"Seguimos trabajando". Con esa idea fuerza retornó, tras dos semanas de vacaciones, el vocero de gobierno Álvaro Elizalde, marcando la estrategia heredada del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo -quien hoy comenzó su descanso estival- en orden a dar por cerrado el "caso Dávalos" y evitar que siga escalando el conflicto que provocó el hijo de la mandataria, luego del controvertido crédito solicitado por su esposa, Natalia Compagnon, al Banco de Chile.
Esta línea de trabajo, elaborada en Palacio, tiene un horizonte bien definido: que este impasse no perjudique a la jefa de Estado.
En el oficialismo preocupa que la mandataria sea cuestionada en su probidad -capital político hasta ahora intachable-, tomando en consideración lo que está pasando en el vecindario, con dos presidentas, Cristina Fernández de Argentina y Dilma Rousseff de Brasil, investigadas por sendas denuncias de corrupción en empresas públicas (Petrobras), y por sospechas de enriquecimiento familiar, en el caso de la familia K.
En ese contexto, en La Moneda quieren dar por clausurado el debate tras la renuncia del primogénito de la mandataria a la dirección de la División Sociocultural, apuntando hacia dos flancos: por un lado, volver en el corto plazo a centrar los ojos en el caso Penta y especialmente en la UDI, considerando que en marzo podrían haber formalizaciones de políticos; y enfatizando que en el actuar de Sebastián Dávalos no hubo delitos y que ya asumió su responsabilidad con la renuncia.
Con esas dos ofensivas comunicacionales esperan lograr el objetivo de blindar a la Presidenta, con el fin de que inicie su segundo año de gobierno de la forma más tranquila posible, tomando en cuenta la gran cantidad de proyectos que estarán en juego este 2015. Por lo mismo, en el oficialismo creen que el capital político de Bachelet debe ser protegido.
Así, el ministro Elizalde, quien por estos días también ejerce los cargos de Interior y Justicia, indicó que "la posición del gobierno ha sido clara y fue expresada en reiteradas oportunidades la semana pasada tanto por el ministro Peñailillo como por el ministro Gómez: Sebastián Dávalos decidió dar un paso al costado y el gobierno ha reconocido esa decisión, por tanto no hay nada más que agregar".
Consultado respecto a si la Presidenta hará algún tipo de declaración pública en los próximos días, señaló que no se ha alterado el plan original de sus vacaciones, que la traerían de vuelta el próximo 23 de febrero, luego de haber pasado tres semanas en su casa de descanso.
Bajo esa estrategia es que en La Moneda esperan que las cosas decanten, no haciendo notar que la mandataria debió suspender sus vacaciones, con el fin de comenzar a bajarle el perfil a lo acontecido. En ese marco, también esperan que desde la propia Nueva Mayoría no se siga encendiendo más el fuego, por ejemplo, llevando a Dávalos al Tribunal Supremo del PS, como planteó Gonzalo Martner.
Por otra parte, en La Moneda afirman que aún no han cuantificado los posibles costos a la imagen de la Presidenta. Creen que todavía hay que esperar, pues estos hechos tienen efectos que son efectivamente medibles en un mediano plazo.
Arista judicial
Respecto a la ofensiva judicial iniciada ayer por la Alianza y que busca establecer responsabilidades penales ante posibles ilícitos como el de tráfico de influencia, en el oficialismo creen que esta batería de acciones judiciales carecen de peso jurídico. Ello, pues penalmente Dávalos no habría cometido delito, ya que cuando ocurrieron los hechos, la solictud del crédito por ejemplo, no ocupaba ningún puesto público. En ese aspecto, más allá de los cuestionamientos éticos que fueron asumidos políticamente con su renuncia, poco espacio existe -según el análisis de Palacio- para establecer algún tipo de responsabilidad penal.
En el gobierno creen que lo que está buscando con esto la derecha es, simplemente, "estirar el chicle" y mantener la atención mediática del tema. En ese plano, no se descarta que en estos días el discurso del Ejecutivo se endurezca aún más por el Caso Penta.
Investigación en EEUU es un "acto rutinario"
Como un trámite rutinario calificaron en el gobierno, el hecho de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio del Internal Revenue Service (IRS), acogiera la denuncia presentada el pasado 22 de enero por la UDI, para que Estados Unidos investigue las posibles irregularidades en que se haya incurrido en la realización de la cena que se efectuó en Nueva York, con el fin de recaudar fondos para la campaña de la entonces candidata Michelle Bachelet. La tienda gremialista apunta, en su denuncia, a la participación de dos organizaciones norteamericanas sin fines de lucro en dicha cena, la Fundación Gabriela Mistral y la Catholic Association of Latino Leaders, lo que vulneraría las leyes de dicho país.
El vocero, Álvaro Elizalde, señaló al respecto que "la UDI ha hecho una presentación, la que será sometida a un procedimiento rutinario que corresponde a las miles de presentaciones que se realizan ante dicho organismo, en Estados Unidos, todos los años. Eso no significa en absoluto que la presentación tenga fundamento", advirtió.
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