Este lunes a las 21:26, el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Rancagua, Claudio Meneses, ingresó un documento a la Corte de Apelaciones de esa ciudad. Por ese hecho queda de manifiesto que el persecutor de la región de O’Higgins ya había iniciado una nueva investigación penal vinculada a Codelco. Esto, antes de que el fiscal nacional Ángel Valencia anunciara el martes formalmente que sería esta fiscalía regional la que se haría cargo de una peliaguda indagatoria: la denuncia por la supuesta sobreestimación irregular de la producción en Codelco, de casi 27 mil toneladas.
Aquel documento da cuenta de que la fiscalía se activó de manera muy rápida en las diligencias del caso y que, sin titubeos, el persecutor buscó resguardar que, para efectos de esta nueva indagatoria por la presunta sobreproducción, no se destruyera evidencia del celular y otros medios tecnológicos de Máximo Pacheco, el hoy expresidente del directorio de Codelco.
“Esta nueva investigación hace necesario revisar la información (comunicaciones, mensajes, documentos, audios u otros) extraída de celulares y aparatos tecnológicos de don Máximo Pacheco, ex presidente del directorio de Codelco. Pero dicha información se ordenó destruir por la resolución judicial del tribunal de garantía de Rancagua, impugnada mediante la apelación que motiva este recurso de hecho. Es palmario que esa eliminación de datos resulta lesiva para el esclarecimiento de esta reciente denuncia”, dice el citado documento del lunes, el que agrega: “la limpieza o borrado de información es irreversible (…) No es posible destruir evidencia que a futuro puede ser necesaria, y estos nuevos acontecimientos vienen a confirmar estas alegaciones”.
Un poco de contexto. Esta misma fiscalía de O’Higgins es la que ya tenía a su cargo la indagatoria por el accidente fatal en la División El Teniente de Codelco ocurrido el 31 de julio de 2025, que costó la vida a seis trabajadores que prestaban servicios en esa faena. Se trata de una indagatoria hasta ahora desformalizada, pero en la que hay unas 33 personas en calidad de imputadas, entre ellas, el mismo expresidente Máximo Pacheco.
Y en ese marco, Pacheco ya había hecho entrega de manera voluntaria de la información de su computador asignado por Codelco y de su teléfono móvil. Pero luego el juez de garantía de Rancagua había decretado la destrucción o borrado -reseteado o incineración- de los datos que no guardaran relación directa con esta específica indagatoria sobre el accidente.
De allí que la fiscalía buscó resguardar este material, ahora a la luz de la nueva indagatoria por la sobreproducción, que lidera el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos. El abogado Juan Domingo Acosta, quien representa a Máximo Pacheco en la causa por el accidente, activó en la Corte un “téngase presente”, dejando en claro que hay limitaciones a que se acceda a información contenida en los dispositivos incautados con fines diferentes. Y la Corte rechazó el pedido del fiscal de Rancagua. El persecutor, no obstante, se apresta a insistir en la justicia (ver entrevista relacionada), mientras fuentes cercanas a Pacheco indican que es “absolutamente improcedente” el actuar de la Fiscalía.
El nuevo caso se indagará bajo la presunta posibilidad de que haya fraude al fisco o administración desleal, que podría hacer que se active también el Consejo de Defensa del Estado (CDE). No tanto por el monto involucrado en la presunta irregularidad, sino por la señal y la conmoción pública generada. Un caso que se desencadenó por una denuncia anónima -de unas 300 de este tipo que llegan a Codelco al año- y que, coinciden moros y cristianos, empañó la gestión de Pacheco hacia el final de su período como timonel de Codelco, cargo en el que sí tuvo muchas luces, como la red de alianzas que logró abrochar para la estatal, incluida la de Novandino Litio con SQM.
El puzzle
El porqué radicar en la Fiscalía de O’Higgins esta nueva indagatoria, aguanta varias tesis. La más formal apunta a que este fiscal ya está empapado de la orgánica interna de Codelco, de cómo opera su gobierno corporativo, qué decisiones y autorizaciones están radicadas en el directorio y cuáles a nivel de presidente ejecutivo, y qué facultades están radicadas en cada rango de la alta gerencia. Y eso le dará economía procesal de cara a la nueva indagatoria.
Pero también hay quienes incluso ven que hay una conexión de ambas situaciones, el accidente y la posible sobreproducción. Algo que desliza el abogado Jaime Gatica Illanes, querellante en la causa del accidente fatal, quien representa a una de las familias afectadas, la del trabajador Moisés Pavez Armijo. “Es positivo que se radiquen ambas investigaciones en el mismo fiscal, porque esto es un puzzle. Se está llegando a descubrir que hay una suerte de corrupción interna”, aventura este abogado.
Como sea, el nuevo caso hasta ahora ha dejado damnificadas a ocho personas que han estado relacionadas a la cuprera estatal, quienes han activado sus defensas. Según un Resumen Ejecutivo de la auditoría al que DF MAS tuvo acceso, es al gerente de Presupuesto y Control de Gestión de Codelco -el hoy desvinculado César Márquez- el identificado como el principal “articulador” de la iniciativa, quien fichó al abogado Juan Pablo Hermosilla para su defensa.
El siguiente en la lista de responsables que figura en el documento es el gerente corporativo de Recursos Mineros y Gestión de Producción (Juan Cristóbal Videla). Y luego el ex vicepresidente de Operaciones (Mauricio Barraza, quien ya había sido desvinculado en febrero). Estos tres cargos son considerados como los responsables en el acápite de “desviaciones altas” del documento. Y luego vienen, en el grupo de las “desviaciones medias”, los gerentes generales divisionales de Chuquicamata y Ministro Hales, además de los respectivos gerentes de recursos mineros de ellas, y el gerente de la planta de tostación de Ministro Hales. Todo surgido por la denuncia anónima que fue ingresada al sistema llamado Ethic Points, de Codelco, bajo el número 167.
Óxidos y el IFC 108
Para entender el caso, bien vale explicar cómo opera Codelco en materia de contabilización de su producción. Al final de cada año, como todas las mineras, hace gestión de inventarios, lo que implica que, bajo ciertas condiciones de excepción, hay material que puede considerar como “producción”, adelantando mineral aún en procesamiento que estará en unos meses más para entrega.
¿Qué pasó con las famosas 26.875 toneladas? En este caso, los plazos estaban fuera de rango para aquello. En el detalle, de las 20 mil toneladas de Chuquicamata eventualmente irregulares, por primera vez consideraron “óxidos”. Dicho en simple, roca verde apilada que no había sido procesada, pero que ahora, con los altos precios del cobre en los mercados internacionales, hacia sentido hacerlo. Pero su procesamiento efectivo estaba programado para 2026 y 2027.
Y en el caso de las 6.875 toneladas de la División Ministro Hales eran arsenito de calcio, que era susceptible de tratarlo en la filial Ecometales, pero que requerían procesamiento futuro entre 2026 y 2031.
En suma, en uno y otro caso, estos materiales requerían procesamiento futuro, no cumplían las condiciones de la norma para ser considerados producto final y no estaban disponibles para ser comercializados, todos requisitos que plantea la excepción de la norma, que están en un instructivo específico: el IFC N° 108 que según la gerencia de Contabilidad regula los subproductos en proceso.
En la tesis de Codelco, Márquez “colabora” o “coordina” que esta producción sea ingresada, más allá de la facultad propia, y es quien le envía una nota al gerente de Chuquicamata, René Galleguillos, que inicia el proceso para considerar y analizar este caso de negocios -la hoy cuestionada producción-, en circunstancia que los antecedentes aportados por el mencionado gerente de la división apuntan a que éste ya tenía cerrada su producción, había alcanzado sus niveles, y no veía necesario el requerimiento. Pero le insistieron. Fuentes cercanas a la estatal aseguran que la nota que aprueba este caso de negocios la firmaron sólo Barraza y Márquez, omitiendo que requerían otras aprobaciones obligatorias, de Contabilidad y Servicios Comerciales, en el caso de Chuquicamata. “Hay decisiones evidentes en el caso de Barraza y Márquez que hablan de haber hecho aprobaciones fuera de la norma, con una mala interpretación, y en el caso de Márquez, incluso fuera de sus atribuciones”, dicen entendidos de la estatal, mencionando un documento datado en la última semana de diciembre en que Márquez aparece firmando como vicepresidente de Estrategia y Control de Gestión subrogante, dado que el titular de esta unidad, Sebastián Court, estaba de vacaciones.
¿La tesis al interior de la estatal? Amparados en la norma de excepción, buscaron cumplir con las metas de producción globales de Codelco, y ayudar a compensar la afectación que había tenido el accidente fatal de El Teniente, de julio de 2025, cuya paralización de faenas generó una merma de 13% en su desempeño productivo del año. ¿Por los bonos? Personas del interior de la estatal dicen que hay una implicancia en bonos -en el promedio per cápita, significan unos $ 2 millones en este caso-, aunque aseguran que nadie pondría en juego su prestigio profesional y su carrera en minería por montos que, si bien para el grueso de los chilenos pueden parecer abultados, en el contexto de las remuneraciones de Codelco no mueven la aguja. Datos del último período informado por la estatal, de mayo 2025 a abril 2026, muestran que Mauricio Barraza -que salió de la firma el 13 de febrero pasado- tenía una remuneración líquida total anual de $ 242,9 millones, mientras René Galleguillos (de la División Chuquicamata), de $ 436,9 millones.
“El mejor 360”
Pero como en toda controversia, hay un contrapunto total en la versión de cercanos a los involucrados. No hay dos opiniones en que César Márquez era considerado en la estatal un profesional no sólo destacado, mateo, sino que muy querido. En las evaluaciones 360 (entre pares), era frecuente y ocurrió en varios años que salió como El Mejor 360, “el mejor compañero”, dicen entendidos.
“Era una institución en Codelco. Bonachón. Pecó de bueno. Pero evidentemente no es su culpa”, dice un personero que lo conoció en Codelco, mientras otro apunta a que, en este caso, afortunadamente, hay documentación que puede permitir ver que esta práctica de acopiar el máximo de producción era extendida y conocida en la estatal, compartiendo bajo reserva con DF MAS, un correo que, a juicio de este conocedor, así se refleja.
“Así vamos a la fecha con la cuenta del carnicero respecto a la operación rastrillo 2025. Durante noviembre ingresamos lo que más pudimos, eso nos pegó en los inventarios comerciales de fin de mes, pero nos mejora el plan de diciembre. Seguimos trabajando con las divisiones para poner en valor todo material con cobre”, dice parte de un correo, fechado el 9 de diciembre, que envía Braim Chiple, el vicepresidente de Comercialización, a Rubén Alvarado, el presidente ejecutivo de la estatal, y en el que están copiados varios altos ejecutivos de Codelco. Mail que, en todo caso, Alvarado relaciona a cobre recuperado desde procesos normales de limpieza, incluso ya vendidos, haciendo un total distingo con los productos no terminados objetos de la indagatoria.
“César Márquez va a defender lo que hizo, desde el punto de vista técnico y normativo, pues cumplió con las normas de excepción, que son válidamente aplicables a este caso. Y actuó con transparencia, sin engaño, pues los hechos fueron conocidos por decenas de personas del mundo ejecutivos de Codelco, en una situación que no es opinable, porque están los correos que lo respaldan”, dicen fuentes. Bajo esta tesis, en el entorno de Márquez se cuestionan por qué Codelco decidió no modificar sus estados financieros si cree que esto está mal contabilizado y hubo menos producción.
Por si fuera poco, la desvinculación de Márquez, dicen cercanos al exejecutivo, ocurrió mientras estaba con licencia médica, la que se había activado debido al episodio de enorme estrés que le sobrevino al verse envuelto en esta vorágine, en la que le dieron sólo 24 horas para contestar los requerimientos formulados con la auditoría que selló su destino. Esto añade una ilegalidad a un despido que ya estimaba como injustificado, lo que hará valer en tribunales. “Va a hacer una defensa vigorosa de sus derechos y va a defender su nombre”, dicen fuentes del entorno de Márquez, quienes estiman que fue el chivo expiatorio de una vendetta para enlodar la gestión de Máximo Pacheco.
Fiscal Aquiles Cubillos y las tomas de declaración que vienen:
“Tamara Agnic seguramente va a ser una de las primeras”
- ¿Incidió para que a usted le asignaran esta investigación que ambas situaciones de Codelco estén conectadas, el accidente de El Teniente y ahora la sobreproducción?
- No es lo que incidió. El fiscal nacional tuvo en cuenta que nosotros ya teníamos conocimiento de la empresa, de su estructura, de los ejecutivos y también habíamos incautado evidencia digital cuantiosa, y eso podría facilitar el trabajo en esta segunda investigación.
- ¿Pero pueden entenderse como eslabones de una misma cadena, una pérdida de producción generada por el accidente fatal para luego intentar mejorarla?
- No tenemos antecedentes que nos permitan levantar esa hipótesis, por lo menos por ahora. Son dos causas diferentes. Incluso nosotros ya estamos hablando de Codelco 1 y de Codelco 2, para poder distinguirlas.
- Ustedes ya fueron a la Corte de Apelaciones, buscando que no se destruyera la información de Máximo Pacheco…
- En la causa por el accidente se solicitó la devolución de aquella parte de la extracción del teléfono que no tuviera relación con esto. Y nosotros señalamos que esa evidencia digital no se podía dividir conforme a que es una misma evidencia. Lo que vamos a utilizar para la investigación del accidente es aquello que sólo diga relación con el accidente, que fue lo que autorizó el tribunal. (Pero) se podría plantear que la Fiscalía u otros intervinientes -por ejemplo víctimas, querellantes o defensas- requieran alguna diligencia sobre ese teléfono. Si nosotros devolvemos el teléfono, obviamente nos quedamos sin esa posibilidad. Y una de las situaciones que le dimos como ejemplo al tribunal, era que precisamente podían surgir nuevas aristas, que fue lo que sucedió. Surge una nueva causa, que nos da la razón de que puede haber otras investigaciones que obligarían a volver sobre ese teléfono. Lo que pasó en (el caso) Hermosilla, que el teléfono se ha abierto en virtud de distintas órdenes judiciales para distintas causas, por distintas investigaciones, que dicen relación con otras personas o con otras materias, en donde distintos tribunales han autorizado acceder a ese teléfono. Y ese teléfono ha estado disponible. Nosotros dijimos “acá puede llegar a suceder eso” y, por tanto, el teléfono tiene que estar disponible y por eso que no se puede entregar. El tribunal resolvió algo distinto y no nos dio la razón, pero los porfiados hechos hoy nos dan la razón a nosotros. Vamos a seguir insistiendo.
- ¿Hay otras instancias legales?
- Uno de los querellantes en esa causa interpuso un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impedir la devolución. Y estamos viendo cómo hacerlo jurídicamente, a raíz de esta segunda causa. Vamos a intentar todas las acciones judiciales para resguardar la prueba.
- ¿Cuál es su impresión del caso de la sobreproducción?
- Estamos recién revisando la auditoría. Y vamos a proceder a tomar declaración a las personas que practicaron la auditoría y que hicieron la denuncia. Y recién ahí vamos a tener líneas de investigación para levantar.
- ¿Pero hipotéticamente cuáles podrían ser las motivaciones?
- Se supone que la motivación principal o primigenia es el logro o la obtención de los bonos.
- ¿Puede haber incentivo perverso en esta estructura de bonos de la firma?
- Sin duda. No lo descartamos. Podría ser esa la motivación.
- ¿Hay dolo o puede haber simple negligencia?
- Estamos investigando qué delitos podría haber en estos hechos. Si hubo errores, negligencias o derechamente una intención, y con qué motivo.
- ¿Pero de todas formas se configuran delitos?
- En el caso de que haya intención o dolo, sí.
- ¿Pero si hubo simple negligencia?
- Tendríamos que ver si se da algún tipo penal que contemple sólo culpa que pudiera ser aplicable. No todas las figuras penales que estamos investigando nos sirven, porque la gran mayoría requiere dolo. Administración desleal, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, falsificación de instrumento público son algunos de los delitos que podría haber dentro de los hechos que se han denunciado. Podría haber otra figura, no lo descartamos, pero tenemos que ir estudiando. Hoy estamos hablando sólo a partir del informe de auditoría y de lo que se denunció. La experiencia nos indica que, al empezar a investigar, podríamos encontrar otras cosas.
- Dado que 2025 no es el único año en que esto ocurrió, ¿van a investigar más hacia atrás?
- Sí, sin duda. No sería el único mes de diciembre en que habría ocurrido un aumento (de producción). Obviamente eso nos va a llevar a revisar años anteriores. Para poder establecer algún período, seguramente vamos a ver la normativa, desde cuándo está vigente esta normativa interna de Codelco que permite contabilizar estas sustancias dentro de la producción. Ahí vamos a tener el primer marco de tiempo.
- ¿Cuáles van a ser las primeras diligencias?
- Hay un número de ejecutivos señalados en la auditoría respecto de los cuales para nosotros es importante tomarles declaración próximamente. Va a ser una de las primeras diligencias. Y obviamente también tomarle declaración al equipo de auditoría para que nos dé mayores detalles sobre la investigación interna.
- ¿Van a tomarle declaración a Máximo Pacheco y también a Tamara Agnic?
- Tamara Agnic, como una de las directoras denunciantes, que es la primera que toma conocimiento, seguramente va a ser una de las primeras que vamos a tomar, quizás incluso antes que a Máximo Pacheco.
- ¿Los presuntamente involucrados quedarían para una segunda etapa?
- Lo más probable. Todavía tenemos que definir la oportunidad, porque estas declaraciones las tomamos cuando ya tenemos más antecedentes, porque si no podría llevar a que sea necesario una segunda y una tercera declaración después. Para evitar eso, tratamos de primero avanzar con los requerimientos de información hacia Codelco para tener todos los antecedentes.
- ¿Podría haber más involucrados, el mismo presidente ejecutivo o a nivel del directorio de Codelco?
- Nosotros no descartamos nada. Estamos iniciando recién una investigación y los antecedentes que tenemos son súper pocos.
- ¿Cuál es el estado de la indagatoria por el accidente fatal? ¿Está próxima la formalización?
- No todavía. Estamos a la espera de un peritaje que hemos encargado al Dictuc para establecer la causa del estallido de roca. Una vez que tengamos ese resultado, vamos a estar en condiciones de tomar decisiones. Hay alrededor de 30 sujetos de interés, quienes están en calidad de imputados, porque son personas que hemos tenido que pedir autorización judicial para hacernos de equipos electrónicos y obtener su vaciado. Pero muy probablemente si llegamos a formalizar, van a ser menos sujetos.
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