Trece páginas tiene el “proyecto de ley para apoyar a las familias y las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile”, ingresado por el Ejecutivo ayer a la Cámara de Diputados.
La propuesta legal -que tiene urgencia de discusión inmediata, por lo que tiene que ser despachada a más tardar en tres días al Senado- da cuenta de una serie de medidas que incluye el millonario paquete de estímulo fiscal anunciado la semana pasada.
Estos son el bono de apoyo a los ingresos familiares por $ 50 mil por cada carga familiar (similar al esquema del Subsidio Único Familiar, SUF); la reducción por seis meses del impuesto de timbres y estampillas a 0%; y una capitalización por US$ 500 millones para BancoEstado.
En la propuesta, el Fisco solicitó al Congreso aumentar el techo del endeudamiento del sector público para este año en US$ 4.000 millones para solventar parte del financiamiento del paquete.
De esta manera, el aparato estatal tendrá espacio de emisión de deuda para solventar gastos y cubrir el déficit fiscal por hasta US$ 13.000 millones.
Eso no significa que el Gobierno utilizará todos esos recursos, sino más bien que el Parlamento lo autoriza a disponer de dichos fondos.
Cambios a fondos
La propuesta legal no solo contempla medidas de alivio tributario, sino que una serie de mecanismos para incrementar el flujo de recursos fiscales.
Uno de los principales es suspender por dos años el aporte anual que realiza el Fisco al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), uno de los dos principales fondos soberanos que posee el país, junto con el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).
El FRP acumula a enero activos por US$ 10.872 millones. Desde sus inicios en 2007, el Fisco le ha aportado US$ 9.477 millones, mientras que ha retirado US$ 1.415 millones. El vehículo se emplea principalmente en solventar el pago de pensiones del Pilar Solidario.
Otra de las medidas para liberar fondos es que las instituciones públicas que conservan ingresos, por ejemplo, por multas, tasas y otros, transfieran dichos recursos para su administración a la Cuenta Única Fiscal, “de modo que se puedan usar donde sea más prioritario y urgente”.
Por último, Hacienda busca que se postergue en 18 meses el plazo para trasladar los saldos al Fondo de Contingencia Estratégica, en el marco de la ley que Establece un Nuevo Mecanismo de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional.
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