Hace poco más de tres meses en cadena nacional, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció al país el envío al Congreso de una robusta agenda antiabusos. A la fecha, el dichas iniciativas aún no son ingresadas al Parlamento.
En ese escenario, los parlamentarios se adelantaron al Ejecutivo y -aunque no es un tema que acapare la atención de los legisladores porque, a diferencia de otros, sólo hay cinco proyectos en tramitación relativos a estas materias, todos ingresados, post estallido social- la comisión de Constitución del Senado aprobó en general, por unanimidad, el que crea las figuras del agente encubierto y agente revelador, pese a que no cuenta con ningún tipo de urgencia del Ejecutivo.
Este proyecto es el que va más adelantado, porque está listo para ser puesto en tabla para que lo vote la sala de la Cámara Alta, pese al ser el último en ingresar a tramitación (el 29 de enero de 2020) y modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar las penas de los delitos económicos, junto con permitir el uso de técnicas especiales de investigación (boletín 13.233-07). Sus autores son los senadores Felipe Harboe (PPD) y Ximena Rincón (DC).
Marcelo Schilling, diputado socialista. Manuel José Ossandón, senador RN. Felipe Harboe, senador PPD.
Los fundamentos de la iniciativa conllevan una dura crítica de parte de sus autores: "Al contrastar las penas que nuestro ordenamiento jurídico establece para los White collar crimes -delitos de cuello y corbata, nomenclatura basada en la obra sobre estudios de conductas delictivas de Edwin Sutherland -, con aquellas conductas previstas para los atentados contra la propiedad, no es posible encontrar la proporción de la sanción respecto del bien jurídico lesionado en uno y otro segmento", reprochan.
Y, más adelante, advierten que "incluso llama la atención el hecho de que se hayan promovido -rápidamente- iniciativas para aumentar las penas de los segundos, empero que no sea posible vislumbrar intentos similares para hacerse cargo de la realidad de los primeros, con la sola excepción de la reforma introducida por la ley N°21.121 de 20 de noviembre de 2018".
Por su parte, el senador Felipe Harboe, uno de los autores de la iniciativa, tiene altas expectativas debido a que la comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobó en general la iniciativa de manera unánime, la semana pasada, por lo que está lista para que la Sala se pronuncie.
El senador explica que la iniciativa "busca aumentar el costo de los delitos conocidos como de cuello y corbata y generar incentivos para el cumplimiento ético de la ley". Es para eso que se amplían las "facultades intrusivas novedosas", añade, en alusión a las figuras del agente encubierto y el agente revelador. Es decir que además de aumentar las penas de este tipo de delito, se introducen figuras que no se han utilizado hasta ahora en este tipo de investigación.
De aprobarse la iniciativa –que, según comenta el propio Harboe, podría refundirse con el proyecto del senador Manuel José Ossandón (RN) que aborda la misma temática-, le entregaría a las policías "facultades intrusivas novedosas", en virtud de las cuales podrían "simular ser corredores de bolsa, por ejemplo, para introducirse en el sistema".
No obstante, como estas medidas suelen generar debate, Harboe explica que "más del 90% de los casos de colusión se han conocido por la delación compensada". Y en lo concreto, el senador PPD explica que estas medidas intrusivas podrían ser un aporte valioso para conocer de delitos como la "defraudación previsional". El parlamentario asegura que "este delito se da mucho y se podrían usar estas técnicas para detectar cuándo es regular (delito) o solo es un atraso".
El proyecto del senador Ossandón "aumenta las penas de diversos delitos económicos", de ahí que Harboe esté pensando en pedir que se funda con la suya.
La Cámara también empuja
Otro que proyecto que se está tramitando es el boletín 13.205-07 –que la semana pasada fue refundido con el 13.204-07 en la comisión de Constitución de la Cámara- y que tiene un muy transversal respaldo, pues si bien el promotor es el diputado socialista Marcelo Schilling, tiene un muy variado ramillete de suscriptores: Natalia Castillo (RD), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Marcelo Díaz (PS), Gonzalo Fuenzalida (RN), Gabriel Silber (DC), Leonardo Soto (PS), Pablo Vidal (RD) y Matías Walker (DC).
La iniciativa ingresó el pasado 15 de enero y "sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecúa las penas aplicables a todos ellos".
En los antecedentes de la propuesta se explica que "este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre los diputados y diputadas firmantes y destacados penalistas, en el que trabajando sobre otros anteproyectos, se busca abordar la conmoción y rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y de su impacto en el orden público económico".
Por su parte, Evópoli no solo se sumó al proyecto que se cita más arriba, sino que tres de sus diputados –Andrés Molina, Francisco Undurraga y Luciano Cruz-Coke- presentaron también una iniciativa para posibilitar al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal por una serie de delitos, "sin necesidad de denuncia o querella de parte de los órganos administrativos competentes" y apunta a ilícitos relacionados con la libre competencia.
De hecho, en sus fundamentos sostiene que "los delitos contra la libre competencia y los delitos tributarios son de aquellos que muchas veces se cometen por quienes gozan de privilegios, de poder económico, conexiones políticas y defensa jurídica de primer nivel. El hecho de que estos delitos estén sujetos a requisitos adicionales para que puedan ser castigados genera la sensación de injusticia y abuso por parte de la ciudadanía".
El texto añade que "no hay motivos de fondo que justifiquen que sea más difícil iniciar una que iniciar una investigación penal por estos delitos, que dañan a la sociedad y que mellan la confianza en las instituciones, que por delitos comunes".
Cabe mencionar que ninguno de estos proyectos goza de algún tipo de urgencia del Ejecutivo, el Gobierno tampoco ha colaborado poniéndole algún tipo. Así, han ido avanzando en la medida de que haya espacio en solo en base a la disposición de los parlamentarios.
Y el año 2010 se archivó "por tener más de dos años sin tramitación", el proyecto que modificaba "el Código Penal y la ley N° 18.045 de mercado de valores, agravando las penas de los delitos económicos cometidos por funcionarios públicos y delitos cometidos por privados contra el patrimonio del Estado o el sistema financiero". Esta iniciativa de un grupo de exdiputados del PPD ingreso a trámite el 3 de abril de 2003 y ese mismo día se dio cuenta en la Sala, pero no pasó de ese trámite.
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