Una nota de alerta puso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el efecto de la llamada permisología en el crecimiento y la innovación, asunto muy presente en el debate nacional reciente..
37 servicios son los involucrados en la ley de permisos en Chile.
En un informe sobre la gestión de licencias y permisos, el organismo sostuvo que estas figuras ayudan a proteger a las personas y al medio ambiente, pero añadió que son “engorrosos, lentos, poco claros o se usan incorrectamente o en exceso, pueden obstaculizar” la expansión de la actividad productiva.
Tras esta visión, la OCDE propuso seis principios para apoyar a gobiernos y autoridades a garantizar que las autorizaciones sean herramientas regulatorias significativas, efectivas y eficientes, es decir, impulsores del crecimiento y la competencia.
El documento se basó en una investigación de buenas prácticas internacionales en ámbitos vinculados con seguridad alimentaria, protección ambiental, salud y seguridad en el trabajo y la regulación económica.
“Al promover un enfoque proporcionado y centrado en los resultados, los Principios de Buenas Prácticas contribuyen a crear condiciones propicias para la innovación, la respuesta oportuna a las crisis (como la rápida aprobación de bienes esenciales como equipos de protección o desinfectante de manos durante emergencias de salud pública) y las transiciones digital y ecológica, por ejemplo, mediante la agilización de los procedimientos para la producción, el almacenamiento, el transporte y el uso de combustibles renovables”, indicó la OCDE en el reporte.
El rayado de cancha
El primer principio que promueve la OCDE se refiere a la concesión de licencias y permisos con un foco en los resultados de las políticas.
Con esto, se recomienda que los procesos deben diseñarse e implementarse de forma que se alineen con los objetivos de política más amplios; y lo que se desprenda de ellos, debe evaluarse en función de su cumplimiento.
De esta forma, las autoridades competentes deben garantizar los recursos y la capacidad adecuados para que los sistemas de autorizaciones logren los objetivos previstos.
El segundo eje se relaciona con mantener las licencias y permisos proporcionales a los riesgos, limitando el uso de los procesos y requisitos a los casos en que las actividades no puedan regularse eficazmente ex post y adaptarse al nivel de riesgo que enfrenta una empresa o una actividad.
Así, las citadas herramientas deberán aplicarse solamente cuando el impacto potencial sea significativo e irreversible, es decir, cuando el daño no pueda repararse fácilmente.
En tercer lugar, las licencias y permisos se deben vincular con la aplicación de la ley y sus inspecciones, además de fomentar un cumplimiento significativo.
Le sigue el principio de hacer que los procesos sean fáciles de usar. Para esto se recomienda adoptar un enfoque centrado en el usuario en la entrega de autorizaciones, con simple acceso a la información y apoyo para individuos y empresas, al mismo tiempo que involucrar activamente a las partes interesadas en el proceso.
En quinto lugar se menciona la idea de optimizar los pasos en pos de lograr avanzar en la burocracia y mantener su flexibilidad. Esto, mediante procesos estandarizados, respaldados por una mejor coordinación entre las administraciones públicas con el fin de minimizar la carga y la complejidad. También los procedimientos deben diseñarse, implementarse y supervisarse con flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes y promover la innovación, optimizando al máximo los recursos disponibles.
Finalmente, el sexto principio apunta a garantizar la equidad y la integridad, lo que significa que las autoridades deben asegurar que sus procesos sean justos, éticos y transparentes y estén respaldados por mecanismos de rendición de cuentas independientes.
Todo un reto si se asume que en el caso de la ley de permisos sectoriales aprobada en Chile el número de autorizaciones llega a 380, que pertenecen a 37 servicios. La meta es reducir los tiempos de tramitación entre 30% y 70%.
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