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Gobierno y Alianza exploran convergencia en la lucha contra el terrorismo

Esta mañana, el mismo grupo se reunirá en el ex Congreso con el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien encabeza la comisión revisora de la Ley Antiterrorista.

Por: Claudia Rivas Arenas | Publicado: Miércoles 24 de septiembre de 2014 a las 05:00 hrs.
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Sólo un par de horas antes de que se iniciara la formalización por la Ley Antiterrorista de los tres jóvenes presuntamente responsables del atentado del 8 de septiembre, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, recibía en su gabinete a una delegación de la Alianza, encabezada por el presidente de la UDI, diputado Ernesto Silva, que le entregó formalmente un documento con una serie de propuestas tendientes a perfeccionar la institucionalidad para enfrentar el terrorismo.

El texto denominado “Perfeccionamiento de la institucionalidad antiterrorista y prevención temprana de la violencia”, de 39 páginas, recoge la mirada de la UDI y RN en relación con el tema de seguridad, pero también de los centros de estudio Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán, Instituto Libertad y AvanzaChile. Y tras la cita de más de una hora, Silva –escoltado por sus pares de la UDI Arturo Squella, Juan Antonio Coloma y Claudia Nogueira, y el representante de RN Gonzalo Fuenzalida- explicó que se le hizo entrega al vicepresidente de 25 propuestas que apuntan a enfrentar la inseguridad, delincuencia y terrorismo, “el ministro del Interior las ha recibido de buena manera, vamos a iniciar un trabajo conjunto”, sentenció el timonel gremialista.

El dirigente agregó que en la ocasión también le dieron a conocer a Peñailillo las “prioridades” de la oposición en esta materia y que dicen relación, principalmente, con “darle poder, ya, a las policías para investigar más rápidamente los delitos terroristas, fortalecer la capacidad de investigar del Ministerio Público y seguir dando señales políticas concretas”.

La presión de la derecha se hace notar en un escenario en que el gobierno se ha visto en la obligación de asumir el discurso de que no le tendrá miedo a endurecer la mano para sancionar a los responsables de delitos terroristas y cuando el Ejecutivo necesita tender puentes con la oposición a fin de conseguir su apoyo a las reformas necesarias para enfrentar el nuevo cuadro generado tras el atentado del Subcentro de la estación Escuela Militar.

Aumenta la presión


Las 25 propuestas abarcan desde reformas constitucionales hasta meras modificaciones legales, pasando por la ley de Control de Armas y la normativa sobre penas sustitutivas. Y como es lógico, también propone una serie de medidas para fortalecer “la institucionalidad antiterrorista”, como “la reestructuración de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) como agencia técnica, independiente del gobierno de turno” o la creación de “un fondo de reparación a las víctimas del terrorismo”, entre otras.

Pero cuando Silva habla de que el gobierno tiene que “seguir dando señales políticas concretas”, hace una alusión directa a una aspiración que su sector, como él mismo lo ha reconocido, no pudo materializar durante la administración de Sebastián Piñera y que tiene que ver con el endurecimiento de algunas normativas. Y, justamente, es el actual escenario el que la derecha percibe como propicio para encontrar piso en la Nueva Mayoría para avanzar en esa línea y que el Ejecutivo tenga la voluntad política para ello.

Es por eso que, por ejemplo, en el capítulo relativo a la “prevención temprana de la violencia y los desordenes públicos”, se reincorpora una propuesta que no logró ser aprobada durante el gobierno anterior y que apunta a crear la figura delictual del “encapuchado”. En el texto que se le presentó a Peñailillo, se establece la necesidad de “incorporar la circunstancia agravante de delitos contra las personas o que afectarán los bienes (propiedad), ocurridas en una manifestación o acto de carácter público o masivo, aumentándose además la penalidad cuando en este caso se utilizare algún elemento con el propósito de esconder su identidad (encapuchado)”.

En este esfuerzo por confluir en una postura coincidente con el gobierno, este mismo grupo se reunirá a las 09:30 horas de hoy en el ex Congreso con el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien encabeza la comisión revisora de la Ley Antiterrorista.

Decretan prisión preventiva para Flores y Casanova

Eran pasadas las 13:00 horas cuando, bajo estrictas medidas de seguridad, se inició en el Centro de Justicia, la formalización de los tres presuntos responsables del atentado del 8 de septiembre en el Subcentro de la estación del Metro Escuela Militar. Tras casi cuatro horas, en que la Fiscalía presentó una serie de pruebas para sustentar la acusación, se decretó que el principal imputado, Juan Flores y su pareja Nataly Casanova, quedaran en prisión preventiva mientras dure la investigación, mientras que Guillermo Durán deberá cumplir arresto nocturno.

Las principales pruebas con que contó la Fiscalía –que a partir de ahora tiene 10 mese para investigar- para lograr la prisión preventiva de los imputados, contemplaron videos de seguridad que los ubicaban en el entorno del último atentado y otros que le precedieron, como el que ocurrió en la estación del Metro Los Domínicos y en dos comisarías de la Región Metropolitana. También se presentaron pruebas de ADN; la utilización de la tarjeta Bip de Flores y un estudio sobre su manera de caminar.

Concluida la formalización, después de casi cuatro horas, el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde expresó su satisfacción, señalando que la ciudadanía "puede estar segura que el gobierno, así como todas las instituciones del Estado,
seguiremos trabajando para que estos crímenes no queden en la impunidad. Y no descansaremos hasta que haya justicia, porque así lo demandan las víctimas y todos los chilenos".

Además, destacó la forma seria y profesional con que las polícias y el Ministerio Público han llevado la investigación.

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