De acuerdo a un estudio elaborado
por el Departamento de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la
inflación altera el producto potencial, puesto que en sí misma es una fuente de
ineficiencias y de pérdida de competitividad, lo que se traduce en una reducción del orden de 0,5 a 1 punto porcentual de crecimiento en su
producto potencial.
Las economías
con mayor inflación crecen menos, ya que la productividad de los factores es
afectada negativamente y esta realidad afecta a Chile, que ha tenido una importante caída en su
productividad.
Entre 1961 y 1985, el PIB creció
en 2,5% promedio por año, y entre 1986 y 2002, en un 6% promedio por año. Se
estima que una tercera parte del mayor crecimiento entre uno y otro período es
exclusivamente explicado por la menor inflación. Es decir, de los 3,5 puntos
porcentuales de mayor crecimiento, 1,2 puntos se explicaron únicamente por
efecto de la menor inflación .
Los costos de la inflación se
miden básicamente como la pérdida de bienestar o de menor PIB, por efecto de las
importantes distorsiones que se generan en los mercados y por los efectos
redistributivos que perjudican a algunos sectores más que a otros.
En las empresas, el proceso
inflacionario obliga a modificar frecuentemente los precios, lo cual se ha
denominado en la jerga económica, costos de menú. También se generan grandes
errores predictivos de precios, distorsionando la información que eficientemente
proporciona el mercado a consumidores e inversionistas.
Conforme a estudios realizados
para la OCDE, la CCS estima que para la economía chilena alejarse de las
inflaciones bajas y estables, con las que ha operado en los últimos años, puede
significar una disminución en el crecimiento potencial del orden de 1/2 a 1
punto porcentual por cada año.
Es decir, implica un costo neto en términos de
menor PIB de entre US$ 1.000 millones y US$ 2.000 millones por año.
A juicio de la CCS, ante este escenario "la economía chilena debe utilizar toda la institucionalidad
antiinflacionaria en normalizar la inflación en el horizonte de 24 meses que
contemplan las políticas. Los esfuerzos deben provenir del frente monetario y
fiscal, ambos con diseños de vanguardia en el mundo, que se refuerzan
positivamente y que se consideran dentro de las mejores prácticas
internacionales".
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