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REGÍSTRATE AQUÍEntre sus principales aspectos figura el procurar una mejor regulación tanto del derecho a retracto en compras celebradas por medios electrónicos.
Por: Camila Bohle S.
Publicado: Viernes 24 de diciembre de 2021 a las 10:50 hrs.
Este viernes se publicó en el Diario Oficial la modificación a la Ley de Protección del Consumidor, la que establece medidas para incentivar la protección de sus derechos.
Lo principal de este cambio es se le entrega facultades al Sernac en materia de protección de datos en el marco de una relación contractual de compraventa, lo que generó algún grado de polémica, porque algunos expertos estimaron que esas atribuciones las debería tener el organismo que crea la ley de protección de datos que se tramita en el Congreso.
Entre sus principales aspectos con el que se blindó al Sernac es procurar una mejor regulación tanto del derecho a retracto en compras celebradas por medios electrónicos, como de los contratos de adhesión; ampliar los derechos del consumidor financiero y el derecho a prepago referido al consumo; y extender el plazo de garantía de tres a seis meses.
Fue en enero de 2019 cuando el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de ley. La iniciativa es conocida como "Proyecto Pro Consumidor" debido a las modificaciones a la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
A finales de junio de este año, el proyecto fue aprobado de forma unánime por la Cámara de Diputados, siendo remitido para la aprobación del Senado. Luego, en agosto, el Senado aprobó por unanimidad el texto final del proyecto.
Pertuzé, exsubsecretario de Economía en el segundo gobierno de Piñera, reemplaza a Pablo Zamora y sería el nuevo presidente. También se integran al directorio Carmen Luz Assadi y Bracey Wilson, junto con el nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica.
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
Felipe Melo, Rodrigo Egaña y Pedro Guerra coinciden en que no están los tiempos para grandes modificaciones a un sistema que ha funcionado razonablemente bien en 23 años.
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
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