A pesar de los insistentes llamados de los parlamentarios para que el gobierno no retrase la labor del Congreso, en el marco de la crisis política que se intenta superar desde todos los frentes, la incertidumbre acerca del resultado del trabajo del Consejo Asesor Presidencial inevitablemente está frenando la tramitación del proyecto de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, puesto que la inicaitiva debería haberse votado este 21 de abril en la Sala, según el calendario original que manejan los diputados, algo que está lejos de ocurrir.
En la Segpres le restan importancia al atraso desde el momento que el compromiso con los parlamentarios es que el proyecto, que surgió a raíz del estallido del caso Penta y sus efectos, pase de la Cámara al Senado a su segundo trámite antes del 21 de mayo, de modo que la presidenta Michelle Bachelet pueda dar cuenta de este avance en el tradicional discurso de la conmemoración de la gesta de Iquique.
No obstante, el sentido de urgencia del que tanto hablan los políticos parece haber decaído y llegó también a la tramitación del primero de los proyectos que se presentó para separar la relación entre dinero y política.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, diputado socialista Leonardo Soto, reconoce que "cuando correspondía acelerar (la tramitación) pusimos el freno", pero lo atribuye a que "el gobierno va a hacer una propuesta para complementar este proyecto (de financiamiento de la política) con las mayores facultades para el Servicio Electoral", ya que "hay una fase del proyecto vinculada muy estrechamente a la definición orgánica del Servel" que es uno de los cuatro pilares de la iniciativa en tramitación.
Pero Soto valoró que la comisión ya haya aprobado dos de los pilares más significativos de la iniciativa. Uno puso termino definitivamente al financiamiento de las empresas a las campañas políticas. Aunque la UDI prefería mantener el sistema con mayor regulación, se impuso el criterio mayoritario de prohibirlo para impedir la estrecha relación entre dinero y política que los aportes empresariales fueron tejiendo a través de los años.
Por otra parte, la semana pasada se avanzó otro paso al eliminar los aportes reservados y anónimos y hoy se comienza n a votar los temas relativos a la definición de propaganda electoral y periodos de campaña. Aunque el mensaje lo mantiene en 90 días, Soto presentará una indicación para aumentarlo a 150.
De modo tal que "se transparente el período de precampaña y tenga un debido control", ya que en la actualidad no existe sobre esta etapa, reconocen los parlamentarios.
El propio Soto plantea que su indicación apunta a evitar que se pudieran repetir situaciones como el caso Penta, que obligó al gobierno a impulsar la iniciativa en tramitación, que no sea necesario un periodo previo a la campaña y que ésta se rigurosamente fiscalizado.
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