De cara al 5 de mayo, cuando se contempla el fin de la vigencia de la ley de servicios básicos, normativa que permite postergar el cobro de deudas e impide las interrupciones por no pago, la comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó extender la medida.
En una rápida discusión en la mañana de ayer, la instancia dio luz verde en general y particular a la iniciativa, aprobando cambios a la ley de servicios básicos. En lo concreto, se visó la extensión hasta el 30 de noviembre, aumentar los beneficiarios al 80% de las familias en el Registro Social de Hogares (RSH), subir los convenios de pago desde 36 hasta 48 cuotas y la vigencia hasta 60 días después de terminado el estado de excepción provocado por la emergencia sanitaria.
En la cita, previo a la votación, el superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC), Luis Ávila, señaló que la totalidad de los convenios suscritos por la industria eléctrica se eleva a los 178 mil.
Un 60% de ellos se realizaron y aprobaron por las compañía en virtud del acuerdo voluntario suscrito con las empresas previo a la vigencia de la ley de servicios básicos. En total, 107.057. Mientras, un 40%, es decir, 71 mil, fueron a partir de la vigencia de la normativa.
“Si miramos la situación previa a la pandemia, la cantidad de morosos del sector eléctrico al mes de marzo, antes de que se iniciaran los problemas en los ingresos, el nivel de clientes residenciales que se encontraban morosos a esa fecha ascendía a 514.418 en el sector eléctrico y 53.016 en el sector del gas por red. Hay una base de morosidad que traía la industria que no está asociada a los efectos que ha producido la pandemia”, advirtió.
En tanto, durante el período de pandemia, el sector eléctrico ha incrementado la cantidad de personas morosas en el sector residencial en 168.912. “La cantidad de convenios suscritos es mayor a la cantidad de morosos que agregó la pandemia”, complementó.
Por su parte, el subsecretario de Energía, Francisco López, recalcó que ninguna familia se quedará sin servicios básicos por el no pago de sus cuentas.
La normativa vigente y que fue aprobada a inicios de la crisis sanitaria en marzo del año pasado establece que las empresas de servicios de gas, agua y electricidad no podrán cortar el suministro por no pago a los usuarios residenciales o domiciliarios; hospitales y centros de salud; cárceles y recintos penitenciarios; hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores; Bomberos; organizaciones sin fines de lucro; y microempresas.
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