A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, las propuestas y declaraciones del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, respecto a la migración irregular continúan generando tensión política.
Sus dichos ocurren en medio del conflicto fronterizo con Perú, donde una decena de personas permanece impedida de salir debido a patrullajes militares peruanos y ante expectativas de deportaciones masivas en caso de que el republicano se imponga en el balotaje del próximo 14 de diciembre.
En este contexto, un grupo de excancilleres chilenos cercanos a la centro izquierda, como Soledad Alvear (2000-2004), Mariano Fernández (2009-2010), José Miguel Insulza (1994-1999), Heraldo Muñoz (2014-2018), Antonia Urrejola (2022-2023) e Ignacio Walker (2004-2006), difundieron una carta en la que advierten sobre los riesgos humanitarios y diplomáticos que, a su juicio, implican algunas de las propuestas del abanderado republicano.
Los firmantes sostienen que medidas basadas en expulsiones masivas, separación de familias o el confinamiento de personas en recintos de carácter cuasi carcelario “resultan incompatibles con el respeto irrestricto a la dignidad humana y con los estándares del sistema internacional y regional de protección de Derechos Humanos”.
Los excancilleres subrayan, además, que Chile tiene que preservar relaciones de cooperación y buena vecindad con Perú y Bolivia, especialmente frente a fenómenos transfronterizos como la migración irregular, el crimen organizado y el narcotráfico. En esa línea, advierten que la idea de “empujar” o derivar a miles de personas hacia países vecinos podría ser interpretada como un gesto inamistoso y una forma de presión política.
También cuestionaron la viabilidad operativa, financiera y diplomática de la propuesta de Kast de expulsar cerca de 350.000 personas, recordando que el régimen de Nicolás Maduro ha rechazado recibir repatriados desde Chile, lo que limitaría cualquier operación de retorno masivo.
Los firmantes recalcaron que la situación migratoria en el norte exigía respuestas “firmes pero viables”, lo que a su juicio implica fortalecer los canales diplomáticos, activar comités de frontera, perfeccionar acuerdos de reconducción y retorno, y avanzar en mecanismos conjuntos de regularización y control con Perú y Bolivia, bajo los principios de corresponsabilidad y respeto mutuo.
Finalmente, enfatizaron que la gestión migratoria y de seguridad fronteriza debe equilibrar el control territorial con la protección de la vida e integridad de las personas, evitando que se generen crisis humanitarias por la acumulación de familias sin salida ni asistencia adecuada en los pasos fronterizos:
"Hacemos nuestras las reflexiones contenidas en la carta publicada por el arzobispo de Concepción, en cuanto a que la política migratoria no puede reducirse a la lógica del 'te vas o te expulsamos', ni a una respuesta meramente punitiva frente a realidades humanas de gran fragilidad, y debe siempre respetar la dignidad de las personas y buscar caminos acordes con ella", compartieron en la declaración pública las exministras y exministros.
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