El conflicto entre Colbún y comunidades de Curacaví y María Pinto por caída de túnel

Primero la pandemia, después el derrumbe y ahora una cosecha mermada. Como si 2020 no hubiera sido complicado, los agricultores de Curacaví y María Pinto cerraron el año con la pérdida de sus plantaciones, tras casi un mes sin agua, producto de la caída de un túnel en el canal Las Mercedes, que riega parte importante de la zona.

Colbún, que es la encargada de mantener el flujo de agua, descarta negligencia y responsabilidad. Mientras, el gobierno tendrá que destinar varios millones de dólares para ayudar a los afectados y los municipios se quejan de que han debido postergar gastos e inversiones para enfrentar la situación, en medio de la pandemia.

La rotura del canal Las Mercedes se produjo a mediados de noviembre. Según declaraciones de la Asociación de Regantes -dueña del acueducto-, el día 16 de ese mes se dieron cuenta de que algo pasaba en la obra construida en 1880, porque el agua estaba bajando. Aseguran que de inmediato se comunicaron con Colbún, la que unos días después comenzó las reparaciones que tardaron casi un mes.

Entremedio, según los agricultores y los municipios de Curacaví y María Pinto, se secaron miles de hectáreas de plantaciones. El Ministerio de Agricultura está calculando los daños. Y hoy, todo indica que el caso terminará siendo resuelto en tribunales.

Un "adelanto" de cómo será esa pelea, es lo que se puede percibir en la Corte de Apelaciones de San Miguel. El 22 de diciembre, ese tribunal admitió a tramitación un recurso de protección en contra de Colbún, los canalistas, los municipios de Curacaví y María Pinto y hasta la Gobernación Provincial de Melipilla -entre otros-, interpuesto por Carolina Carrasco, presidenta del Comité de Agua Potable Rural Santa Inés de Pataguilla para determinar responsables y conseguir indemnizaciones.

En sus primeras semanas en la corte, ya se pueden observar las enormes diferencias de versiones que existen entre las partes. Desde si se hicieron o no las mantenciones al canal, el número de afectados, si cabe o no una compensación, los daños, etc. Todo está en discusión. La única esperanza de acercar posiciones está puesta en una mesa de trabajo, pero hasta por cuyo apellido hay disputa. Si es de "diálogo", "conversación", "reparación" o "compensación".

En todo caso, DF MAS pudo saber que los municipios, regantes y las organizaciones locales preparan acciones judiciales. Estiman que las pérdidas son millonarias, pero la cifra aún no está clara. 

El Congreso intentó mediar en el conflicto a través de la Comisión de Agricultura del Senado, pero Colbún, el brazo eléctrico del grupo Matte, deslindó su responsabilidad. "El proceso ha seguido su curso normal de tramitación, y tal como lo expresamos ante la Comisión de Agricultura del Senado, negamos absolutamente que haya habido alguna negligencia de nuestra empresa, lo que está refrendado por los hechos ya comentados", sostuvo la firma.

Por lo mismo, en los valles acusan a la eléctrica de los Matte de querer judicializar el caso. Para que se alargue y ganarles por cansancio. Los alcaldes de Curacaví y María Pinto dicen que hoy existen más 4 mil hectáreas que siguen sin regar.

Desde la bocatoma ubicada en el Mapocho -por lo cual su caudal depende de lo que lleve el río-, el canal Las Mercedes fue construido en 1880 como obra del entonces presidente, José Manuel Balmaceda.

Fue hecho a ras de suelo, junto a la roca viva y con revestimientos de cemento en algunas áreas. En sus casi 20 kilómetros debía transportar originalmente 6 metros cúbicos de agua. Pero en 1937, el grupo Matte y la Asociación Canal de las Mercedes firmaron un contrato que subía a 9 los metros cúbicos que serían utilizados por la central hidroeléctrica de pasada Carena (10MW).

En noviembre, cuando ocurrió el derrumbe, el canal llevaba 10 metros cúbicos.
Aunque la obra fue ampliada, tenía filtraciones y rebalses de los que se beneficiaban varios agricultores en su recorrido. Y ellos también figuran entre los afectados.

En Curacaví, su alcalde Juan Pablo Barros sostiene que el derrumbe dejó sin agua ni posterior sustento a cientos de agricultores en una época de riego intensivo y altas temperaturas: "Tenemos cerca de 330 agricultores y más de 4.440 hectáreas en nuestras comuna que fueron afectadas, En promedio, los perjudicados perdieron el 80% de su producción de un año normal y como estamos hablando de pequeños productores, con 12 hectáreas en promedio de terreno, muchos de los cuales arriendan, es una verdadera catástrofe la que sufren, puesto que quedaron sin recursos para su sustento, el pago de deudas y el capital para seguir trabajando", sostiene.

La alcaldesa de María Pinto, Jessica Mualim, habla de "un drama social" que afecta también a los temporeros y dueños de tierras que ahora ven cómo sus parcelas valen menos porque son vulnerables al agua. "Aproximadamente 1.308 agricultores incluyendo agricultores accionistas de Las Mercedes, regantes por derechos de agua del estero Puangue, además de regantes de borde", enumera.

Según los cálculos de los dos ediles, las aguas del canal riegan más de 16.000 hectáreas, algo que Colbún cuestiona: sus cuentas dicen que son la mitad. El Ministerio de Agricultura, ratifica esa cifra (ver recuadro).

A principios de diciembre, los alcaldes y regantes acudieron al Ministerio de Agricultura para pedir ayuda, debido a que conforme pasaban los días el agua no volvía. Unas semanas después, los municipios comenzaron a entregar canastas de alimentos para ayudar a las familias de los agricultores y temporeros afectados.

Por eso, los ediles de Curacaví y María Pinto sostienen que la falta de agua será un problema a mediano y largo plazo en la zona. "Con menor volumen de agua se genera incertidumbre en cuanto al futuro económico de la zona", advierte Mualim.

Y se lo han dicho a la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, con quien se reunieron por última vez a mediados de enero. A través de Indap, el Estado traspasó bonos de $ 250 mil y $ 500 mil, y además los alcaldes consiguieron que BancoEstado prorrogara por un año el pago de créditos de los pequeños agricultores afectados.

Además, a fines de diciembre Agricultura dispuso de más de $2.600 millones para ir en ayuda. "En base a los datos catastrados se determinó que el 55% de esos recursos se destinaran a la municipalidad de María Pinto, y el resto a la municipalidad de Curacaví. Los beneficiarios recibirán entre un $ 1,9 millón y $ 3,5 millones, de acuerdo con la cantidad de hectáreas de cultivos que posean. Además, también se incluye más de $ 1..000 millones que van a los municipios para que den trabajo y mejoren sus capacidades de riego", dice la ministra.

En total, el Estado y las entidades públicas ya han desembolsado más de US$ 5 millones, calculan en la provincia de Melipilla. Según los datos de Agricultura, el principal rubro afectado es el hortícola, con un 50% (4.900 hectáreas) de la superficie perdida. . Le sigue el rubro frutícola con un 19% (1.875 hectáreas), y finalmente el rubro forrajero con un 16% (1.500 hectáreas). "El resto es representado por cereales y praderas con un 8% y 7% respectivamente de la superficie afectada", añadió la secretaria de Estado.

Según la Asociación de Canalistas, las víctimas del derrumbe son pequeños agricultores de maíz, papas y otras hortalizas, que perdieron el 100% de sus cultivos. Sobre los grandes empresarios de la zona, aseguran que ellos enfrentan la pérdida de potencial productivo de sus frutales, por la falta de riego.

Colbún asegura haber actuado con máxima diligencia y entregado ayuda, aun cuando ni legal ni contractualmente estaría obligada.

El alcalde de Curacaví, reitera que él está por una solución al conflicto, y reconoce que la postura de la empresa ha sido la de ayudar a superar los daños, pero se queja que "Colbún se ha limitado a proponer un fondo de ayuda solidaria para los afectados aportando del orden de $ 2.600 millones, monto equivalente al que dispuso el gobierno para ayudar a los agricultores a través de un bono de ingreso agrícola de emergencia". Según sus cuentas, eso equivaldría a $ 150 mil por hectárea. "Es claramente insuficiente, pues es 20 o 30 veces menos", sostiene.

Según los abogados de los canalistas, José́ Joaquín Ugarte, Pablo Correa y Karl Conrads, existe un hecho que demostraría la culpa de Colbún: un informe técnico emitido tres meses antes del derrumbe y que daría cuenta de problemas de estabilidad en el canal y túnel.

Se trata de un informe de la firma Rodríguez & Goldsack que realizaba un estudio sobre la Central Carena, para HR Ingeniería, Ese documento habría advertido sobre el deterioro del canal, precisamente donde se registró el derrumbe. Colbún asegura que el informe completo dice otra cosa: "Primero, señala explícitamente que el túnel se encuentra en general en buen estado, con lo que se ha podido mantener en operación durante los años; segundo, afirma a renglón seguido que los sectores con problemas más críticos de estabilidad se han reforzado en los últimos 10 años y tercero, señala que existen sectores que presentan un cierto grado de riesgo para la estabilidad del túnel, los cuales se recomienda reforzar en los próximos períodos de corta del canal, dándole continuidad a los trabajos de refuerzo que se han realizado".

La firma en sus respuestas a DF MAS destacó el próximo periodo de corta del canal: agosto de 2021.

La firma de los Matte cuestiona por qué los dueños del canal no le comunicaron a Colbún los resultados de ese informe que ahora es tan clave. Y destacan que pudieron retirar más de 2 mil toneladas de escombros, "y fortificar varios metros del túnel en un tiempo récord (20 días desde que se pudo acceder al túnel)".

Cuando los alcaldes fueron al túnel pudieron observar la enorme cantidad de piedras y cerro que se vino abajo. Según la firma no se podía ir más rápido porque el terreno estaba muy inestable. "Colbún trabajó ininterrumpidamente en turnos de día y noche y desde el primer día dispuso medios materiales para paliar los efectos del accidente". Y enumera: más de 50 camiones aljibes, mangas de riego y forraje para animales, entre otras ayudas, todo lo cual fue coordinado a través de las municipalidades.

Consultada por los efectos en sus números, la energética respondió que "los arreglos y demás medidas adoptadas por Colbún han significado importantes gastos que han sido cubiertos exclusivamente por nuestra empresa".

Para las próximas semanas están planteadas nuevas reuniones y conversaciones. El gobierno también quiere que todo se arregle fuera de tribunales. Demasiada agua ha corrido ya.

Ministra: "9.822 hectáreas afectadas"

"Como Ministerio siempre hemos estado disponibles para ser una instancia de diálogo, comprendiendo que este problema ha generado una situación gravísima, especialmente para los pequeños agricultores usuarios de Indap. Este tema se ha venido analizando en una mesa público-privada con las municipalidades, canalistas, agricultores y la empresa, porque nuestro interés es que se llegue a un acuerdo prejudicial. Necesitamos que el canal quede nuevamente habilitado y operativo en un 100%", sostiene la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga.
Según la secretaria de Estado, tras el último catastro realizado por la cartera se determinó que "la superficie preliminar afectada alcanza las 9.822 hectáreas, esto impactó a cerca de 700 agricultores, según el recuento realizado en conjunto con las municipalidades de María Pinto y Curacaví, con fecha de corte del 23 de diciembre. No obstante, se ha seguido trabajado en identificar a más agricultores afectados, y para eso se acordó con los alcaldes un nuevo plazo de cierre de este catastro con fecha 31 de enero. Esto actualmente está en proceso de revisión". En base a esa información se definieron las ayudas y sus montos.
Undurraga añade que la asociación de canalistas debe velar por la integridad del caudal, e hizo un llamado a Colbún a seguir en la mesa. "Creo que esta es una gran oportunidad para una empresa de demostrar su compromiso con la comunidad a la que pertenece, y que esa actitud que en la actualidad se le exige a las empresas, en general, no quede solo en discursos sino que se traduzca en hechos concretos de buen vecino".