Desde la renuncia de Marcelo Bielsa como director técnico de la selección chilena, el fútbol no ha dejado de transitar desde lo netamente deportivo a la arena política. Y todo indica que seguirá así, al menos, este primer semestre.
¿La razón? Los diputados Jorge Burgos y Matías Walker -ambos de la Democracia Cristiana (DC)- están en pleno proceso de elaboración de un proyecto de ley que obligaría al 86% de las sociedades anónimas deportivas que existen a rendir cuentas ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), pues hoy sólo Azul Azul de la Universidad de Chile; Cruzados de la Universidad Católica; y Blanco y Negro de Colo Colo, lo hacen por transar en la Bolsa de Comercio.
Es más, explican que presentarán la iniciativa antes de fines de este mes y de ser necesario -aunque lo más probable es que no lo sea- pedirán al Ejecutivo patrocinio.
“Chile apostó hace un tiempo porque el fútbol se profesionalizara, porque se crearan sociedades anónimas y, particularmente, a partir de eso hubiera más responsabilidad de quienes las conducen, pero esto no está sucediendo”, argumenta el diputado Burgos.
Oficio
Un primer paso en esta dirección fue el oficio que enviaron un grupo de diputados -Burgos, Walker y Gabriel Ascencio- a la SVS para que se pronunciara sobre las actuales facultades fiscalizadoras que posee respecto de aquellas sociedad anónimas deportivas que no transan en la Bolsa. A lo que se sumó una serie de consultas en torno a la aplicación de la Ley 20.019, que regula, precisamente, las sociedades anónimas deportivas profesionales en el país.
A lo que se sumó la solicitud de información sobre los mecanismos de coordinación que existen entre el ente fiscalizador que conduce, con las ligas profesionales y el Instituto Nacional de Deportes, en materias propias de la ley 20.019.
Pese a que la respuesta de la autoridad reguladora no ha llegado, se han dado cuenta que la SVS no tiene facultades para fiscalizar a las sociedades no alistadas en la Bolsa.
Un ejemplo de ello lo coloca Burgos, quien recuerda que “don Tomás Serrano mientras estaba formalizado por la infracción a la Ley de Valores, que involucra más de $ 30 mil millones, uno de los bienes que compró con esa plata aparentemente mal habida fue un club deportivo (Unión La Calera) y nadie dijo nada”.
Pero, agrega, “si ese club hubiera tenido la obligación de informar a la SVS debería haber anunciado a través de un hecho esencial que don Tomás Serrano se hacía dueño del club”.
De ahí que, añade, “estamos estudiando que el proyecto determine que por disposición legal las sociedades anónimas deportivas, particularmente el fútbol, deban ser consideradas sociedades anónimas abiertas transen o no en la Bolsa”.
Así, continuó, “si son sociedades anónimas abiertas se les aplica la reglamentación de la Ley de Sociedades Anónimas completa y las atribuciones que tiene para fiscalizarla, con su ley orgánica, la Superintendencia de Valores”.
El único camino
A juicio de los parlamentarios, el vacío legal está en que “las sociedades anónimas deportivas que se han constituido (22) la mayoría son cerradas, es decir, no están inscritas en el registro de valores como es el caso de Azul Azul, Cruzados y Blanco y Negro”.
Y, afirma, “sucede que la SVS, de acuerdo a la Ley 18.046, a las sociedades anónimas que realmente fiscaliza son las abiertas, es decir, aquellas que por ley o voluntariamente se inscriben en el registro de valores”.
“Entonces, a mi juicio, las normas de fiscalización que le entregó a la SVS la Ley del Deporte son muy vagas y muy menores, no queda claro incluso qué tipo de sanciones puede determinar la autoridad”.
Por tanto, concluye, “el único camino, si nosotros vamos a insistir en que la Superintendencia de Valores es la fiscalizadora financiera, es que le demos el carácter de sociedad anónima abierta a todas las sociedades deportivas para que tengan la obligación de informar y ese es el proyecto que vamos a presentar”.
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