Oposición sustentaría acusación constitucional en faltas a la probidad e igualdad ante la ley

Ángela Chávez M.




Por cerca tres horas se extendió la primera reunión de la mesa técnica convocada por la Concertación para estudiar la acusación constitucional en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, que se sustentaría en la transgresión a la Ley de Probidad y al principio de igualdad que habría vulnerado la autoridad.

Así al menos lo fundamentaron los abogados que llegaron a la cita, entre ellos el constitucionalista Humberto Nogueira, además de Raúl Donckaster, Rodrigo González, Jorge Morales, Julia Urquieta -ligada a la Bancada Comunista- y el ex subsecretario Edgardo Riveros, quien asumió la coordinación del equipo.

En la ocasión, los expertos habrían revisado en detalle las normas que están obligadas a respetar las autoridades públicas y, en particular, la Ley de Bases de la Administración Pública, principalmente el capítulo referido a la probidad (artículos 52 y 53) que con la reforma de 2005 fue elevada a rango constitucional. Principio que también fue utilizado en 2008 por la Alianza para fundamentar la acusación contra la ex ministra de Educación, Yasna Provoste.

Pero a juicio de los expertos, la autoridad regional en su intento por beneficiar a los vecinos de la población Aurora de Chile de Concepción, también habría vulnerado el inciso 2, del artículo 19 de la carta fundamental que establece la igualdad ante la ley y donde se deja en claro que “en Chile no hay persona ni grupo privilegiados” y que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.




Respeto irrestricto


Así, ajustándose a derecho, el coordinador del grupo, el ex subsecretario Riveros explicó que si bien aún están en etapa de análisis, “nuestra Constitución Política obliga a todas las autoridades del Estado a ajustarse en su comportamiento a todas las normas que la Constitución establece. En el caso de los intendentes, el tema fundamental está dado por el hecho de que tiene que haber un respeto irrestricto a las normas constitucionales y cualquier vulneración grave pudiera dar mérito a desarrollar esta acusación constitucional de acuerdo a lo que la propia carta fundamental establece”.

En esa línea, el abogado Humberto Nogueira sostuvo que “una mentira claramente establecida, de forma premeditada por una autoridad estatal, como es una intendenta, de lo cual tenga que retractarse -de cualquier manera que haya sido esa retractación- prueban que los antecedentes sobre los cuales expresó esa opinión tienen elementos de hecho que permitan sustentar que eso fue una conducta deliberada. Que eso al mismo tiempo constituye una infracción o de algunos de los derechos fundamentales, obviamente que posibilitan plantear una acusación constitucional”.

Así las cosas, los diputados presentes en la cita, entre ellos los PPD, Ramón Farías y Enrique Accorsi, Marcelo Díaz (PS), Marcos Espinosa (PSRD) y encabezados por el DC, Gabriel Ascencio, comentaron a la salida estar más convencidos de que existen argumentos para avanzar en la acusación, cuyo borrador podría comenzar a tomar forma a partir del próximo martes, luego que el grupo se vuelva a reunir el lunes 28, a partir de las 17.30 horas.

“La decisión la vamos a tomar colectivamente”, adelantó el diputado Díaz, enfatizando que no buscarán establecer que la intendenta cometió un error sino que “mintió”.