La migración se ha instalado como tema de preocupación en el país. De hecho, estuvo muy presente durante la campaña electoral e incluso, el ahora Presidente electo, José Antonio Kast, ha invitado a salir del país a aquellos extranjeros en situación irregular junto con proponer un corredor humanitario.
El escenario que enfrentará el próximo mandatario es el de una población extranjera que se duplicó entre 2017 y 2024, alcanzando 1.608.650 personas -es decir, el 8,8% de la población total de Chile- según datos del último Censo. Además, la mayoría está en edad de trabajar -83,1% entre 16 y 64 años- y más de la mitad son mujeres (51,7%).
El aumento de las cifras también ha ido de la mano de una mayor expectación por el tema. En agosto pasado, convocados por el Centro de Políticas Migratorias, se reunieron representantes de nueve centros de pensamiento de diversas sensibilidades políticas para trabajar en propuestas para la gestión de la migración en Chile.
A este grupo se sumaron el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), Centro de Estudios Públicos (CEP), Centro Democracia y Comunidad (CDC), Espacio Público, Horizonte Ciudadano, IdeaPaís, Instituto Igualdad, Libertad y Desarrollo (LyD) y Rumbo Colectivo.
El resultado fue el documento “Política Migratoria para el Chile que viene”, donde entre los ejes abordados hubo dos en los que profundizó Diario Financiero con sus autores: migración regular y la presencia de extranjeros como impulso al desarrollo.
Sobre el primer punto, el informe dio cuenta de un consenso sobre la necesidad de rayar la cancha en tres dimensiones: asegurar que el ingreso se realice a través de canales legales y autorizados; garantizar que quienes se encuentran con estatus migratorio regular en el país puedan mantenerlo en el tiempo; y permitir que Chile adapte sus políticas de recepción de migrantes en función de las necesidades económicas del país, el contexto migratorio regional y la capacidad de recepción de nuestras instituciones y comunidades.
CAROLINA SOTO, ANALISTA DE PROYECTOS DE HORIZONTE CIUDADANO: “La regularización debe articularse directamente con los sistemas de visados por cuotas sectoriales y territoriales”.
CLAUDIO PÉREZ, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CED. “Hay que analizar un proceso de regularización teniendo como base el empadronamiento que se realizó durante el gobierno de Piñera y focalizar las expulsiones.
FRANCISCO ALCORTA, INVESTIGADOR DE LYD. “Los municipios o gobiernos locales son muchas veces olvidados por la política migratoria, pero estos también ayudan a agilizar todo el proceso”.
En este contexto, el director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, calificó como “prioritario” que el Servicio Nacional de Migraciones -vigente desde 2021 tras la aprobación de la Ley de Migraciones- “avance en modernización, reducción de plazos de tramitación, simplificación en la gestión de documentos y transparencia en la información sobre el estado de los trámites”.
El investigador de LyD, Francisco Alcorta, indicó que las medidas propuestas funcionan de manera complementaria, ya que primero se debe detener la migración irregular y fortalecer la frontera para combatir el crimen organizado antes de avanzar en reforzar la institucionalidad, de modo que pueda procesar rápidamente los procesos de evaluación migratoria para quienes cumplen con los requisitos.
“Contar con un Servicio Nacional de Migraciones eficiente es fundamental, pero también agilizar el rol de los consulados chilenos en el extranjero. De igual forma, los municipios o gobiernos locales son muchas veces olvidados por la política migratoria, pero estos también ayudan a agilizar todo el proceso y le dan capilaridad al sistema”, expuso el experto.
El director de Espacio Público, Patricio Domínguez, afirmó que ofrecer una vía de regularización para quienes se hayan empadronado y cumplan con algunos requisitos adicionales es una excelente oportunidad para promover una migración regular y como impulso al desarrollo.
Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias. “Es prioritario que el Servicio Nacional de Migraciones avance en modernización, reducción de plazos de tramitación, simplificación en la gestión de documentos y transparencia”.
María del Pilar Quintana, investigadora asistente del CEP. “Resulta necesario evaluar el aumento —o incluso la eliminación— del límite de contratación de trabajadores extranjeros por empresa”.
Patricio Domínguez, director de Espacio Público. “Hay dos preguntas que pueden orientar a la próxima administración: ¿Vale la pena mantener bajo un mismo estatus a una población diversa con diferentes aspiraciones y posibilidades de contribuir? ¿Qué incentivos activa la situación actual sobre estos grupos?”
Xavier Altamirano, director ejecutivo de Instituto Igualdad. “Es fundamental que se establezcan plazos claros para terminar el empadronamiento y tomar decisiones en base a datos fiables”.
¿Y los irregulares?
Pero junto con compartir una serie de propuestas sobre qué hacer con la migración regular, los 10 centros no lograron concordar ideas específicas para enfrentar la llegada de extranjeros de manera irregular.
Pese a ello, sí hay planteamientos. La analista de proyectos de Horizonte Ciudadano, Carolina Soto, opina que un proceso de regularización extraordinario debe entenderse no como una amnistía general, sino como un acto de realismo administrativo e instrumento excepcional de gestión estratégica del fenómeno migratorio.
“La regularización debe articularse directamente con los sistemas de visados por cuotas sectoriales y territoriales, priorizando a aquellas personas que ya se desempeñan, o pueden integrarse rápidamente, en sectores productivos estratégicos a para el desarrollo del país”, argumentó.
En una lógica similar, el director ejecutivo del Instituto Igualdad, Xavier Altamirano, señaló que se debe terminar el empadronamiento iniciado en la administración Piñera, que lleva 182 mil personas de un total de 336 mil y que debe asegurar certezas.
“Es fundamental que se establezcan plazos claros para terminar el empadronamiento, y entenderlo como lo que es: un paso ineludible para caracterizar a la población en situación irregular, y tomar decisiones en base a datos fiables”, dijo.
De lo contrario, opinó que “seguiremos actuando a ciegas, facilitando vulneraciones que impactan a miles de familias, tanto chilenas como extranjeras”.
En paralelo, el director ejecutivo del CED, Claudio Pérez, propuso la formalización de la situación laboral para evitar abusos. “Hay que analizar un proceso de regularización teniendo como base el empadronamiento que se realizó durante el Gobierno del Presidente Piñera y focalizar las expulsiones en los migrantes irregulares vinculados a actos de criminalidad y quienes han ingresado reiteradamente de forma irregular”, dijo.
Foco económico
Frente al impulso al desarrollo, el trabajo de los técnicos destacó que los extranjeros han tenido mayores tasas de ocupación laboral y participación en la fuerza de trabajo que los chilenos, además de contribuir con mano de obra en sectores de difícil cobertura. Algo que también se enfrenta a la brecha de inserción laboral migrante y su impacto en la economía del país.
Aquí lo fundamental, arrojó el análisis, es gestionar los flujos migratorios según las necesidades y oportunidades del país.
Al respecto, Ramaciotti consideró fundamental repensar en cómo se incluye la migración en los planes regionales de desarrollo, articulando la necesidad de mano de obra en distintas zonas e industrias del país con sistemas de visado que sean ágiles y funcionales a los tiempos y características del mercado laboral.
Una mirada que comparte la investigadora asistente del CEP, María del Pilar Quintana, quien resaltó que aún persisten brechas y altos niveles de informalidad y subempleo, debido en parte a barreras administrativas que dificultan su inserción laboral formal, en especial en la convalidación de estudios y la certificación de competencias, con efectos tanto en el empleo formal como en el emprendimiento.
“En un contexto de creciente migración regular, la normativa de regularización vigente ha quedado obsoleta”, advirtió. Por ello, consideró que resulta “necesario evaluar el aumento -o, incluso, la eliminación- del límite de contratación de trabajadores extranjeros por empresa, como una medida concreta para facilitar su formalización y responder a la escasez de mano de obra con papeles al día en sectores de difícil cobertura”.
“Acá hay al menos dos preguntas que pueden orientar a la próxima administración y donde vamos a insistir: ¿Vale la pena mantener bajo un mismo estatus a una población diversa, con diferentes aspiraciones y posibilidades de contribuir? ¿Qué incentivos activa la situación actual sobre estos grupos?”.
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