Economía y Política
Libertad y Desarrollo asegura que cambios a Ley de I+D son “sólo un comienzo”
Ley contempla beneficio tributario que consiste en un crédito de 35% de la inversión sólo para contratos entre empresas y terceros registrados en Corfo.
Por: | Publicado: Martes 16 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.
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En la cuenta regresiva hacia el año de la innovación, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) realizó un estudio sobre la nueva Ley Incentivo I+D (Ley N° 20.570) que modifica la Ley 20.241, que entró en vigencia el pasado 7 de septiembre. Allí señala que existe una preocupación notoria de esta administración por el tema de la innovación. Sin embargo, subraya que “queda mucho por hacer y la modificación de la Ley N° 20.241 es sólo un comienzo. Es de esperar que durante 2013 se presenten más iniciativas que fomenten el desarrollo tecnológico con una visión de largo plazo, pues innovación y productividad son elementos claves en el combate a la pobreza y en el desarrollo económico”.
Y es que la experiencia internacional, añade LyD, sugiere que empresas de diferentes tamaños pueden lograr grandes avances en competitividad a partir de I+D (Investigación y Desarrollo), pero para ello es necesario invertir un porcentaje relevante del PIB en este ítem. Según deja constancia el organismo, actualmente, se invierte en Chile sólo un 0,5% del PIB en I+D, mientras que en los países desarrollados se destina un 2,3% y si sólo se contabiliza el gasto de las empresas privadas en I+D, el porcentaje sólo alcanza un 0,16% del PIB al año 2010, según el Índice Berd que revela el reporte “Ciencia, Tecnología e Industria: Panorama 2012”, publicado por la OCDE.
Es por ello que la ley dictada originalmente en 2008 y recientemente modificada, tiene un beneficio tributario correspondiente a un crédito de 35% de la inversión sólo para contratos de I+D entre empresas y terceros registrados ante Corfo, además de permitir el 65% restante como gasto. Además, los proyectos debían ser certificados por Corfo y el límite al beneficio de 5.000 UTM; no sobrepasar el 15% del ingreso bruto anual de la empresa y tiene como fecha de término del beneficio el 31 de diciembre de 2017.
LyD explica que entre la promulgación de la Ley 20.241 y agosto de 2012, el número de contratos de I+D certificados suman 89, lo que en total corresponde a más de $ 65.000 millones en inversiones en I+D certificadas, siendo los sectores productivos que más concentran contratos Pesca y Acuicultura (37%) y Silvo-Agropecuario (29%).
“Estas cifras aunque positivas resultan insuficientes y así nace la nueva Ley Incentivo I+D (Ley N° 20.570) que modifica la Ley 20.241 que durante su lanzamiento 52 empresas se comprometieron a presentar proyectos de I+D durante los próximos 12 meses por un monto total de $ 15.000 millones, cifra que más que duplica las inversiones realizadas desde el año 2008 a la fecha”, aseguran desde la entidad. El estudio concluye que existe una preocupación notoria de esta administración por el tema, expresada no sólo en la promulgación de la ley antes mencionada sino que en muchos otros programas de fomento a la innovación, como por ejemplo el programa “Consorcios Tecnológicos para la Innovación”, que busca incentivar la asociación entre las empresas y las universidades en pro de la inversión en I+D, con Corfo duplicando los montos de aporte público y los años de ejecución máximo de estas agrupaciones.
Y es que la experiencia internacional, añade LyD, sugiere que empresas de diferentes tamaños pueden lograr grandes avances en competitividad a partir de I+D (Investigación y Desarrollo), pero para ello es necesario invertir un porcentaje relevante del PIB en este ítem. Según deja constancia el organismo, actualmente, se invierte en Chile sólo un 0,5% del PIB en I+D, mientras que en los países desarrollados se destina un 2,3% y si sólo se contabiliza el gasto de las empresas privadas en I+D, el porcentaje sólo alcanza un 0,16% del PIB al año 2010, según el Índice Berd que revela el reporte “Ciencia, Tecnología e Industria: Panorama 2012”, publicado por la OCDE.
Es por ello que la ley dictada originalmente en 2008 y recientemente modificada, tiene un beneficio tributario correspondiente a un crédito de 35% de la inversión sólo para contratos de I+D entre empresas y terceros registrados ante Corfo, además de permitir el 65% restante como gasto. Además, los proyectos debían ser certificados por Corfo y el límite al beneficio de 5.000 UTM; no sobrepasar el 15% del ingreso bruto anual de la empresa y tiene como fecha de término del beneficio el 31 de diciembre de 2017.
LyD explica que entre la promulgación de la Ley 20.241 y agosto de 2012, el número de contratos de I+D certificados suman 89, lo que en total corresponde a más de $ 65.000 millones en inversiones en I+D certificadas, siendo los sectores productivos que más concentran contratos Pesca y Acuicultura (37%) y Silvo-Agropecuario (29%).
“Estas cifras aunque positivas resultan insuficientes y así nace la nueva Ley Incentivo I+D (Ley N° 20.570) que modifica la Ley 20.241 que durante su lanzamiento 52 empresas se comprometieron a presentar proyectos de I+D durante los próximos 12 meses por un monto total de $ 15.000 millones, cifra que más que duplica las inversiones realizadas desde el año 2008 a la fecha”, aseguran desde la entidad. El estudio concluye que existe una preocupación notoria de esta administración por el tema, expresada no sólo en la promulgación de la ley antes mencionada sino que en muchos otros programas de fomento a la innovación, como por ejemplo el programa “Consorcios Tecnológicos para la Innovación”, que busca incentivar la asociación entre las empresas y las universidades en pro de la inversión en I+D, con Corfo duplicando los montos de aporte público y los años de ejecución máximo de estas agrupaciones.
