La indicación sustitutiva al artículo 8 del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, presentada por el Ejecutivo, ha generado cuestionamientos desde el mundo gremial y de especialistas en propiedad intelectual.
El texto modifica el artículo 71 T de la Ley sobre Propiedad Intelectual y autoriza, sin autorización ni remuneración al titular, la reproducción, adaptación, distribución o comunicación pública de obras lícitamente publicadas para fines de “extracción, comparación, clasificación, entrenamiento, desarrollo o despliegue de modelos de inteligencia artificial”.
Además, incorpora la creación de un Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual con un mínimo de UTM 70 mil anuales (más de US$ 5 millones), financiado con recursos del Tesoro Público, asignaciones de la Ley de Presupuestos y donaciones.
“Se agravan los vicios”
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazó la indicación y planteó que la propuesta “no corrige los vicios denunciados, sino que precisamente los agrava”. El gremio -mediante un comunicado de nueve puntos- sostuvo que la nueva redacción amplía la excepción al incorporar de forma explícita el entrenamiento de IA generativa.
La ANP también criticó la eliminación del mecanismo de opt-out o reserva de derechos, que sí contempla la Unión Europea, y que el reglamento sobre IA impone como condición a los modelos fundacionales en el mercado europeo. La indicación chilena “prescinde de todo mecanismo de reserva”, planteó, y llamó al Congreso a rechazar el artículo 8.
Rechazo desde la cultura
Cinco gremios del arte, cine y música -IFPI Chile, Academia de Cine de Chile, APCT, Egeda Chile e IMI Chile- también se declararon en contra la propuesta. En un comunicado, sostuvieron que el Ejecutivo “no solo no ha corregido esta grave afectación, sino que ha propuesto una excepción al derecho de autor ahora incluso más amplia”.
Calificaron como “paradojal” el fondo, al financiarse “principalmente con recursos públicos” y quedar “administrado exclusivamente por funcionarios ministeriales”, con exclusión de los titulares y de la sociedad civil.
“Una paradoja absurda”
La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) también rechazó la indicación. Para su director general, Juan Antonio Durán, el fondo “ni siquiera iría en favor de los creadores afectados, sino que a promover derechos que el mismo artículo permite vulnerar, lo cual es una paradoja absurda”. Llamó a “eliminar este artículo por completo del proyecto de ley, cuya intención declarada es la reconstrucción, algo que nada tiene que ver con propiedad intelectual”.“No mejora los problemas”
Consultado por DF, el abogado y socio de Santa Cruz y exdirector del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), Maximiliano Santa Cruz, sostuvo que “la nueva redacción no mejora los problemas del artículo original, el que sigue teniendo problemas técnicos importantes y límites difusos”.
Sobre el fondo planteó dudas: “Pareciera ser una compensación para los grupos supuestamente afectados por la minería de texto y datos, sin embargo, nada en él, salvo un par de párrafos confusos, sugiere que sea así”. Añadió que no conoce “algo parecido en la legislación comparada”.
También cuestionó a los beneficiarios. “¿Por qué habría que privilegiar un grupo generador de contenidos sobre otro?”, planteó.
Agregó que con la indicación “se pierde la oportunidad de contar con una excepción robusta que dé tranquilidad tanto a quienes generan contenidos como a quienes necesitan esos contenidos para entrenar una IA”.
Fallo en la Unión Europea refuerza el derecho de los editores a remuneración
En paralelo -y en el plano internacional-, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en la que valida que los Estados miembros del bloque puedan establecer el derecho de los editores de prensa a percibir una “remuneración justa” cuando autoricen a proveedores de servicios en línea, como Meta, a utilizar sus publicaciones. El fallo, originado en un litigio contra una decisión de la Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Italia, sostuvo que esa remuneración es compatible con el derecho de la UE, siempre que constituya una contraprestación por la autorización y los editores conserven la facultad de rechazar el uso o concederlo gratuitamente. Para el tribunal, el esquema equilibra la libertad de empresa con el derecho a la propiedad intelectual y al pluralismo informativo.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
gremios
