Pocas opciones tenía el gobierno para solucionar el conflicto con los trabajadores del sector público. Una, era presentar un proyecto con mejores cifras, lo que aseguraría el respaldo oficialista. Otra, mantener la propuesta que había fracasado reiteradamente, pero acogiendo la petición de Chile Vamos, de avanzar hacia una nueva fórmula para calcular el reajuste. Una tercera, pero poco probable, era dejar a los empleados estatales y municipales sin aumento salarial.
La presidenta Michelle Bachelet "instruyó", según comentó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a los integrantes del comité político a desplegarse en el Congreso y conversar con los parlamentarios. A esa altura ya no importaba el color político. Se desarrollaron almuerzos para intentar convencer a los "díscolos", reuniones bilaterales, conversaciones de pasillo. Todo. Sin embargo, el panorama era similar al de días anteriores: la Nueva Mayoría no tenía los votos suficientes para aprobar el proyecto.
Así, el Ejecutivo optó por el segundo camino y resolvió aceptar la propuesta de Chile Vamos, que aseguraba su respaldo a cambio de un nuevo mecanismo para reajustar el sueldo de los empleados público. El gobierno aceptó, ya no tenía margen. Sólo un par de diputados oficialistas habían modificado su posición y la bancada comunista seguía sin respaldar al Ejecutivo.
Los compromisos asumidos
El nuevo proyecto ingresó formalmente a tramitación cerca de las 17.00 horas. Poco después, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó la iniciativa: se mantenía el 3,2%, se congelaba el reajuste para sueldos superiores a $ 4,4 millones y se entregaba un bono de término de negociación de $ 114.000 para rentas líquidas de hasta $ 550.000, que beneficiaría a 490 mil funcionarios; y de $ 35.000 para salarios brutos inferiores a $ 2.345.000, que recibirán cerca de 457 mil empleados.
De esta forma, el gobierno mejoraba la cobertura de los bonos en casi 180 mil beneficiarios, con un costo adicional de $ 4.992 millones en relación al veto aditivo. En total, entre el aumento de 3,2% y las bonificaciones, el Ejecutivo contempló un gasto total de $ 567.408 millones.
Pero el costo no se limitó a eso. En la Cámara, Rodrigo Valdés asumió tres compromisos con el oficialismo, pero especialmente con la derecha. El primero, si el IPC de noviembre es de 0,4% o más, es decir, si la inflación en doce meses se ubica en 3,3% o más, "el gobierno enviará un proyecto de ley para adicionar $ 15.000 al bono de término de negociación", expuso el ministro.
Segundo, el gobierno promoverá un comité de expertos "técnico y social" para asesorar al gobierno y a los trabajadores, y proponer un rango de reajuste que considere diversas variables, como la inflación pasada y futura, las brechas de remuneraciones entre empleados públicos y del sector privado, la productividad y aumentos salariales en la administración estatal y municipal, y la capacidad fiscal del momento. Ésta era la moneda de cambio con Chile Vamos, que pidió y sugirió al Ejecutivo algo que está en sus planes hace meses, que es "institucionalizar" el debate del reajuste.
Como tercer elemento, el ministro de Hacienda comprometió un proyecto de ley para crear un consejo asesor para reajustar los sueldos de las más altas autoridades del Estado.
Valdés reconoció que el gobierno "tendrá que buscar" los recursos adicionales que considera el proyecto en el Presupuesto de este año. Cerca de $ 3.000 millones serán recortados de publicidad de diversos ministerios, pero aún quedan $ 2.000 millones que simplemente no están.
En la comisión de Hacienda, la derecha adelantó su posición. Todos los diputados de la UDI votaron a favor. En la sala, 39 diputados de la NM y 31 de Chile Vamos respaldaron el guarismo de 3,2%.
La bancada comunista se abstuvo y 13 legisladores oficialistas votaron en contra.
Previamente, Valdés había relativizado un hecho que al interior del conglomerado no cayó bien, porque -según concordaron varios legisladores- evidenciaba "la incapacidad de ponerse de acuerdo", que era despachar el reajuste pactando con Chile Vamos. "El reajuste es de todos; Chile es de todos. Esto no es una guerra gobierno-oposición. Se trata de gobernar y dar gobernabilidad", expuso el cuestionado titular de Hacienda.
Ya resuelto el problema en la Cámara, la tramitación en el Senado fue rápida. En 20 minutos la comisión de Hacienda aprobó el proyecto. En la sala, salvo la resignación de algunos legisladores oficialistas y los votos en contra de Carlos Bianchi, Antonio Horvath y Alejandro Navarro, el respaldo fue mayoritario. Por 17 votos a favor y 3 en contra, la Cámara Alta despachaba el texto.
Así terminaba una de las tramitaciones legislativas más duras para el Ejecutivo y, particularmente, para el ministro Valdés, que mantuvo inalterable el 3,2%, a pesar de los cuestionamientos que recibió de todos los sectores políticos.
Trabajadores depondrían hoy paro
Como un hecho "lamentable" calificó la Mesa del Sector Público la aprobación del proyecto de ley de reajuste, que se mantuvo en 3,2%. El vocero de los trabajadores, Esteban Maturana, criticó al gobierno y la, a su juicio, "operación política de gran magnitud" que permitió al Ejecutivo, con los votos de Chile Vamos, despachar la iniciativa.
El presidente de la Confusam aseguró que la paralización se mantendrá hasta hoy, cuando las bases se reúnan para deliberar y ver los pasos a seguir. Eso sí, subrayó el dirigente, "no tiene mayor sentido seguir en paro" si el proyecto está aprobado. Así, se acabaría una paralización que comenzó el 26 de octubre y que provocó crisis sanitarias en algunas regiones del país, miles de atenciones canceladas y millones de trámites postergados.
Recordando palabras del histórico dirigente de la DC, Radomiro Tomic, Maturana señaló: "Cuando uno negocia con la derecha, la que gana es la derecha". El vocero de los trabajadores públicos cuestionó, además, a la Presidenta Michelle Bachelet, a quien acusó de "traicionar los principios del socialismo".
El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, advirtió que "los funcionarios públicos son parte del 33 a 34% de la gente que votó en las últimas elecciones municipales" y que, producto de la intransigencia del gobierno, el oficialismo va a sentir "el costo en un año más", cuando se desarrollen las elecciones presidenciales.
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