Una de las presentaciones más esperadas este jueves en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco de la ley de reconstrucción y reactivación, era la del director de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez.
Esto, con el trasfondo de los nueve riesgos fiscales que levantó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto a la propuesta del Ejecutivo.
Y si bien se esperaba que se acogieran algunas de las observaciones, finalmente el Ejecutivo tomó otro camino.
En una exposición de menos de 20 minutos, Gómez partió realzando cómo el discurso del CFA coincidiría con el del Ejecutivo, en términos de destacar el foco en crecimiento económico y eficiencia del gasto público de la propuesta.
“No tenemos discrepancias con los números y valoraciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo”, dijo el directivo, aunque acto seguido planteó la principal diferencia con el diagnóstico del organismo.
“Cuando el CFA analiza cada medida, hace lo que los economistas llaman un equilibrio parcial. Cada medida individual no captura por sí mismo el efecto del crecimiento. Se requiere la imbricación de todos los efectos juntos: las medidas regulatorias, las medidas tributarias, las medidas de facilitación de trámites. Todas ellas se conjugan para lograr el crecimiento, por lo cual es muy difícil convenir fácilmente que el impacto de cada medida se tiene que medir individualmente”, manifestó el ingeniero.
Punto por punto
Gómez entregó respuesta a cada uno de los nueve puntos levantados por el CFA.
En el primer tema -que la rebaja del impuesto corporativo no compensa en su totalidad el impacto fiscal a través de un mayor crecimiento-, Gómez manifestó que aquello es una lectura “simple” del informe financiero del proyecto y volvió sobre la explicación de tomar todos los artículos en su conjunto: “El efecto crecimiento se produce por la imbricación del conjunto de todas las medidas propuestas por el proyecto de ley”.
La segunda alerta que planteó el Consejo se relaciona con el alto costo fiscal (US$ 1.400 millones) del crédito tributario al empleo y dudas respecto a cómo conversaría con el Subsidio Unificado al Empleo. El director explicó que el crédito tributario al empleo comienza a decrecer en el tiempo, mientras que el Subsidio Unificado al Empleo entra en vigencia al tercer año, y que las fuentes de información utilizadas por Hacienda son distintas a las del CFA respecto a la trayectoria de ambos mecanismos.
El tercer punto se relacionaba con la suspensión por un año del IVA a la vivienda. Gómez manifestó que si bien es un riesgo fiscal que haya un mayor uso del beneficio al esperado, en contraposición aquello derivará en un mayor crecimiento en actividad por el efecto en empleo que tiene la construcción.
Gómez defendió que la compensación al Fondo Común Municipal (FCM) por la exención de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores se discuta cada año en la Ley de Presupuesto y que las proyecciones que hacen en la materia son conservadores.
En cuanto al quinto punto levantado por el CFA sobre un potencial menor ahorro vía control del mal uso de licencias médicas, el director explicó que su estimación es “conservadora” porque se está asumiendo una disminución de solo 10% del gasto en suplencias, explicando que a modo de referencia el año pasado el sobregasto en reemplazos fue de un 33% en comparación al 2022.
Sobre el sexto punto, que el CFA cuestionaba si se podían lograr los ahorros por el aumento de cupos de incentivo al retiro de funcionarios del Estado, Gómez explicó que el informe financiero asume un cálculo conservador de que las dotaciones se mantienen en el sector público.
Respecto al séptimo punto, relativo a la posibilidad de que no se logre la recaudación por reducción de evasión de impuestos al tabaco, Gómez justificó que la proyección se realizó en base a una recuperación de un 20% en el impago de ese gravamen, lo que deriva del promedio de recaudación de los últimos ocho años.
En cuanto a la observación sobre la ausencia de una proyección del monto que implicaría para el Estado la compensación por las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) rechazadas, Gómez dijo que esos montos serán incluidos en el informe anual de activos contingentes que elabora la Dipres.
Finalmente, el director abordó la preocupación del CFA por el uso de ventanas para adelantar recaudación, señalando que “no entendemos” que se esté financiando gasto permanente con ingresos transitorios, en particular porque el efecto de estas ventanas se materializan en 2026 y 2027, pero luego se reversan en los años posteriores.
Al cierre, Gómez dijo que acogería alguna de las recomendaciones del CFA, como por ejemplo establecer mecanismos de seguimiento verificables de algunas medidas.
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Sebastian Valdenegro
