Petroperú, la mayor empresa estatal de hidrocarburos de Perú, enfrenta una nueva fase de incertidumbre en medio del deterioro financiero que atraviesa la compañía y las dudas sobre el futuro de su reorganización.
Y es que la Comisión de Energía y Minas del Congreso peruano decidió suspender temporalmente el debate del proyecto que buscaba derogar el decreto de urgencia impulsado por el Ejecutivo como parte del proceso de reestructuración iniciado en 2022 para reorganizar patrimonial y financieramente a la compañía.
La iniciativa parlamentaria pretendía frenar mecanismos de promoción de inversión privada en la empresa estatal bajo el argumento de evitar una eventual privatización y resguardar la soberanía energética del país.
Sin embargo, durante la sesión realizada el martes, los legisladores optaron por aplazar la votación y priorizar la recopilación de opiniones técnicas de entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ProInversión e Indecopi, antes de continuar con la discusión de fondo sobre el futuro de la normativa.
US$ 2.500 millones de pérdidas acumula Petroperú en los últimos cuatro años.
La suspensión del debate legislativo se produjo días después de que la compañía anunciara un nuevo cambio en su directorio.
La Junta General de Accionistas acordó el sábado 2 de mayo designar a Edmundo Lizarzaburu Bolaños como presidente del directorio, convirtiéndose en el cuarto ejecutivo en encabezar la petrolera en lo que va de 2026 y el número 14 en los últimos cinco años.
Lizarzaburu reemplazó a Roger Arévalo Ramírez, quien la semana pasada advirtió que el deterioro financiero de la estatal amenazaba con paralizar refinerías clave del país y generar problemas en el abastecimiento de combustibles.
El entonces presidente de Petroperú solicitó un financiamiento superior a US$ 2.000 millones con garantía estatal para evitar la detención de operaciones y asegurar la continuidad del suministro.
Dicha advertencia se produjo luego de la paralización de la refinería de Iquitos, ubicada en la provincia de Maynas, y en medio del riesgo de un eventual cese de operaciones en las plantas de Talara y Conchán -ubicadas en las provincias de Talara y Lima-, debido a la falta de recursos para adquirir materias primas.
“La refinería de Iquitos está parada por falta de combustible, la de Talara está por parar y la de Conchán también. Si no tomamos medidas de emergencia, Perú se queda sin combustible”, declaró Arévalo en una presentación ante el Parlamento.
Las cifras de la crisis
La nueva arista de la crisis y las advertencias operativas se producen en medio del complejo escenario financiero que atraviesa la estatal peruana.
Durante el primer trimestre de 2026, la compañía reportó ingresos por US$ 770,1 millones, un 21,43% menos que los US$ 980,2 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, en medio de menores niveles de venta de combustibles y problemas de liquidez que afectaron el suministro de crudo para su procesamiento.
A ello se suma el elevado nivel de endeudamiento que continúa enfrentando la compañía. Durante su exposición ante el Congreso peruano la semana pasada, Arévalo señaló que las obligaciones acumuladas de Petroperú ascendían a US$ 7.899 millones.
De ese total, US$ 3.578 millones correspondían a deudas de corto plazo, incluyendo capital de trabajo, y el resto a deuda de largo plazo.
Además, indicó que la compañía también mantenía compromisos con proveedores, algunos de los cuales ya habrían advertido sobre posibles procesos concursales, mientras otros habrían comenzado a exigir pagos al contado para continuar suministrando crudo.
“En estos momentos no tenemos ni para pagar”, reconoció Arévalo ante los legisladores.
Asimismo, el entonces presidente de la estatal aseguró que Petroperú había perdido alrededor de US$ 2.500 millones en los últimos cuatro años, atribuyendo parte importante del deterioro financiero al aumento de costos de la Nueva Refinería de Talara.
Dicho proyecto formó parte de una iniciativa de modernización cuyas obras comenzaron en 2014. Sin embargo, terminó derivando en la construcción de una nueva planta, cuya puesta en marcha comenzó recién en 2023.
Si bien se esperaba que la refinería operara a su capacidad máxima de 95.000 barriles diarios, actualmente y según reportaron medios peruanos, su producción se ha reducido a cerca de 60.000 barriles diarios.
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