“El proyecto de ley tiene un foco adecuado al impulsar el crecimiento, pero para ser efectivo y consistente debe mitigar los riesgos fiscales que genera”.
Este planteamiento resume un análisis que hizo el Centro de Estudios Públicos (CEP) sobre la propuesta de reconstrucción y reactivación económica nacional que envió el gobierno al Congreso y que esta semana entró en la discusión del articulado en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Suscrito por los investigadores Rodrigo Vergara, Sylvia Eyzaguirre, Jorge Rodríguez, Sebastián Soto, Roberto Cases, Patricio Pliscoff y Andrés Araya, el análisis advirtió que “las observaciones, en ningún caso, buscan cerrar el análisis del proyecto; muy por el contrario, buscan abrirlo para perfeccionarlo”.
En conjunto, dijo el análisis, las medidas del proyecto delinean un claro foco de impulso a la actividad, pero cuando se analizan de manera agregada “emerge un desafío decisivo: su consistencia fiscal”, pues “mientras el crecimiento es una promesa que se construye en el tiempo, los efectos fiscales negativos del proyecto son inmediatos”.
Así, una gran proporción (45%) del financiamiento de la propuesta hasta 2030 no proviene de la propia iniciativa legal, sino que de ajustes de gasto complementarios. A ello se suma que el 28% descansa en mayores ingresos esperados por crecimiento “que pudieran no llegar”.
Acelerar el tranco
El CEP partió destacando que el crecimiento económico es el mecanismo que amplía el espacio de acción de una sociedad y, en esa lógica, valoró el aporte de la reducción de impuestos a las empresas -que el proyecto plantea de 27% a 23%-, la simplificación de la “permisología” y la invariabilidad triburaria.
Un punto porcentual de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) suena marginal, dijeron, para de inmediato añadir que, en economía, “separa dos historias: una donde se acumulan recursos y otra donde se agotan. Es la distancia entre un Fisco que gana espacio para solventar sus políticas públicas y otro que lo pierde”.
Decidor, señalaron que si Chile hubiese crecido al 3% en lugar del magro 2% promedio anual durante los últimos doce años, el tamaño de la economía sería 12,3% mayor en 2025. Esta diferencia equivale a cerca de 70 veces el costo de la reconstrucción de viviendas tras los incendios en Ñuble y Biobío, o a 170 veces el financiamiento requerido para la alerta oncológica del actual gobierno.
De ahí que valoraron la meta de la administración Kast de acercarse a un ritmo de 4% al término del mandato. Pero esa promesa, reconocieron, abre la pregunta de si es posible lograrlo dado el punto de partida y el escenario proyectado.
Y junto con recordar que Hacienda estima que el proyecto podría aportar cerca de 0,8 punto porcentual al 2% actual -lo que consideraron “relevante”-, plantearon que se requieren esfuerzos adicionales. Esto, en la lógica de que la aspiración del 4% “descansa en supuestos exigentes sobre cuánto se logrará simplificar el sistema de permisos para aprobar inversiones, la respuesta de la inversión ante menores impuestos y menor burocracia, y cuánto de ese impulso se traducirá en mayor productividad”.
Con respecto al equilibrio fiscal, “la evidencia es clara: menores impuestos pueden impulsar el crecimiento económico, pero no compensan plenamente la menor recaudación. Además, pequeños cambios en los efectos -algo no controlable por la autoridad- pueden alterar significativamente los resultados en el PIB y, por ende, también en lo fiscal”, argumentaron.
Así, mencionaron que los riesgos ya han sido identificados por instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
Una a una
Al detenerse en las medidas que más aportan al crecimiento, señalaron que en el caso de la reducción del impuesto de Primera Categoría -que busca recuperar competitividad tributaria, pero que tiene un costo fiscal- la credibilidad es clave. O sea, “para que el incentivo funcione, los agentes deben confiar en que la rebaja será permanente. Si existe el riesgo de que se revierta por desequilibrios fiscales o por un acuerdo político débil, el incentivo se diluye”.
Por tanto, expusieron que “la medida apunta en la dirección correcta para recuperar dinamismo y competitividad; pero sostenerla política y fiscalmente es lo que la hará creíble y efectiva”.
Al profundizar en el atractivo de reducir la “permisología”, dado su bajo costo fiscal y el alto impacto en el PIB, advirtieron que importan los detalles y que, en varios aspectos, requieren ser perfeccionadas en su diseño”.
El análisis del CEP profundizó en los efectos del régimen piloto y voluntario de evaluación ambiental; el régimen de intervenciones ante hallazgos con valor patrimonial; el reforzamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) y la reducción de la judicialización y acortamiento de plazos.
Ya en el terreno de la invariabilidad tributaria que propone el proyecto, lo calificaron como un “ancla potente para la inversión”, pero al mismo tiempo advirtieron que genera un trade-off claro: a mayor certeza para los inversionistas, menor flexibilidad de la autoridad para adaptar la política tributaria a nuevas condiciones.
“Sin duda, esta es una medida procrecimiento, pero su diseño importa. Extenderla a proyectos de tamaño menor y de retornos relativamente rápidos no parece justificado, por lo que el umbral propuesto -US$ 50 millones- debería revisarse al alza. Tampoco hace sentido que este beneficio se otorgue sin un cargo recaudatorio adicional, tal como lo tenía el DL-600”, plantearon.
Haciendo un punto especial sobre el crédito tributario al trabajo, considerando que es una de las políticas de mayor costo fiscal incluidas en el proyecto -US$ 1.400 millones anuales en régimen- y basado en la evidencia, el CEP opinó que “no es una bala de plata”.
Por lo tanto, agregaron, “la pregunta ya no es si este mecanismo puede incentivar el empleo formal, sino si el diseño propuesto permite hacerlo de manera costo-efectiva. Una primera aproximación a ese análisis sugiere focalizar los beneficios en la creación neta de puestos de trabajo y no aplicarlos sobre todo el stock total de empleo. Esto reduciría significativamente el costo total de esta medida”.
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