplir.
El triunvirato
Para sostener el ritmo de las decisiones también se ha ido configurando un núcleo de coordinación política y comunicacional dentro de La Moneda. En el centro de ese engranaje aparece Cristian Valenzuela, director de comunicaciones del Segundo Piso y uno de los cerebros estratégicos de la campaña de Kast, encargado de ordenar la estrategia política y el relato del Gobierno.
A su lado opera María Paz Fadel, directora de Comunicaciones de Presidencia, quien coordina el funcionamiento cotidiano de Palacio y la relación con los ministerios. El tercer vértice de esa estructura es la Secretaría de Comunicaciones, encabezada por Felipe Costabal, conocido en el mundo político como “el Yeti”.
Debajo de él funcionan dos carriles del relato gubernamental: Belén Pau, a cargo del área de marketing y de instalar las buenas noticias del Gobierno, y Bárbara Vial, responsable de la relación con la prensa y del manejo de los momentos más complejos de la agenda pública.
En La Moneda describen este esquema como una especie de triunvirato operativo que busca sostener el ritmo del Gobierno y coordinar cómo se comunican las decisiones del Ejecutivo. Quienes han pasado por allí, comentan que las relaciones siempre comienzan fluidas, pero se tensan a medida que avanza la administración.
El despliegue en Arica
Mientras esa estructura se consolida, el Gobierno comenzó a desplegar también su agenda territorial.
El sábado, el Presidente viajó a Concepción junto a los ministros Claudio Alvarado, Jorge Quiroz, Trinidad Steinert, Fernando Barros y María Jesús Wulf, donde presentó un amplio paquete de reconstrucción que abarca distintas áreas: vivienda, reactivación económica, infraestructura y medidas fiscales para apoyar a las zonas afectadas.
El plan busca mostrar que la reconstrucción será uno de los ejes de gestión del nuevo Gobierno en sus primeros meses. Pero una de las señales políticas más fuertes de la semana vendrá desde el norte.
El lunes, José Antonio Kast y el ministro del Interior viajarán a Arica, donde el foco estará puesto en las medidas para contener la migración irregular.
La agenda contempla monitorear en terreno la zanja fronteriza, revisar otras infraestructuras de seguridad y reforzar el despliegue de presencia militar en la zona, con la idea -dicen en Palacio- de hacer mucho más visible el control de las fronteras. El mandatario sostendrá además reuniones con alcaldes, el delegado presidencial, el gobernador regional y el nuevo comisionado de la Macrozona Norte, Alberto Soto.
Pero el gesto político más fuerte será otro. Ese mismo día sesionará en Arica el recién creado comité de seguridad del Gobierno, que funcionará en paralelo al comité político. Está integrado por los ministros de Seguridad, Interior, Defensa y Justicia y está dedicado exclusivamente a enfrentar la crisis de seguridad.
La señal es clara: ni siquiera las salidas a terreno suspenderán esa instancia de los días lunes. En La Moneda explican que este comité es uno de los pilares del llamado “gobierno de emergencia” que el Presidente quiere instalar. Por lo mismo, los titulares de estas carteras se trasladarán a Arica el día lunes, salvo el de Justicia, que se conectará de manera virtual.
El plan de decretar alerta sanitaria con foco en enfermedades oncológicas sigue vigente. El anuncio se retrasó por razones de agenda, pero en el gobierno aseguran que el diseño está listo y que la intención es materializarlo durante esta semana. La urgencia es evidente: una de las promesas centrales de la administración Kast es reducir rápidamente las listas de espera, para lo cual necesitará apoyarse en la red privada de salud. La alerta sanitaria permitiría precisamente eso, al facilitar acuerdos y derivaciones sin los trámites habituales.
Las cifras explican la presión. El incumplimiento de garantías GES en cáncer alcanza hoy una cifra histórica: 19.530 personas. El primer paso del plan será revisar caso a caso esos registros, incluso para determinar cuántos de esos pacientes siguen con vida.
La batalla por los números
En medio de esta instalación también surgió una polémica inesperada. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que el gobierno heredó solo US$ 40 millones en la caja fiscal. La cifra fue rápidamente cuestionada por el exministro de Hacienda Nicolás Grau, quien ha insistido a sus más cercanos que los flujos varían regularmente, que terminaron el año sin querer endeudarse, y que ya en enero los recursos disponibles superaban los US$ 1.400 millones.
El debate, en realidad, tiene más de técnico que de político. Algunos atribuyen a las palabras de Quiroz la manera de poner sobre la mesa la urgencia -al estilo de la intervención de Milei cuando tras ganar la elección dijo que no había plata- y la fórmula para presionar a los ministerios a que materialicen el apretón de cinturón que les solicitó.
El Gobierno también abrió otro flanco político. El propio Presidente ha señalado que su administración estudiará la posibilidad de otorgar indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, una decisión que -ha dicho- se evaluará caso a caso.
La idea generó una rápida reacción en organizaciones de derechos humanos. La abogada Karinna Fernández, especialista en la materia y quien representó a 99 familias de víctimas de delitos de lesa humanidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentó una denuncia ante esa instancia internacional cuestionando la eventual concesión de indultos a agentes estatales condenados por violaciones a los derechos humanos.
En su presentación advierte que entre los posibles beneficiarios existirían funcionarios policiales condenados por el uso de armas letales que provocaron muertes o graves lesiones, casos que -según sostiene- ya han sido revisados por el sistema interamericano.
Un tema de expectativas
En Palacio también saben que hay otro factor jugando a su favor -y en contra- al mismo tiempo: las expectativas. Una alta autoridad del Gobierno lo grafica con una metáfora. “Somos como un auto nuevo: lo compras, lo sacas de la concesionaria y automáticamente vale menos”, dice.
Algo parecido ocurre con la política. Las expectativas suelen inflarse antes de asumir y comienzan a ajustarse apenas el Gobierno entra en funcionamiento. En el entorno presidencial creen que la vara quedó baja tras la administración anterior, y que con herramientas de gestión relativamente simples podrían mostrar cambios visibles en poco tiempo.
El problema es otro: mantener la adhesión en el tiempo. En Palacio, en todo caso, parecen concentrados en otra cosa. Mantener el ritmo. Porque si algo repiten quienes trabajan cerca del Presidente es que el objetivo de estas primeras semanas es demostrar que este Gobierno quiere hacer las cosas de una manera distinta.
Con metas claras. Con plazos. Y con la idea, al menos por ahora, de no bajar la velocidad con la que comenzaron.
El plan de “Reconstrucción Nacional” que Kast lanzó en Lirquén
En su visita el sábado a Lirquén, una de las localidades más golpeadas por los incendios del Biobío, el Presidente José Antonio Kast presentó el proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional”, un paquete con más de 40 medidas organizadas en cinco áreas: reconstrucción física, económica, institucional, fiscal y de seguridad.
En lo inmediato, el plan contempla extender el Fondo de Emergencia por incendios y destinar $400 mil millones adicionales para enfrentar la emergencia y acelerar la recuperación de viviendas.
En el frente económico, el proyecto propone suprimir temporalmente el IVA en la compra de viviendas, reducir el impuesto corporativo desde 27% a 23%, eliminar el gravamen a las ganancias de capital y crear un subsidio para resguardar el empleo formal, junto con acelerar la tramitación de permisos ambientales y sectoriales.
El eje institucional considera cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y una tramitación más expedita de concesiones marítimas, además de mecanismos de compensación cuando el Estado deja sin efecto resoluciones propias.
En el plano fiscal, se plantean ajustes a la gratuidad universitaria —acotándola por edad—, fortalecer el cobro del CAE y congelar la entrada de nuevas universidades. El paquete se completa con sanciones más severas al contrabando de cigarrillos y al traslado ilegal de migrantes. Y con el compromiso a poner fin al pago de contribuciones a los adultos mayores.
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