Desde la campaña presidencial, el entonces candidato José Antonio Kast ya había posicionado a la migración como uno de los pilares de su eventual gobierno, que denominó de emergencia. Así, durante sus primeros días de gestión presentó el plan Escudo Fronterizo, con la construcción de una zanja en la frontera norte del país y le dio urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.
El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, valoró que la migración sea puesta como un tema central, ya que es de importancia para el país y la ciudadanía.
De hecho, un sondeo realizado por el organismo indica que 17% de la población de la Región Metropolitana experimenta un alto nivel de tensión vinculado a la migración.
El abogado afirmó que lo que se ha mostrado en estos primeros 30 días de gobierno no es suficiente para lograr una política consistente y responsable en el mediano y largo plazo. “Es necesario avanzar en medidas como la zanja, por ejemplo. Pero la zanja no es suficiente”, dijo.
A su juicio, es “muy importante” complementar acciones de control fronterizo con otras que se hagan cargo de manera prioritaria de lo que se quiere que pase en el mercado laboral con los migrantes, además de “cómo reforzamos la institucionalidad del Servicio Nacional de Migraciones, cómo hacemos para que la convivencia entre chilenos y migrantes no siga aumentando como un factor de tensión en nuestra sociedad”, argumentó.
“La tendencia que hemos visto en el norte es que han ido bajando los ingresos irregulares, (...) el principal factor es que la población venezolana ya no se está desplazando como antes”.
- ¿Comparten que existe una “emergencia” migratoria?
- Hay una emergencia si lo miramos como algo que requiere acción inmediata, que está afectando al país y que no podemos esperar para tomar ciertas medidas. Pero hay una tentación en el tema migratorio, y eso se da en todo el mundo, que es abordarlo con medidas que son más efectistas y mediáticas que realmente efectivas. Y ahí nosotros esperamos que el gobierno sea capaz de dar una respuesta a las expectativas que tiene la ciudadanía, pero que eso no vaya en desmedro de impulsar realmente políticas que tengan resultados concretos.
Los desafíos
- ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta Chile hoy en materia de migración?
- La tendencia que hemos visto en el norte es que han ido bajando los ingresos irregulares. En parte por las políticas que se han impulsado desde distintos gobiernos hasta el actual, que hay que seguir reforzándolas, pero también, y el principal factor, es que la población venezolana ya no se está desplazando como antes. Si eso se mantiene, quizá el mayor desafío no va a estar en la frontera como lo ha estado en los últimos años.
Si bien siempre hay que estar mirando qué pasa con el crimen organizado, el contrabando y con la trata de personas, en los próximos años quizás el mayor desafío en torno a la migración va a ser qué es lo que pasa dentro del país. Qué pasa con las personas migrantes que ya viven dentro del país. Hoy tenemos cerca de un 15%-20% de la población migrante que está en situación irregular.
- ¿Y cuál es ahí el desafío?
- Qué vamos a hacer con ellos de manera realista, porque pedirles que se vayan o expulsarlos es muy difícil que se concrete. Qué vamos a hacer con el 80% de los migrantes que vive en Chile y que está en situación regular, que la mayoría está trabajando, que tienen más hijos que los chilenos. Cómo proyectamos la sociedad chilena con la población migrante de aquí a 10 años.
Esas son preguntas que tenemos que hacernos, porque si no las abordamos en el peor de los escenarios, podemos terminar con grupos de la sociedad chilena que estén más aislados, que no sepan convivir con el resto de la sociedad, que estén en situaciones más precarias, que quizás le van a tener miedo a la institucionalidad.
(El proyecto que tipifica como delito la migración irregular) es una medida que es muy cara, a que requiere de una capacidad institucional que no tenemos, que también puede generar una mayor sobrecarga en el sistema penitenciario”.
- ¿Cuál debería ser el foco del gobierno? ¿Qué no se está abordando en la política migratoria propuesta?
- Lo importante es que el gobierno sea consciente de que una política migratoria seria y sostenible no se juega solamente en la frontera.
Y eso implica trabajar en institucionalidad, en el ámbito laboral, en la integración y en la convivencia y también en seguridad dentro del país. Y requiere tener políticas que no solamente tengan impacto en la percepción de la ciudadanía, que también es importante, sino que tengan impacto en el corto, mediano y largo plazo, en resultados que sean medibles, con políticas que sean eficientes y que estén basadas en evidencia. Y ese es un desafío que no tiene solo este gobierno, en general tienen los gobiernos, porque es un tema que es tan sensible políticamente y socialmente que es muy fácil irse hacia lo efectista en vez de irse a lo que realmente sirve.
“Buscan nuevas rutas”
- Una de las primeras medidas fue el plan Escudo Fronterizo, iniciativa que contempla la construcción de zanjas, muros y puestos de vigilancia en la frontera con Perú, ¿qué tan efectivo cree que será?
- Es positivo avanzar con ese tipo de cosas en la medida en que se complemente con otras. Por ejemplo, cosas que han pasado en otros países en el pasado es que cuando solamente se implementan cuestiones como la zanja, el muro, las vallas, en un comienzo pueden tener un efecto disuasorio, pero a medida que pasa el tiempo vuelven a aumentar los flujos irregulares, buscan nuevas rutas, vuelven a entrar en números más o menos similares y por rutas más peligrosas.
Y lo que pasa con eso es que las bandas criminales que se dedican al tráfico de migrantes, a la trata de personas, al contrabando, se hacen más sofisticadas, tienen un mercado laboral más amplio y eso repercute en más casos de trata de personas, más muertes en la frontera, más peligros.
Entonces, para que ese tipo de medidas funcione y tenga un resultado y un impacto positivo, tiene que ir complementado con una institucionalidad migratoria que funcione, una coordinación efectiva con los países vecinos, un sistema que no le entregue visas a cualquier persona y que haya ciertos perfiles a los que le hagamos un poco más fácil la tarea.
- También el Presidente Kast ha propuesto un corredor humanitario, lo que necesitaría la colaboración de gobiernos de otros países.
- Es difícil un corredor humanitario por tierra, porque requiere un nivel de coordinación que es complejo con los países, pensando en personas que vuelvan a Venezuela en términos de seguridad, control de esas personas, de protegerlas, de recursos. Entonces, puede ser más viable lograr una relación consular con Venezuela para tener vuelos, ya sea de deportación o de retorno voluntario.
- También se anunció la discusión inmediata del proyecto que tipifica la migración irregular como delito, ¿cree que tendrá efectividad?
- El proyecto parte de la premisa real e importante de que la migración irregular es un problema serio para el país y que hay que buscar la forma de reducirla al mínimo posible. Es muy importante que desde lo legislativo, pero también desde desde la gestión del gobierno, se avance en mejores formas de enfrentar la irregularidad.
Ahora, el proyecto tiene elementos que hacen dudar de su eficacia.
- ¿En qué línea?
- Italia y Francia han intentado esto en el pasado con malos resultados, las personas condenadas por el delito de ingreso irregular fueron muy, muy pocas en general. Esto generaba una sobrecarga en las fiscalías o en los sectores públicos que lo que terminaban haciendo era no perseguir el delito de ingreso clandestino, sino que solamente e imputar, generar acusaciones cuando se mezclaban con otros delitos porque no les daba la capacidad para perseguir solamente a quienes habían ingresado a manera clandestina.
Muchas veces en los tribunales se terminaban archivando los casos y no se tradujo en una disminución de ingresos irregulares a esos países.
Es una medida que es muy cara, que requiere de una capacidad institucional que no tenemos, que también puede generar una mayor sobrecarga en el sistema penitenciario si es que vamos a tomar detenidas a estas personas mientras dura el procedimiento judicial.
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