Algo más de una semana resta para que se cumpla el plazo perentorio para que el Gobierno ingrese al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos 2026, el último que diseñará la administración saliente y el primero que le tocará ejecutar al nuevo Gobierno que asuma el mando el 11 de marzo próximo.
La medida busca reducir el gasto en cerca de US$ 11 millones por año a partir del 2026.
El ingreso viene precedido por un intenso debate sobre el estado de las finanzas públicas, con el Ejecutivo buscando incorporar medidas para recortar el gasto público y hacerlo más eficiente , luego del informe que presentó una comisión de economistas transversales que sugirió ideas para recortar los desembolsos del Estado en US$ 2.000 millones por año a partir del 2030.
Y también en momentos en que se discute la posibilidad de que el Gobierno nuevamente incumpla la meta fiscal este año, razón por la cual se encuentra desplegando un conjunto de medidas legislativas y administrativas para ajustar el tamaño del Estado.
Una de las principales se relaciona con suspender la entrega de algunos bonos o prestaciones sociales que están mal evaluadas técnicamente por el Gobierno o cuyo objetivo o población a cubrir ya está resuelto por otro tipo de subsidios.
Tanto el Ministerio de Hacienda como la Dirección de Presupuestos (Dipres) buscaban ingresar al Congreso un proyecto de ley para terminar con algunos subsidios que cumplían dichos criterios. Sin embargo, en las últimas semanas en el Ejecutivo se optó por una nueva estrategia.
Así, en lugar de presentar un texto nuevo, se ingresará una indicación con el citado contenido a un proyecto de ley ya en trámite: el que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad.
El texto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y es parte del conjunto de proyectos que han dado forma al denominado "pacto fiscal". La normativa busca crear una nueva institucionalidad que articule la evaluación de las políticas públicas, la promoción de buenas prácticas regulatorias y el fomento a la productividad.
En Dipres confirmaron la nueva estrategia legislativa, señalando que se busca que dicho ajuste a la oferta monetaria comience a regir a partir del año 2026. También, recordaron que esta idea está bajo el paraguas de las medidas correctivas presentadas el 23 de abril ante el Congreso para evitar un incumplimiento de la meta de balance estructural.
"La evaluación sectorial a las transferencias monetarias sirvió como uno de los insumos para la medida que se presenta como “suspender bonos objetados técnicamente”, que se traducirá en eliminar bonos que no cumplen propósitos claros de política pública. Tal como se plantea en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre, presentado en julio al Congreso, durante el segundo semestre de este año se presentará para su tramitación legislativa una indicación al Boletín 16799-05 que Crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, que permitirá dar cumplimiento a esta medida, con efecto desde 2026", explicaron en la repartición encabezada por Javiera Martínez.
Las prestaciones en la mira
Con la propuesta, Hacienda busca reducir el gasto público en cerca de US$ 11 millones por año, partiendo en 2026.
El trabajo para identificar la oferta se inició en 2022, cuando Hacienda encargó al Sistema de Evaluación de Programas e Instituciones Públicas un análisis de las transferencias monetarias que realiza el Estado, la que servirá de base para el proyecto de ley señalado.
¿El objetivo? Identificar la perspectiva estratégica y alcance de las transferencias, así como también analizar si existían complementariedades y duplicidades a nivel de sus estrategias y beneficiarios.
Las transferencias fueron revisadas a través de la línea evaluación sectorial, la cual es un instrumento centrado en la mirada integral de un área de política pública.
La oferta programática relevante se definió mediante la selección de programas que cumplieran con tres requisitos: que tuvieran como objetivo aliviar determinados gastos o complementar ingresos de una persona u hogar; que fueran de libre disposición; y con cobertura país.
Así, Dipres dividió en cuatro grupos las prestaciones analizadas: aseguramiento de servicios básicos o de consumo básico; para el desarrollo humano; destinadas a la inclusión laboral; y destinadas al mejoramiento de pensiones.
De esta forma, se evaluaron 28 transferencias monetarias pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y al Ministerio de Educación.
Sobre la base del análisis del Ejecutivo, en conjunto con un panel de especialistas, se definieron cuatro sugerencias de mediano plazo.
La primera es utilizar un solo instrumento de focalización para programas dirigidos a grupos vulnerables, basado en el Registro Social de Hogares (RSH) y la Calificación Socioeconómica.
El segundo fue fusionar las transferencias, especialmente las relacionadas a empleo y niños, niñas y adolescentes. Aquí se destaca la necesidad de aumentar los montos de los subsidios destinados a hogares con niños, niñas y adolescentes, proponiendo que los próximos aumentos presupuestarios se centren en este grupo dada la alta rentabilidad y la acumulación de capital humano.
La tercera idea es analizar las barreras de acceso de género, evaluar ajustes en montos y encargar estudios para profundizar en la asignación de beneficios.
Una cuarta recomendación es estudiar la pertinencia de mantener el programa Bodas de Oro, ya que es la única de las 28 transferencias catalogadas como relevantes que no evidencia contribuir a disminuir la pobreza y vulnerabilidad de los hogares, no siendo parte integral del sistema de protección social ni de las transferencias monetarias.
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