Tras los primeros días de la crisis social que se inició en el país el 18 de octubre, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio a conocer lo que denominó una “Agenda Social” para responder a algunas de las demandas ciudadanas, con propuestas como aumentar las pensiones de los adultos mayores más pobres y establecer un ingreso mínimo bruto garantizado de $ 350 mil, entre otras.
Entre lo que planteó el mandatario, se considera una revisión del Fondo Común Municipal (FCM), instrumento que redistribuye ingresos desde las comunas de mayores recursos hacia las más pobres. El FCM considera lo captado por impuesto territorial, patentes comerciales y permisos de circulación, entre otros.
¿La idea? Aumentar la progresividad del mecanismo, incrementando aún más el aporte diferenciado que entregan las comunas de Santiago, Vitacura, Providencia y Las Condes.
Un análisis del instituto Libertad y Desarrollo (LyD) pone de relieve que no solo es importante cuánto se recauda para este fondo, sino también la forma en que se hace.
Así, plantean que el Ejecutivo debería analizar ajustes a las exenciones del pago del impuesto territorial, a las que apuntan como uno de los “principales motivos” del “escaso financiamiento” de un número “importante” de municipios.
“Estas exenciones se traducen en que el 22% de las viviendas pagan contribuciones, lo que lleva a que por medio de este impuesto se recauda la mitad de lo que se debiera recaudar en caso de no existir exenciones a su pago”, asegura el reporte elaborado por la subdirectora de Políticas Públicas de LyD, Bettina Horst, quien calcula que dichos recursos implican $ 1.400 billones, equivalentes a más de US$ 1.700 millones.
El informe también da cuenta del “dispar” escenario para el cobro del impuesto territorial dependiendo de la comuna: por ejemplo, en Las Condes menos del 2% de las propiedades están exentas, mientras que en Puente Alto y La Florida dicho porcentaje alcanza al 92% y 66%, respectivamente. Cabe recordar que el tope exento del impuesto a los bienes raíces se ubica en $ 33,1 millones de avalúo fiscal.
“Dado que estas exenciones son fijadas por ley de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, este debiera compensar a los municipios por los recursos que dejan de recaudar”, asegura Horst, proponiendo que se fije un “aumento graduado” en el tiempo para dichas compensaciones “para que al cabo de 5 o 10 años se logre financiar la totalidad de los recursos”.
Uso de las platas
Horst enfatiza que cualquier reforma que implique aumentar los recursos del sector municipal “debe” ir aparejada de modificaciones que “velen por el buen uso” de dichos fondos, “de tal forma que realmente se traduzca en un mejor servicio a la comunidad y no en un aumento o bien encarecimiento de la burocracia local”.
Para ello, propone avanzar en “mayor transparencia” sobre el destino de los recursos con indicadores que permitan conocer en qué se ejecutan los fondos.
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