El gobierno prefirió ayer no correr el riesgo de un nuevo rechazo a otra de las glosas emblemáticas del proyecto de ley de Presupuesto 2016. Así, en medio de los ecos que dejó la votación en contra de los recursos destinados a la construcción de hospitales y de un oficialismo visiblemente
desalineado con la propuesta del Ejecutivo para avanzar en gratuidad en la enseñanza superior el próximo año, se postergó para hoy la votación de la glosa de Educación que establece dicho mecanismo.
La definición de aplazar el debate por parte del Ejecutivo era clave con miras a ganar tiempo para seguir las negociaciones con los parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Las posturas de los partidos oficialistas sobre cómo distribuir los US$ 250 millones destinados a gratuidad, chocaban entre sí.
La DC, con cuatro parlamentarios en la comisión de presupuesto, hasta el momento ejerce la mayor presión por lograr abrir alternativas para que más estudiantes del ámbito técnico también puedan acceder a la gratuidad en 2016.
Pero en la tarde de ayer, terminada la sesión de la comisión, la jefa de comité de senadores de la falange, Carolina Goic, reconocía que "por ahora no hemos tenido respuesta, esperamos que de aquí a la votación se manifieste la voluntad del gobierno".
Hasta el cierre de esta edición, una era la fórmula que más sonaba: reducir a la mitad el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) -pasando de $ 25 mil millones a unos $ 13 mil millones- y usar ese dinero para fortalecer con financiamiento basal a universidades del Cruch y planteles regionales.
Sin embargo, parte también de ese monto sería destinado a aumentar en un 10% el aporte de la Beca Nuevo Milenio, beneficio que hoy va dirigido a Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos profesionales (IP). Ello, con el requisito de que los planteles técnicos que quieran optar a ese aumento de recursos firmen un compromiso de convertirse a corporaciones sin fines de lucro. Bajo este esquema, el gobierno se hace cargo de la demanda de los sectores más de izquierda, que piden eliminar por completo el AFI, ya que, como éste beneficia a las instituciones que concentran la mayor cantidad de alumnos con altos puntajes PSU, argumentan que los recursos finalmente se dirigen a las familias de los quintiles más privilegiados. Por otro lado, también acoge la exigencia de la DC de dar gratuidad a los estudiantes de la educación técnica por medio de becas.
Pero no es tan simple. "Nosotros vamos a pelear porque ese porcentaje de 10% suba a 25%, porque si no el cambio es muy marginal", afirma la disputada DC y miembro de la comisión de Educación, Yasna Provoste.
En tanto, desde el Ejecutivo señalan que esa petición es muy difícil de satisfacer dada la restricción presupuestaria.
Además, con la fórmula que en la tarde de ayer el Ejecutivo puso sobre la mesa, un nuevo flanco de debate se le abre con los planteles que reclutan a los mejores puntajes PSU, pues sus recursos se podrían reducir considerablemente. Así lo manifestó ayer el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, al catalogar la definición de una "irresponsabilidad" y acusar que "causará un gran daño a la institución".
Además, criticó que "no es posible que se aplique este tipo de decisiones a estas alturas y de manera inconsulta".
También, desde la DC hacen una crítica generalizada al gobierno que se extendería más allá de la ingeniería fina del mecanismo para implementar gratuidad. "Todavía no conocemos el detalle de los números.
Necesitamos la base de cálculo, porque en estas condiciones no podemos tomar ninguna decisión", emplaza el diputado jefe de la bancada DC, Ricardo Rincón.
Así, pese a los intentos por generar consenso en el oficialismo con conversaciones con las distintas bancadas, el Ejecutivo -hasta el cierre de esta edición-, no lograba dar con una fórmula que asegurara hoy la aprobación de la polémica glosa.
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