Cual serie de una plataforma de streaming, el paso del empresario Alejandro Gil Gómez por la Clínica Las Condes (CLC) ha sido pródigo en entregar capítulos de una historia que estuvo marcada por desencuentros y acciones judiciales de diverso tipo. Sólo que ahora, al parecer, esta serie está llegando a su fin, al menos en lo que toca a los desencuentros que tuvo el expresidente de esa compañía con diversos profesionales de la salud, quienes lo acusaron de no pagar honorarios médicos. Este era el principal flanco judicial por el que atravesaba el empresario.
En una historia resumida, en 2019 el grupo Auguri, ligado a la empresaria Cecilia Karlezi, tomó el control de CLC tras una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) y esta empresaria delegó el manejo de la compañía -desde la presidencia del directorio- en su pareja, Alejandro Gil. Pero en los cinco años que siguieron, CLC se vio envuelta en infinidad de pugnas y polémicas, hasta que, en enero de 2025, el grupo Auguri acordó la venta de su participación en la clínica a dos grupos inversores -Indisa y EuroAmerica-, saliendo por completo de la propiedad.
Pero en aquel período, uno de los grandes problemas que se abrieron fueron diversas denuncias de médicos que alegaron impagos de honorarios. Este caso surgió hace casi exactos cuatro años, cuando el 13 de julio de 2022 dos médicos -patrocinados por Patricio Fernández, el exsuperintendente de Salud-, interpusieron una querella en contra de Clínica Las Condes (CLC), acusando a esta compañía, en virtud de la ley de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, de apropiación indebida, debido a honorarios que decían estaban impagos.
Y de ahí en más, varios otros profesionales de la salud y sociedades médicas en su momento vinculados con CLC fueron sumando querellas en similar tenor, denunciando no pago de honorarios profesionales. Algunas de estas acciones se dirigieron contra CLC y su entonces gerente general, Ignacio Tapia Hortuvia. Otras incluían expresamente a su entonces presidente Alejandro Gil Gómez. En total, estas acciones alcanzaron a unos 41 querellantes e involucraron $ 4 911 millones, lo que derivó en que en agosto de 2024 Gil fuera formalizado en la causa por apropiación indebida.
En todo este tiempo, Gil negaba la existencia de estos impagos o que CLC se hubiera apropiado de estos honorarios médicos y, al contrario, argumentaba que los médicos eran quienes debían a CLC dineros por concepto de arriendo y aportes al plantel.
El tiempo avanzó. El grupo Auguri salió de la propiedad de CLC vendiendo su paquete accionario, y los nuevos grupos inversores tras el plantel de salud -que compraron sin hacer un due diligence- comenzaron un proceso de recuperación de los alicaídos índices en que se encontraba CLC -en ocupaciones de pabellones y hospitalizaciones, e índices financieros, entre varios indicadores-, incluyendo en esta nueva etapa un plan para que retornaran médicos que se habían ido de la clínica. Esto incluyó llegar a acuerdos de pago de aquellos honorarios.
Así las cosas, y ya sin que se opusieran querellantes, fue el Ministerio Público (MP) quien propuso un acuerdo en el marco del caso penal: la Suspensión Condicional del Procedimiento respecto de Alejandro Gil, que es una de las salidas alternativas que considera el sistema penal chileno.
En este caso, el acuerdo consideró que Alejandro Gil deberá donar $ 30 millones a la Corporación de Ayuda al Hospital San Juan de Dios, y “fijar domicilio” e informar de cualquier cambio de éste al MP.
“El Ministerio Público comunica el cierre de la investigación en la presente causa. Se ordena dejar sin efecto las medidas cautelares (...) Se hace presente que la defensa señaló que existen en la causa consignados en la cuenta corriente del Tribunal la suma de $ 30 millones por concepto de fianza de retorno -que se han utilizado cuando el imputado salió del país-, a lo cual el tribunal resuelve que se ordena la devolución de la fianza de retorno”, dice una resolución emanada de la magistrada Francis Patricia Fell, fechada el 15 de junio, a la que tuvo acceso DF MAS.
De este modo, Gil logró cerrar la arista legal que más pesaba en su contra, pues otra causa por impagos era la que había iniciado en septiembre de 2024 la sociedad Servicios de Anestesiología (SAL). Primero, en un juzgado civil de Santiago, acusando incumplimientos de pago por $ 9 390 millones y luego llegó a la arista penal, con 14 querellantes. Sin embargo, en esta causa hubo sobreseimiento definitivo. Un documento de un tribunal da cuenta de que fue desistida en mayo de 2025, pues la mencionada sociedad llegó a un acuerdo con CLC (ya en manos de los nuevos socios).
Gil también logró cerrar hace unos meses otro conflicto, una acción que había interpuesto el exgerente general de CLC, Fredy Jacial, por querella calumniosa, causa que culminó también en abril pasado con un acuerdo reparatorio y sobreseimiento definitivo, tras acordar el pago de $30 millones.
A la fecha, entonces, de las diversas acciones legales que surgieron en torno a CLC, sigue vigente la arista penal que abrió la propia compañía en enero pasado, una querella acusando de inconsistencias y anomalías contables y la presunta entrega de antecedentes falsos al directorio en el período 2023 y 2024, o sea, durante la administración de Gil. Esta acción, no obstante, se dirigió en contra de “quienes resulten responsables” y no individualiza a Gil. De hecho, cercanos al empresario entienden que éste habría sido víctima si se configurara el presunto delito, al ser parte del directorio al que se le entregó esa información. Esta causa, en todo caso, no ha tenido ningún movimiento desde que fue ingresada a los tribunales hace ya medio año.
Puerto Octay, Bahamas, Miami
Así las cosas, con la resolución en torno a la querella por los honorarios médicos que ya quedó a firme, a Alejandro Gil le están corriendo 30 días de plazo para que entere los $ 30 millones comprometidos de donación a la Corporación de Ayuda al Hospital San Juan de Dios. Personas cercanas a Gil indican que este acuerdo no incluye ningún reconocimiento de responsabilidad en los hechos y quedará sin antecedentes.
E indican que efectivamente él está a la espera de que le restituyan aquellos fondos de fianza de retorno, los que surgieron debido a que durante el tiempo que duró el proceso, Gil estuvo con arraigo en Chile, y atendido que su pareja Cecilia Karlezi está domiciliada en Bahamas, numerosas veces Gil pidió al tribunal que le levantaran la cautelar.
Pero, dicen entendidos, si aquella devolución no sucede dentro del plazo, de todas formas, a través de su abogado, Álvaro Jofré, pagará el donativo acordado. Y así podrá seguir con su vida, como ex marino, director de Enaex, dedicado a la hípica, a su campo en Puerto Octay y viajando a acompañar a Cecilia Karlezi en Bahamas y Miami.
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Azucena González
