Tras más de dos horas de reunión entre el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y las universidades privadas agrupadas en el G8, adscritas al sistema único de admisión, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Andrés Benítez, constató que “saltaron ciertas diferencias” entre los integrantes del grupo.
Aunque Carlos Peña, máxima autoridad de la Universidad Diego Portales (UDP) ,manifestó que los rectores salieron “extremadamente conformes con la exposición aclaratoria del ministro” y que están dispuestos a apoyar la reforma del gobierno. Benítez especificó que está en desacuerdo con la fijación de aranceles –necesario para implementar la gratuidad-, porque “es una política que va a estandarizar la educación y que va a afectar fuertemente el financiamiento de universidades que hoy sólo se financian con aranceles”.
Interventor, acreditación
Uno de los puntos debatidos en la reunión fue el proyecto de ley que crearía la figura de un administrador provisional que pueda intervenir las universidades que incurran en faltas graves- como el lucro-, que sería enviado a la Cámara de Diputados la próxima semana.
“¿Quién podría oponerse a la intervención de una universidad que no está cumpliendo con los estándares?”, manifestó el rector de la UDP. Sin embargo, aunque todos los presentes estén de acuerdo con el proyecto de ley, declararon que en el encuentro Eyzaguirre no detalló los criterios según los cuales se intervendría un establecimiento educacional. Así, Benítez advirtió que “un interventor puede ser una buena noticia cuando hay causas muy reales para intervenir, o una pésima noticia si se interviene por cualquier cosa”.
El punto de convergencia fue el respaldo que los rectores dan a la iniciativa de fortalecer el sistema de acreditación que existe actualmente, que, entre otras cosas, sería de carácter obligatorio para los planteles y contaría con mayores sanciones. A pesar de concordar con la medida, el rector de la UAI acusó falta de detalles de cuáles serían los criterios que harían más exigente el proceso de acreditación.
Privilegios a estatales
El ministro reiteró que las universidades del Estado contarán con un trato preferente que se traducirá en financiamiento basal, punto en que Peña afirmó estar “plenamente de acuerdo”. Benítez manifestó que, aunque conforme con este planteamiento, “insisto en que esto tiene que ser a cambio de algo, porque estos son recursos del Estado”
Aporte basal a la investigación
Si bien el ministro Eyzaguirre ya ha aclarado que el financiamiento a la docencia va a ser mediante subsidio a la demanda, en el encuentro sorprendió a los rectores explicando que la reforma introduciría una nueva línea de financiamiento al que podrían acceder tanto las universidades estatales como las privadas: aporte basal a la investigación. Estos recursos llegarían a complementar el actual sistema de financiamiento que se entrega mediante proyectos Fondecyt.
Este aporte basal -que sí genera consenso- sería implementado paralelo a la fijación de aranceles para implementar la gratuidad. Algunos de los asistentes al encuentro afirmaron que si es que el Estado hace un aporte basal a la investigación, le permitiría bajar el arancel que cobran algunas casas de estudio. Esto, porque en el costo por carrera que establecen las universidades se contemplan costos no sólo de la docencia, sino también otros que se adjudican a la investigación.
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