Bachelet define inicio de “proceso constituyente” y anuncia “severo” paquete de medidas anticorrupción

A minutos de finalizar la cadena nacional que realizó para anunciar una serie medidas para enfrentar la crisis institucional por la que atraviesa el país y establecer un marco regulatorio entre la política y los negocios, la presidenta Michelle Bachet fijó el inicio del proceso por medio del cual dará cumplimiento a la tercera reforma comprometida durante su campaña a La Moneda: la nueva Constitución.

Así tras detallar las propuestas adoptadas a partir del informe que le fue entregado el pasado viernes por el consejo anticorrupción, la mandataria señaló que "la tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución".

Y continuó: "En Septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos".

Previamente la jefa de Estado había planteado en líneas generales las medidas que liderará su gobierno a fin de establecer un nuevo marco para regular la relación entre la política y los negocios, a partir de las cerca de 236 iniciativas discutidas y acordadas por el consejo que lideró el economista Eduardo Engel.

En su intervención la mandataria partió reconociendo la gravedad de los hechos que se han ido conociendo, y que investiga el Ministerio Público: "El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad. Los chilenos y chilenas están molestos", expresó.

La Presidenta calificó las medidas como "severas", adelantando "que algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturados por el poder del dinero".

Bachelet tal como lo venía diciendo desde la semana pasada volvió a reafirmar que será ella quien lidere este proceso, destacando que la trascendencia de estas reformas "marcarán el legado de mi gobierno".
Sobre las medidas concretas, respecto a los partidos, reafirmó que no habrán aportes anónimos ni reservados, siendo el Estado quien financie la actividad política.

En esa línea detalló que "será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes. Ésta es una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y mayor participación ciudadana".

Además confirmó el fortalecimiento del Servel y del Tribunal Calificador de Elecciones, asi como la autonomía constitucional del primero. De igual modo anunció la ampliación del rango de aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública.

Sobre el financiamiento de las campañas, dijo que se tendrán que reducir sus costos: "Por ello, reduciremos el gasto, sólo podrá hacerse propaganda en zonas delimitadas y serán delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas".

En los negocios

En un segundo punto abordó las formas en que se hacen negocios, destacando que "buscar ganancias transgrediendo las normas éticas y legales, no es progreso, sino retroceso".

En ese plano, sin aludir directamente al caso de su hijo, Sebastián Dávalos, se refirió concretamente a la especulación inmobiliaria, por la cual se le investiga a él y a su señora, Natalia Campagnon: "Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores".

Asimismo adelantó que "Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas.

Y "tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios".

Agregó que "el Estado no es para hacer negocios, y los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado".

De igual forma planetó que "vamos a ampliar y reforzar las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública. Ampliaremos el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado, a parientes de las autoridades".

Tal como muchos parlamentarios de la Nueva Mayoría le habían pedido al gobierno, la Presidenta también fijó plazos para implementar estos anuncios.

"Para las medidas administrativas nos hemos puesto un plazo de quince días para dictarlas y para los proyectos de ley, un plazo máximo de 45 días para su ingreso al Parlamento".

Así también, indicó que a fines de la próxima semana se entregará el plan completo de medidas en la materia.

En lo inmediato la mandataria, firmará hoy en La Moneda las nuevas urgencias a los proyectos de ley sobre la probidad y contra la corrupción.