Abogados sugieren “cláusula” de salida para que empresas revisen sistema al que optaron


Ya claras las indicaciones al proyecto de reforma tributaria, la convivencia de los dos sistemas opcionales para el impuesto a la renta sigue generando debate entre los expertos. Ahora el turno correspondió al plazo de permanencia de cinco años que establece la iniciativa, ya que lo consideran “extenso”.

Lo anterior, en un contexto donde los contribuyentes tendrán la obligación de avisar tres meses antes al Servicio Impuestos Internos (SII) la decisión de cambiarse del esquema parcialmente integrado al de renta atribuida o viceversa.

El director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, Gonzalo Polanco, planteó la posibilidad de establecer una cláusula de salida con razones específicas y excepcionales para que la empresa pueda, por ejemplo, a los 2 años y medio cambiarse de sistema.

“Se pudo establecer alguna cláusula de salida en casos excepcionales y con la debida autorización del Servicio de Impuestos Internos, para que las empresas evalúen el régimen que optó y poder analizar si le conviene seguir en el mismo o bien cambiarse”, afirmó.

Argumentó que “en cinco años la situación económica puede variar mucho, entonces el escenario por el cual se planifica puede variar”.

Hans Caro, socio RSM Chile Auditores, acotó que “no hay un antecedente jurídico de por qué se establece este plazo (5 años), que por lo demás es un poco esclavizante. Desde un principio no se ha distinguido el porqué se fijan cinco años o por qué no hay una gradualidad a los 3 años. Todo esto será parte de la discusión”.

Para Juan Pablo Cabello, de Cabello, de Letonja & Cía, “es perfectamente evaluable que el plazo en vez de que sean cinco años, puedan ser tres, ya que un período de cinco años puede ser un poco largo”.

Mientras que Javier Jaque de KPMG acotó que “sería ideal, ya que una mayor flexibilidad siempre es recomendable para las empresas”.


Perfeccionamientos


Los expertos también 
coinciden en que este sistema aumenta la complejidad tanto para administrarlo como para fiscalizarlo, por ello, coinciden en que más allá de la aprobación del texto, el sistema deberá tener ajustes y cambios una vez implementado.

“Las indicaciones tienen muchas más páginas que el proyecto mismo y lo que va a ocurrir es que poco a poco -y mas allá de la aprobación en el Congreso-, se irán descubriendo problemas, por lo que se necesitara un mejoramiento permanente”, puntualizó Cabello.

Polanco argumentó que “todo proyecto de esta envergadura implica la necesidad de normas adecuatorias, algunas por ley, otras vías normas del SII. Las indicaciones son un trabajo muy grande, pero surgirá la necesidad de modificar algunos aspectos debido a la magnitud de la reforma”.

Caro coincidió en el análisis y acotó que “la práctica cotidiana irá resolviendo las dudas y, al mismo tiempo, planteando otras que a la fecha no logramos visualizar. Éste es un proceso de establecimiento de la nueva normativa y adecuación, tanto de los contribuyentes como de los agentes económicos”.

El nuevo sistema de impuesto a la renta también trae como consecuencia que las empresas deberán tener una mayor planificación tributaria para analizar cuál de las dos opciones les conviene. “Más allá del plazo de tres meses que se establece para avisar del cambio de sistema, se deberá hacer un estudio profundo de los sistemas con mayor tiempo, por lo que requiere un estudio de planificación tributaria”, agregó Jaque.