Reforma de Alta Dirección Pública contempla $ 170 millones por concepto de indemnizaciones

Por ángela Chávez Molina



El 1 de marzo pasado el gobierno ingresó al Congreso -para su tramitación- el proyecto de ley corta que apunta a perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). No obstante, la iniciativa que se discute por estos días en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, más bien apunta a hacerse cargo de lo que significó el cambio de gobierno el 11 de marzo de 2010, por lo que el impacto financiero incorpora montos para indemnizaciones.

El texto, al que tuvo acceso DF, señala que “tomando como base el comportamiento histórico desde la aplicación de ADP, se proyecta para el año 2011 un gasto incremental por concepto de indemnizaciones por un monto aproximado de $ 30 millones para cargos del I nivel y $ 136 millones para cargos del II nivel”. En el informe financiero también se consigna que “para 2012 se estima un incremento aproximado de $ 35 millones para cargos de I nivel y $ 121 millones para cargos de II nivel. Asimismo, para 2013 los mayores montos proyectados son $ 30 millones para cargos de I nivel y $ 146 millones para cargos de II nivel”.




Desvinculaciones


En lo medular, la iniciativa más conocida como la ley corta de la ADP y que apunta a abreviar los plazos, mejorar las indemnizaciones y acotar la capacidad de recurrir a directivos provisionales y transitorios en forma prolongada, busca cumplir el compromiso asumido por el gobierno -el año pasado- en medio de lo que fueron las miles de desvinculaciones que se produjeron en el aparato público, como consecuencia del cambio de coalición gobernante.

De hecho, al fundamentar los cambios que se proponen, en el documento que da pie al proyecto, el Ejecutivo sostiene que si bien “en estos 7 años, junto a los avances que el sistema ha representado, también se aprecian algunas deficiencias o falencias en el diseño original”, como la excesiva demora de algunos concursos, los vacíos en la conformación de nóminas que obligan a repetir los procedimientos y “temas evidenciados a partir de la asunción de una nueva administración el 11 de marzo de 2010”.

Además, precisa el texto, “entre el 11 de marzo y el 6 de diciembre de 2010, 49 directivos del primer nivel jerárquico y 148 directivos del segundo nivel fueron desvinculados, algunos por iniciativa propia o porque expiraron sus mandatos”.



Surgen críticas


La iniciativa que se debate con urgencia simple, no cumple con las expectativas de los senadores de la Concertación miembros de la Comisión de Hacienda, quienes ayer advirtieron que el texto no avanza en los temas de fondo como es la ampliación del sistema hacia otros servicios o lograr que éste goce de mayor independencia de los gobiernos de turno. Además, la propuesta del Ejecutivo también desconocería un acuerdo firmado en 2001 entre el gobierno de la época y los trabajadores de la ANEF, refrendado en 2003 por los entonces parlamentarios de oposición, hoy de gobierno.

Así lo hizo ver el presidente de los empleados fiscales, Raúl de la Puente, quien acusó al gobierno de “no consultar la opinión de los trabajadores para cambiar las reglas del juego e introducir ajustes al tercer nivel directivo, ampliando los concursos para llenar una vacancia más allá del servicio en cuestión con el argumento de generar más competencia”.

El punto fue recogido por el senador Camilo Escalona (PS), quien junto con advertir que el proyecto “está lejos de lo que esperábamos”, confirmó que “le hemos enviado esta documentación al ministro para que pueda ponderar los argumentos de la ANEF que me parecen razonables. Al sistema de ADP, sobre todo después de la oleada de despidos de 2010, le haría muy bien fortalecerse, sobre la vía de ampliarse y que la profesionalización fuera mayor”.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), sostuvo que la propuesta de La Moneda “dista mucho de ser un proyecto que vaya a modificar sustantivamente la ADP, en particular, en función de lo que vimos el año pasado cuando una nueva coalición de gobierno se echó al bolsillo a 8 mil funcionarios, entre ellos, varios elegidos por el sistema”. El senador Jovino Novoa (UDI) destacó que el proyecto “está bien orientado, y que el objetivo es hacer más eficaz el sistema acortando los plazos”.