Tras su llegada al Ministerio de Hacienda en medio del conflicto social, Ignacio Briones ha enfatizado la necesidad de avanzar en una hoja de ruta consensuada sobre las prioridades del país y, en virtud de ello, revisar cuánto y cómo se gasta, tal cual lo hacen los hogares en Chile.
Una visión de la que ya se ha hecho eco Horizontal, el centro de estudios ligado a Evópoli -partido donde milita el secretario de Estado-, bajo la lógica de lo que se denomina como “Presupuesto base cero”. Es decir, una especie de big bang fiscal.
“¿Después de una crisis social como la que comenzó el 18 de octubre debiéramos tener un Presupuesto igual al de todos los años? La respuesta es no”, afirma el director de Horizontal, Sebastián Izquierdo.
Atrás quedaría la planificación actual, donde cada año se asignan recursos -un total de US$ 70 mil millones- similares a los distintos servicios del Estado para que sigan funcionando, con un ajuste generalmente al alza en función de la disciplina fiscal.
Los ojos de Izquierdo están puestos en México, país que enfrentó serios problemas financieros y optó por ir a un erario base cero para el 2016.
“En la Ley de Presupuestos 2020 ya no se hizo, pero eso no quita que no pueda ser en 2021 o, incluso, aproximarse durante 2020, porque Hacienda sí tiene cierta flexibilidad para transferir recursos de un ministerio a otro”, apunta.
Positivo, pero…
Aunque interesante, el investigador del Observatorio Fiscal, Manuel Henríquez, considera que partir de cero es complejo en el país. “No tan solo por la cultura y prácticas presupuestarias ya instaladas, sino también porque este método es muy costoso en recursos humanos y materiales”, acota.
Para la economista senior de LyD, Macarena García, se trata de una herramienta que teóricamente funciona para priorizar y controlar el gasto público, pero advierte que en los países de la región y de Europa -donde se ha tratado de aplicar- la evidencia muestra que sus efectos son acotados o no se han podido consolidar.
“El principal problema ha sido la excesiva carga de trabajo burocrático que implica evaluar todos los gastos, creándose un inmenso volumen de papeleo que sobrepasó a los directivos públicos”, precisa.
Otro aspecto donde hay debilidades, dice García, es la negociación entre Hacienda y los defensores de programas, como agencias y Congreso, ya que el proceso presupuestario tiene un alto grado de economía política. “Este elemento es clave en nuestro país, particularmente ahora que el Congreso parece estar dirigiendo la política fiscal”, asevera.
Izquierdo aclara que la idea no significa que el total del erario parta de cero, pues hay muchos recursos que ya están comprometidos, año a año.
“Estamos hablando de 2,7 puntos del gasto público, que según el BID no están bien ejecutados, por lo tanto hay espacio de mejora en la calidad del gasto público, y cuando tenemos un Presupuesto incremental, también en su reasignación”, dice.
Paso a paso
Henríquez propone desarrollar con urgencia una agenda de trabajo público-privada, donde se integren el Ejecutivo, el Congreso, la Contraloría y la sociedad civil especializada, para proponer medidas destinadas a que el gasto público sea más eficiente y centrado en las necesidades sociales.
“El propósito final es lograr que el sistema evalúe constantemente todos los programas públicos, con lo cual se eviten duplicidades o se detecten oportunamente programas que no tiene sentido mantener en el tiempo”, explica.
El punto de partida es crítico, pues buena parte de los programas gubernamentales ejecutados que han analizado los expertos obtiene una nota deficiente. Si se contempla desde 2011 hasta 2019, como lo hizo LyD, la radiografía es categórica: de las 131 iniciativas -revisadas y homologados-, el 60% contó con una calificación de “insuficiente”, lo que involucra US$ 4.225 millones. Un 34%, por US$ 2.646 millones, fue considerado “suficiente” y apenas el 5% (US$ 343 millones) tuvo una nota “buena”.
O sea, hay espacio para redistribuir recursos de programas mal evaluados, pero como lo advirtió la economista Andrea Repetto el domingo en El Mercurio “ello ha probado ser difícil para todas las administraciones”.
De hecho, precisó que la campaña de Sebastián Piñera comprometió un programa con un costo de US$ 14 mil millones, cuya mitad se financiaría con reasignaciones. “¿Qué programas se han cerrado en estos años? ¿Cuántos recursos se han liberado?”, reflexionó.
La propuesta del think tank ligado al ministro de Hacienda
El director ejecutivo de Horizontal, Sebastián Izquierdo, explica que para avanzar hacia un Presupuesto base cero se deben definir los objetivos y metas a partir de una Planificación Nacional de Presupuesto (PNP), la cual debiera desprenderse de una agenda social transversal con participación ciudadana.
Cada sector presupuestario debe realizar un "paquete de decisión" con sus principales necesidades, metas y objetivos y presentarlos a Dipres, entidad que analizará la información y priorizará la asignación de los recursos a los programas, bajo un esquema de costo-beneficio. Todo esto debe ser evaluado periódicamente para realizar los ajustes correspondientes.
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