El proyecto de reajuste fiscal se convirtió en una verdadera batalla política entre la oposición y el Gobierno que, a partir del 11 de marzo, invertirán los papeles en el mundo político nacional.
Ello, no sólo porque el Ejecutivo aprovechó esta propuesta para incluir una ley miscelánea que contiene temas con los que la oposición no está de acuerdo, sino principalmente porque –desde su punto de vista- el proyecto no está financiado y no habría suficientes recursos para hacer reasignaciones. Y, más relevante aún, quién asumirá el costo político de realizarlas.
A lo anterior se suma el debate sobre las leyes de “amarre”, como bautizó la oposición el artículo 114 del proyecto, emanado del protocolo acordado entre el Ejecutivo y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
El artículo, entre otras cosas- establece que ante la no renovación de una designación a contrata o su renovación en condiciones distintas, “deberá emitirse un acto administrativo fundado que contenga la decisión formal de no renovar la contrata o renovarla en condiciones distintas, con expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta” y que dichos fundamentos “deberán basarse en criterios objetivos y suficientemente acreditados, que impidan toda discriminación arbitraria”.
El artículo despertó la suspicacia de la oposición, convencida de que el Gobierno utiliza el reajuste fiscal como un resquicio para enquistar “operadores políticos” de su sector en el aparato público. De ahí que aun antes que el proyecto ingresara al Congreso, acusó “leyes de amarre”, imprimiendo a la propuesta del Ejecutivo un concepto que la oposición de la época acuñó en referencia a las normas legales dictadas por el régimen militar antes de entregar el poder, a inicios de la década del ’90.
De hecho, el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, señaló que “el artículo en cuestión no busca proteger la estabilidad laboral de los funcionarios de carrera (como ha señalado el Ejecutivo), sino asegurar la permanencia de operadores políticos en puestos estratégicos antes de que finalice el periodo gubernamental”.
Por ello, advierte que “llegó la hora de votar ese proyecto de ley y esperamos que no solamente la oposición lo rechace, sino que por decencia también parlamentarios de izquierda rechacen esa disposición”. Emplazamiento que aumenta la presión tanto sobre las filas oficialistas como sobre el propio Gobierno, para dar pie atrás con el polémico artículo.
Y reitera que “la UDI y otros parlamentarios de oposición están considerando recurrir al Tribunal Constitucional debido a los cuestionamientos técnicos y de fondo que ha generado la norma durante su tramitación legislativa en este inicio de 2026”.
La mirada del CFA
Así las cosas, si bien el baile de cifras está como telón de fondo de la discusión que comenzó esta semana, aún falta un último ingrediente que podría hacer saltar chispas: el análisis del Consejo Fiscal Autónomo, que estos últimos años pasó a convertirse en el Oráculo de la oposición en materia macroeconómica. El organismo invitado a la Comisión de Hacienda de la Cámara para el miércoles pasado se excusó de asistir por compromisos anteriores –en el mismo edificio del Congreso Nacional en Valparaíso-, provocando que la oposición insistiera en que se postergara el inicio de la votación de la iniciativa hasta escucharlo.
De lo contrario, advirtieron los representantes opositores en la citada comisión, votarían en contra la idea de legislar del proyecto de reajuste fiscal. Aunque también lo harían, si el lunes –día en que se supone que finalmente asistirá-, el CFA alerta sobre la falta de financiamiento del reajuste de los funcionarios públicos.
En este escenario, el presidente de la comisión, el comunista Boris Barrera, optó por votar en general, el mismo miércoles, la propuesta del Ejecutivo, que se aprobó por ocho votos a favor pese a los cinco en contra de la oposición; para comenzar a votar en particular artículos en los que había acuerdo en el marco de las normas misceláneas y sin tocar aún el reajuste. Los artículos votados esa jornada, la última de cuatro sesiones que tuvo la comisión, se aprobaron todos por la unanimidad de los presentes.
El punto del financiamiento –o la falta de él- y la fórmula (reasignaciones) para provisionar el reajuste fiscal podría ser técnico si se mantuviera en los números; pero al entrar en la discusión acerca de a quién le corresponderá asumir la responsabilidad política de las reasignaciones, porque la oposición estima que tendrán que venir de programas sociales o despidos de funcionarios públicos, es cuando la polémica cambia de color. Porque ambos sectores –oficialismo y su contraparte opositora- se acusan de buscar que sus adversarios políticos sean los responsables.
Kast entra al debate
Tan relevante es el tema para la oposición que el propio presidente electo, José Antonio Kast, entró a liderar el debate. De hecho, ayer jueves se refirió al tema ante un selecto grupo de empresarios en Icare. “Tenemos que respetar que no podemos gastar más de lo que ingresa; por eso es tan malo que se empiece a discutir ahora una ley de amarre. Eso es ir en contra de la voluntad de la ciudadanía”, enfatizó, tras lo cual se refirió a los artículos misceláneos que contempla la iniciativa, manifestando que “esperamos que el Parlamento en esto sea firme y que diga que no corresponde dentro de una ley de reajuste pasar una ley miscelánea”.
A la postura de Kast pudo haber aportado el hecho de que el polémica norma de confianza legítima conspira contra su compromiso de ajuste fiscal, pero también una minuta elaborada por los diputados de Renovación Nacional (RN) y que a nombre del sector se le hizo llegar al mandatario electo. El documento, al que tuvo acceso DF, detalla algunos artículos del proyecto y la postura que debería adoptar el sector. Respecto del artículo 114 señala que “esta es la norma de amarre central del proyecto”.
Y sugiere, por ejemplo, aprobar el bono de invierno y el de Navidad para el sector pasivo, ya que “conviene aprobarlo, para evitar un costo político de rechazar algo que no es para funcionarios públicos”.
El jefe de bancada de los diputados de RN, quien también integra la Comisión de Hacienda de la Cámara, Frank Sauerbaum, calificó de “impresentable” los siete artículos que califica como parte de la “ley de amarre”, “por lo tanto, eso se va a rechazar y creo que el gobierno no tiene margen para seguir avanzando en esta línea, porque los propios diputados de su sector le han dicho que es moralmente cuestionable y también pone una traba a la instalación del próximo gobierno”.
En este escenario es que la Comisión de Hacienda de la Cámara está citada para el lunes 12 a las 15:30 horas, a fin de continuar con la votación particular, ejercicio que tendría que ser hasta total despacho, porque la Sala de la Cámara tiene en primer lugar de la tabla del martes 13 la votación de la iniciativa. Sin embargo, todas las señales apuntan a que a pesar de la urgencia de discusión inmediata que el Gobierno le puso a la propuesta es difícil que avance con esa celeridad, si no llega a acuerdo con la oposición y cede en retirar del proyecto de reajuste los artículos cuestionados por el sector.
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