Continúan conociéndose detalles del proyecto de ley de Presupuestos 2026.
Junto con un crecimiento del gasto público de 1,7% el próximo año y una mejoría en la proyección de crecimiento de la economía de cara al 2026, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) también presentaron los principales supuestos detrás del erario.
En el marco del Informe de Finanzas Públicas (IFP), el Ejecutivo volvió a corregir la proyección del déficit estructural para este año, dando cuenta de un potencial nuevo incumplimiento en la meta fiscal, luego de que la desviación de 2024 (-3,3% del PIB versus el -1,9% del PIB proyectado) llevara al Gobierno a aplicar millonarias medidas de recorte de gasto para evitar que el hecho vuelva a ocurrir este año.
En específico, el saldo negativo ascendería a 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por encima del -1,8% del tamaño de la economía previsto en el IFP anterior. La meta que tiene el Gobierno, contenida en su decreto de política fiscal, es cerrar este año con un déficit estructural de 1,6%.
Según la Dipres, el desvío se explica de la siguiente forma: un 0,3% del PIB calculado por la “falta de avance” de algunas medidas correctivas para reducir y/o contener el gasto o incrementar los ingresos fiscales; así como menores ingresos por cobre equivalentes a 0,2% del PIB.
El déficit efectivo del sector público, en tanto, empeora en cinco décimas en relación a la proyección previa del Gobierno, para llegar a un 2% del PIB para este año.
Parte de las razones para el empeoramiento en las proyecciones de déficit tiene que ver con mayores presiones de gasto para este año, explicados por mayores desembolsos por gastos en intereses por más de US$ 380 millones, además de diferencias por tipo de cambio por cerca de US$ 30 millones.
A esto se le resta un ajuste de gasto por más de US$ 1.300 millones en relación al Presupuesto enviado al Congreso.
De esta forma, el crecimiento del gasto total del Gobierno será de 2,6% este año, menor al 4% presentado en la ley de Presupuestos 2025, pero por debajo del 2,2% que se preveía en el IFP de fines de julio pasado.
Para el ejercicio que viene, el Ejecutivo ratificó su compromiso de llevar el déficit estructural a un 1,1% del PIB, mientras que en el IFP del segundo trimestre dicha apuesta era de un saldo en rojo de 1,6% del tamaño de la economía. El decreto de política fiscal visado por la Contraloría establece ese objetivo.
La diferencia se explica por cambios en el ajuste cíclico del precio del cobre y del PIB por 0,6% del Producto, así como reasignaciones equivalentes a 0,8% del tamaño de la economía, a lo que se le resta un mayor gasto en formulación por el equivalente a un 1% del Producto.
En cambio, la perspectiva para el balance efectivo del año arroja un saldo negativo de 1,5% del PIB, dos décimas peor que lo anticipado en el Informe de Finanzas Públicas anterior.
Ingresos del Estado
El IFP actualizó el panorama para los ingresos del sector público este año, a la vez que trazaron una primera aproximación para 2026.
Por ejemplo, los ingresos totales del sector público en 2025 crecerán un 6,8%, lo que implica una corrección a la baja de casi US$ 840 millones en relación al IFP del primer trimestre de este año, de la mano de menores ingresos tributarios por casi US$ 690 millones menores al citado informe, menores transferencias de Codelco por casi US$ 340 millones y menores rentas de la propiedad por cerca de US$ 170 millones.
¿De cara a 2026? Los ingresos totales del Gobierno crecerían un 4,7%, una diferencia de más de US$ 3.700 millones en comparación con este año. Según la Dipres, los ingresos tributarios totales se expandirán un 5%, de la mano de la tributación de los contribuyentes no mineros y el IVA (ver tabla).
Medidas de contención
El proyecto considera una serie de medidas para contener o recortar gasto público, tomando 16 de las 34 medidas de la comisión asesora que propuso medidas de ajuste por más de US$ 2.000 millones en el mediano plazo.
Entre las principales medidas a ejecutar en 2026, destacan el fin de la glosa republicana; eliminar ciertas fuentes de financiamiento que permitían el incremento de las cifras globales de gasto corriente; mejorar la focalización socioeconómica de los beneficios estudiantiles en educación superior; suspender los reajustes de ciertos beneficios, como el Subsidio al Empleo Joven, el Subsidio al Empleo de la Mujer, los Aranceles de Referencia, la Beca Presidente de la República y las Becas de Educación Superior; congelar las remuneraciones en niveles nominales en el sector público; y un congelamiento parcial de las dotaciones manteniendo los niveles de este año, por citar algunas.
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