Este lunes inició su discusión la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que tiene por objetivo reducir los tiempos de tramitación que requiere un proyecto de inversión para su desarrollo. La tramitación del proyecto del Ejecutivo empezó en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados y fue presentado por el ministro del ramo, Nicolás Grau.
En su totalidad, la reforma abarca 380 permisos sectoriales, pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios, sobre los cuales se estima una reducción de al menos 30% en promedio de los plazos de autorizaciones sectoriales de los proyectos de inversión.
“Todos los proyectos de inversión van a verse beneficiados por este cambio legal, del área que sea, porque todo proyecto de inversión en algún momento tiene que solicitar algún permiso sectorial y este proyecto de ley afecta y altera la forma en la que se dan todos los permisos sectoriales”, dijo Grau en su presentación.
Si bien ya se había adelantado que la reforma implicaría un alza directa en el Producto Interno Bruto (PIB) de 2,4% en 10 años, de acuerdo a lo que señaló la comisión Marfán, el ministro también apuntó a que tendría un aumento en la recaudación fiscal por el adelantamiento de flujos futuros por 0,27% del PIB de 2023.
“Nosotros cumplimos acá con creces con lo que está estimado en el informe de la comisión Marfán, respecto de lo que podría ser la reducción de los tiempos”, indicó Grau.
También, el ministro dio a conocer la cantidad de permisos -de los 380 totales- por cada una de las cinco tipologías que propone el proyecto. Así, serían 56 autorizaciones en la tipología de administración y disposición, que tendrá un total de 120 días para su aprobación; 32 en aquella de localización, que contará con 50 días; 100 en proyectos, con 50 días; 90 de funcionamiento, con 25 días; y 102 autorizaciones en la de profesionales o servicios, con 60 días.
Por sector, 130 permisos corresponden al área del salud, 47 a minería, 45 a vivienda y urbanismo, 23 a obras públicas, 18 a energía, 17 a transporte y telecomunicaciones, 15 a agricultura y 10 a pesca.
Además de contar con las normas mínimas de tramitación para permisos sectoriales, el proyecto también incluye criterios de proporcionalidad en la tramitación, el uso de la plataforma Super como ventanilla única digital, y la creación del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial, que operará como una nueva gobernanza que coordine la tramitación sectorial.
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