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Publicado: Viernes 27 de junio de 2014 a las 05:00 hrs.
La Armada de Chile dio a conocer esta semana los detalles de un operativo de fiscalización de la Zona Económica Exclusiva en el área insular de las islas Pascua y Sala y Gómez. Lo anterior, con el fin de disuadir y controlar eventuales flotas pesqueras de bandera extranjera que estén desarrollando labores extractivas de forma ilegal. En el último tiempo, embarcaciones foráneas han sido detectadas por los propios isleños, depredando recursos pesqueros.
Por esta razón, es que el patrullero de zona oceánica OPV “Comandante Toro” y una aeronave tipo P3 de exploración aeromarítima fueron comisionados a realizar labores de control y fiscalización en dicha área insular. “La labor de vigilancia que realizamos en las 200 millas correspondiente a la Zona Económica Exclusiva (ZEE), asegura que los recursos nacionales se encuentren a salvo de capturas indiscriminadas, lo que refleja el compromisos con los intereses económicos del país”, señaló el director de Seguridad y Operaciones Marítimas, Contraalmirante Iván Valenzuela Bosne en relación al despliegue de unidades de la Armada en esta misión.
Los patrulleros oceánicos (OPV) de la Armada son sólo tres y cumplen, principalmente, con la vigilancia y control de la Zona Marítima Jurisdiccional; búsqueda y rescate en la zona marítima de responsabilidad nacional; control y combate de la contaminación acuática; apoyo al mantenimiento de la señalización marítima; y apoyo logístico a zonas aisladas.
Este tipo de operativos permite cumplir con la labor de vigilancia oceánica para proteger los intereses nacionales, justo ahora que Chile firmará la próxima semana su adhesión a un acuerdo internacional para cautelar especies de gran importancia económica para el país, garantizando su conservación y explotación sostenible.
Con relación a la polémica norma, el secretario de Estado dijo que "es el Congreso el que va a tener que evaluar particularmente si esta norma puede prosperar y en qué condiciones, pero eso es parte del debate democrático”.
Un dictamen de Contraloría que obligó a la Municipalidad de Iquique a invalidar más de 100 permisos ya otorgados, sentó un precedente. "Los planos deben cumplir las normas urbanísticas vigentes al momento de su tramitación final. Hoy hay proyectos en Antofagasta que no cumplen esa exigencia”, dice Rodrigo Andreucci.
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 y está orientada a startups y scaleups que integren tecnología, sostenibilidad y digitalización para transformar la operación y la experiencia en centros comerciales de la región.
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